Las pensiones en España PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carmen Cuellar   
Domingo, 29 de Enero de 2017 16:12

                     (De la presentación de Carmen Cuellar en el debate del viernes 27 de enero de 2017) 

 

0.- INTRODUCCIÓN

1.- EUROPA. EL ORIGEN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

2.- ESPAÑA. Inicios:

            .Perra gorda. Retiro Obrero

            .SOVI

            .LGSS

            .Última normativa          

3.- NATURALEZA

            .El Estado repartidor de rentas

            .El Estado asegurador de riesgos

                        -Seguro público

                        -Competencia mercantil con empresas

4.- CONTENIDO DEL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

            .Pensiones contributivas, asistenciales y privadas. Estructura del sistema

            .Clases de pensión y distribución

            .Cálculo. Elementos básicos:

                        -Base reguladora

                        -Porcentaje

            .Requisitos: Carencia y edad

            .Revalorización

            .Máximos y mínimos

            .Incompatibilidad

            .Fiscalidad: Rentas de trabajo

5.- FINANCIACION

             .Sistema de capitalización/Sistema de reparto

            .Cotizaciones. Tope base de cotización

            .Impuestos públicos. PGE y mínimos

            .Fondo de reserva (Hucha de las pensiones)

 6.- DEFICIT Y CAUSAS

             .Bajo empleo

            .Bajas cotizaciones. Falsos autónomos (“emprendedores”)

            .Exenciones y bonificaciones a empresas

            .Moratorias en el pago de cotizaciones

            .Fraude

            .Demografía. Envejecimiento de la población y baja tasa de nacimientos

 7.- SOLUCIONES

             .Inmediatas

.Ley de estabilidad. Previsiones: Edad. Base reguladora.  Revalorización. Sostenibilidad

             .Posibles

                        .Creación de empleo estable y salario digno

                        .Pacto de Toledo

.Reforma de algunas prestaciones derivadas: viudedad y orfandad

                        .Financiación con cargo a presupuestos

                                   -SOVI

         -Viudedad y orfandad. Peligros y ventajas

                                    -Revalorizaciones

                        .Retraso de la edad de acceso a la jubilación

.Ampliación de topes bases de cotización. Destope de pensión  máxima

                       .Complemento con Fondos (empresas) y Planes (particulares) de pensiones

                                    -Valores en los que se invierte

                                    -Fiscalidad

.Universalización del sistema de pensiones con cargo a presupuestos, como se hizo con Educación y Sanidad

                       .Reflexión final

           

0.- INTRODUCCIÓN

 

Los sistemas de pensiones se constituyen como una de las patas del Estado del Bienestar junto con el derecho a la Sanidad, la Enseñanza, la protección a la Dependencia, a la Maternidad y, en algunos países, al Trabajo, a una Vivienda digna y a Otros servicios. La extensión e intensidad de ese Bienestar varía de un país a otro (algunos dicen, con sorna pero con razón, que en España sólo tenemos Estado de Medioestar) pero la finalidad, al menos en Europa, es la misma: la protección de los ciudadanos frente a las contingencias que pueden poner en riesgo su calidad de vida en los aspectos más básicos , y la contribución al bienestar general

Hoy haremos un pequeño recorrido por la historia y los elementos más importantes de este tema.

            

1.- EL ORIGEN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN EUROPA.

 

Existen antecedentes tempranos en Inglaterra en 1601 (leyes de pobres) y en Francia (Estado providencia) pero, en definitiva, todos ellos se estructuran como beneficencia de ciertas instituciones, fundamentalmente privadas, para paliar los estragos de la miseria en amplísimas capas de la población, tanto rural como urbana.

En realidad es en la segunda mitad del siglo XIX cuando los movimientos obreros, frente a las condiciones miserables impuestas por la industrialización y la producción en cadena, presionan exigiendo escuelas, salario mínimo y otras mejoras en el trabajo. En 1884 en Alemania Bismarck, para evitar el ascenso de los partidos socialdemócratas y las protestas obreras, concede algunas reformas que favorezcan a las clase trabajadora como es la implantación de un seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades. Esta actitud se extiende rápidamente por Europa.

En el siglo XX, las crisis económicas liberales que se producen tras la 1ª Guerra Mundial inducen a los Estados a poner límites a los mercados que ponen en peligro a las instituciones. Son los propios partidos conservadores los que limitan el liberalismo económico y  propician una cierta intervención del Estado en la economía ante el temor de las demandas populares. En 1924 aparecen en Bruselas las primeras Cajas de Seguro de Enfermedad. Y es en Inglaterra, en plena 2ª Guerra Mundial, cuando el Informe Beveridge de 1942 sienta las bases del Estado de Bienestar bajo la presidencia de Harold McMillan, concibiéndose fundamentalmente como una fórmula de cohesión y paz social.

Por otra parte la industrialización y la producción a gran escala requería una expansión del consumo a escala similar y, para ello, era necesario aumentar esa capacidad consumista con salarios (en metálico o en especie)  que la permitieran. Además la fuerza de los Sindicatos y la negociación colectiva también influyen en el reconocimiento de derechos cada vez más amplios. En Francia es el gaullismo el que establece una fórmula de participación entre empresarios y trabajadores que desemboca en 1946 en un Sistema Nacional de Seguridad Social.

En 1945 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el art. 22 de la Declaración de los Derechos Humanos, reconoce que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social”.

En definitiva, fue una necesidad del sistema capitalista que inauguraba una nueva forma de producción y consumo lo que hizo posible el pacto que se estableció entre obreros, empresas y Estado. El poder obrero renuncia a exigir los medios de producción si el Estado garantiza empleo, salarios mínimos y servicios sociales, es decir, si interviene en la economía y redistribuye riqueza. Pura supervivencia para todas las partes implicadas.

 

2.- ESPAÑA.

 

En 1900 surge un incipiente seguro de Accidentes de trabajo, pero es con la creación en 1908 del I.N. de Previsión cuando se inicia un conato de protección mediante el establecimiento del Seguro de Vejez, de afiliación libre y voluntaria y gestionado mediante Cajas de seguros.

En 1919, ante la creciente conflictividad social, se crea el Retiro Obrero, ya con carácter obligatorio y que reconoce una pensión de 365 pts al año; es el seguro de la “perra gorda” porque se cotizaba 10 cms al mes y se cobraba de pensión 1 pta al día..

En 1931 la República recoge en el art. 46 de la Constitución el derecho a la previsión social y crea el Seguro de Paro Forzoso, una suerte de Desempleo. En 1936 se intenta reconocer el VIM (Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte) sostenido por patronos, Estado y trabajadores, pero la guerra civil impide su implantación.

En 1939 surgen seguros o Mutualidades independientes por ramas de producción: madera, papel, sidero, vidrio y cerámica… Hay Mutualidades más ricas y otras más pobres, con más o menos mutualistas e ingresos a repartir y , en consecuencia, pensiones más altas o más bajas.

En 1942 se crea el Seguro de Enfermedad.

En 1947 aparece el SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez). Todavía hoy se pagan estas pensiones.

En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social que establece un sistema general y cohesionado de protección (recuérdese que en Francia aparece en 1946). Desaparecen las Mutualidades como gestoras y se unifica el reconocimiento y cuantía de las prestaciones.

En 1966 se publica la Ley General de la Seguridad Social que entra en vigor en 1967. Integra todas las prestaciones y crea un auténtico sistema de protección social. Establece la edad de jubilación a los 65 años.

En 1978, el art. 41 de la Constitución reconoce que: ”los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Ese mismo año, tras los Pactos de la Moncloa, se publica la L.36/1978 de 16-11 que crea las distintas Entidades Gestoras: INSS,INSALUD, IMSERSO, ISM, TGSS, INEM para racionalizar la gestión de las prestaciones. En 1980 se crea la GISS para gestionar el pago de las prestaciones. En 1989 se inicia la informatización del reconocimiento de prestaciones por el INSS.

En 1985, la L.26/1985 de 31-7 amplía de 10 a 15 el número de años que hay que cotizar para alcanzar pensión; pasa la BR de 2 años a los 8 últimos; la revalorización se ajusta al IPC y no a la evolución de los salarios en el año.

En 1987 se regulan por primera vez los Fondos de pensiones privadas y se establecen incentivos fiscales para su contratación Es un inicio de privatización del sistema.

En 1995, con los Pactos de Toledo , los políticos intentan dejar al margen de intereses partidistas el Sistema de pensiones y para reforzar su solvencia se crea el Fondo de Reserva.

En 1997, la L. 24/1997, 15-7 amplía la BR de 8 a 15 años; pasa del 60% al 50% de la BR con 15 años cotizados

En 2011, con la L.27/2011 de 1 de agosto se congelan prácticamente las pensiones ( suben el 0,25%) al dejar de referenciarse con el IPC anual, si el sistema es deficitario; en caso contrario, si hay superávit la revalorización no podrá exceder del IPC + 0,25. Y se introduce ya el Factor de Sostenibilidad.

En 2013, la L.23/2013, de 23-12  establece la edad de jubilación a los 67 años en 2027; la BR se confeccionará con los últimos 25 años y no con 15 en 2022; el 100% de la pensión se alcanzará con 37 años cotizados en 2027.

En 2015, el RDL 8/2015, de 30-10 aprueba el nuevo texto refundido de la LGSS que entra en vigor el 2-1-2016.

Desde 1985 las medidas de reforma que se adoptan son cada vez más restrictivas, recortan cuantías y exigen condiciones mayores para reconocer las pensiones, tendiendo cada vez más a un sistema de capitalización


3.- NATURALEZA

 

Estado distribuidor de rentas

 

Como hemos visto el Estado de Bienestar se configura, fundamentalmente, como una fórmula pactada de reparto de rentas mediante prestaciones en especie o dinerarias, bien se establezcan éstas entre dos partes privadas (asalariados y empresarios) aunque avaladas por el Estado y referidas a un ámbito exclusivamente laboral, o bien directamente financiadas y gestionadas por  ese Estado cuando sus efectos alcanzan a toda la población, constituyendo así un sistema de protección social que presta determinados servicios con carácter universal: para todos los ciudadanos y financiado por todos los ciudadanos mediante el pago de impuestos, contribuyendo así al bienestar general. Digamos que es una versión del Estado protector.

 

Estado asegurador de riesgos

 

Pero hay que decir que existe otra visión también cierta y menos idílica: el Estado, en realidad, cuando dispensa esa protección se constituye en un Gran Asegurador de riesgos: contra la enfermedad mediante la sanidad pública, contra la ignorancia y el no poder acceder a un empleo por falta de formación manteniendo la educación pública, contra la discapacidad a través de la protección por dependencia, contra la falta de recursos en la vejez al acabar la vida laboral reconociendo las pensiones, contra emergencias de otro tipo dispensando  servicios sociales, etc.

Y es bajo esta perspectiva cuando surge la otra percepción del estado de bienestar: la mercantilista, la que promueve el liberalismo. Porque la cobertura de todas esas contingencias también es susceptible de aseguramiento, con la obtención de un lucro, por parte  del sector privado, sector que contempla al Estado como su gran competidor en el mercado ya que ostenta, si no el monopolio del sector, sí la posibilidad de hurtarle una gran parte del negocio al establecer la universalidad y gratuidad de sus prestaciones, aunque no la obligación de hacer uso de ellas.

Esta pelea por reducir todo lo público y arrancarle “clientela” es la que vivimos actualmente en el país a través de las privatizaciones masivas y la precarización de las prestaciones: hospitales, escuelas, dependencia, servicios y, en seguida, pensiones probablemente.

 

4.- CONTENIDO DEL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

 

Pensiones contributivas/asistenciales. Estructura del Sistema

 

Analizado el concepto de estado de bienestar como fórmula de reparto de rentas y centrándonos ya en el sistema de pensiones, digamos que éste en España se configura, en una parte importante aunque no en su totalidad, como un modelo que se establece entre dos partes pero que está intervenido por el Estado que se erige como avalista y gestor de esos servicios, y cuyo campo de aplicación abarca exclusivamente lo referente a las relaciones laborales

El sistema de pensiones en España tiene 3 niveles o modalidades, de las cuales dos son públicas y una privada

1.- Pensiones contributivas

2.- Pensiones asistenciales.

3.- Fondos y planes de pensiones privados

 

El nivel contributivo sigue un modelo estrictamente corporativo y no universal como otras patas del estado de bienestar: acoge solamente a los trabajadores y a algunos de sus causahabientes, no a otros grupos de población. La cuantía de la protección dispensada está directamente relacionada con lo que se haya contribuido al sistema y sus prestaciones se constituyen como un derecho legalmente reconocido y, por consiguiente, exigible. Se financia con aportaciones de empresarios y trabajadores fundamentalmente, lo administra el Estado a través de sus Entidades Gestoras y está garantizado por la Ley. Se constituye, pues, como un seguro estrictamente obligatorio, no voluntario, que genera derechos reconocidos por la ley, garantizados por el Estado y exigibles ante los tribunales.

El nivel asistencial es también público y otorga pensiones de jubilación e invalidez a personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente para causar una pensión. Se financia exclusivamente con cargo a Presupuestos Generales del Estado y en tanto haya partida prevista para ello, con una cuantía determinada y mientras aquélla dure. No es, por tanto, un derecho exigible, es un nivel secundario, cuasi residual y con prestaciones de baja intensidad y poco sostenidas en el tiempo.

Los fondos y planes de pensiones privados se conciertan por la empresa para sus trabajadores o se suscriben directamente entre particulares y aseguradoras mercantiles. Pero tienen riesgos importantes: si desaparece la empresa se esfuma el Fondo; si los Planes invierten en Bolsa en valores volátiles para obtener mayor rentabilidad pueden no ser seguros. Hay que tener en cuenta también la fiscalidad de estos productos.

 

Nos centramos en el nivel público de las pensiones contributivas. El sistema actual se estructura en una diversidad de Regímenes, según el tipo de actividad y relación de dependencia que tengan sus afiliados:

-Régimen General, para trabajadores por cuenta ajena de industria y       servicios. Abarca también a:

            -Sistema Especial de Empleados de Hogar

            -Sistema Especial de Agrarios cuenta ajena

            -Otros sistemas especiales (Artistas, Toreros, Futbolistas…)

-Régimen Especial de Autónomos o trabajadores por cuenta propia

            -Sistema Especial Agrarios cuenta propia

            - Escritores de Libros

-Régimen especial de la Minería del Carbón

-Régimen Especial de Trabajadores del Mar (lo gestiona el ISM)

 

Clases de pensión

 

. Nuestro sistema protege siempre de un riesgo fundamental: el de no poder obtener un salario para subsistir, bien sea por sufrir accidente o enfermedad que impida trabajar (incapacidad), bien porque por el mero transcurso del tiempo y por razones biológicas desaparece la capacidad laboral (vejez).

De acuerdo con los riesgos protegidos, se reconocen las siguientes prestaciones con carácter vitalicio o temporal (pensiones o subsidios):

 

Originarias: Las percibe el cotizante

            . Jubilación ( hay muchas modalidades ahora)

            . Incapacidad Laboral Transitoria o Temporal

            . Incapacidad Laboral Permanente

                        . Parcial

                        . Total

                        . Absoluta

                        . Gran Invalidez

Derivadas: Las percibe una persona vinculada al cotizante

            . Viudedad

            . Orfandad

            . Favor de Familiares

Otras: Actos terroristas

 

Distribución por tipos de pensión

 

En la nómina de Noviembre 2016 se pagaron 9.458.366 pensiones( 800.000 de ellas concurrentes) de las cuales el 61,05% (5.774.753) fueron de jubilación y el 24,95% (2.363.055) de viudedad, sin distinción de sexos. Las restantes pensiones se distribuyen así: el 9,95% (941.552 ) de Incapacidad Permanente; el 3,58% (338.723) de Orfandad; el 0,42% (40.109) de Favor de  Familiares. Como se puede ver la parte del león se la llevan las pensiones de jubilación con más de la mitad de la nómina, seguida de las de viudedad. Analizamos  la composición  de los pagos:

Pensiones de todas clases que por sí solas no llegan al mínimo legal y han de ser complementadas: 2.580.883 (27,29%); pensiones que alcanzan el importe mínimo (entre 600 y 800 euros al mes, según haya o no cónyuge a cargo y el causante sea mayor o menor de 65 años): 3.149.118 (33,29%). Total de pensiones con importe mínimo: 5.730.001, lo que supone el 60,58% del total de pensiones reconocidas y en vigor.

Pensiones con importe máximo (2.567,29 euros al mes): 232.643, lo que supone el 2,45% del total de pensiones reconocidas y en vigor. De ellas el 12,46% (28.994) corresponden a mujeres y el 87,54% (203.649) a hombres. Las mujeres siguen sin incorporarse al mercado laboral y, además, cobran menos, bien sea por su menor cualificación laboral, bien porque su trabajo está peor remunerado.

 Otro dato interesante en relación con las pensiones de viudedad. De los 2.363.055 de pensiones en vigor, el  92,45% (2.184.641) son de mujeres frente al 7,55% (178.414) de hombres. Una explicación es que hay menos mujeres  que trabajen y dejen pensión de viudedad a sus cónyuges al fallecer, pero las cuantías también son reveladoras: 931.280 pensiones de viudas tienen cuantía mínima frente a 12.991 pensiones de viudos.

Estas diferencias tan llamativas corresponden sólo a los conceptos parciales porque el número total de pensiones es muy similar entre ambos sexos, con una diferencia incluso a favor de las mujeres: 51,36% (4.858.156 ) de pensiones para ellas y  48,63% (4.600.036) de pensiones para ellos.

En cuanto al montante total de la nómina mensual hay que decir que asciende a 8.270,54 millones de euros que multiplicado por 14 pagas da la friolera de 135.448,93 millones de euros anuales. La Seguridad Social, sin duda alguna, es cara. Pero tiene sus propias fuentes de ingresos, como veremos.

 

Cálculo de las pensiones. Elementos básicos

 

La cuantificación de una pensión pivota sobre dos conceptos clave: la Base Reguladora y el Porcentaje. Veamos cómo funcionan en cada pensión

Las pensiones de Jubilación. La primera, la BR, se confecciona con una fórmula que toma la suma de las cotizaciones efectuadas por el trabajador durante los últimos 15 años, los dos últimos en su valor nominal y los trece primeros con su valor actualizado por los IPCs de cada año para evitar  unas bases muy erosionadas por las devaluaciones; la suma se divide por 210 que es el número de meses equivalente a los 15 años del numerador (14 meses de cotización al año) y el resultado es la BR sobre la que se aplicará el %. En definitiva viene a ser la media mensual de cotizaciones, actualizadas por el IPC, durante un determinado número de años Este elemento mide la intensidad del esfuerzo contributivo, en dinero, que cada trabajador ha aportado.

El segundo, el %, se determina según los años cotizados durante toda la vida laboral, aplicando una tabla que empieza con el 50%  sobre la BR a los 15 años de cotización y termina con el 100% de la BR a los 35 ó más años  cotizados. Este elemento mide  el mantenimiento de la aportación del trabajador a lo largo del tiempo.

Estos dos elementos ya han iniciado su periodo de transitoriedad y han sido ampliados en los meses correspondientes por la nueva normativa.

Las pensiones de jubilación no son obligatorias (aunque sí lo es la cotización) para los trabajadores, pero su obtención sí está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como tener 65 años de edad (ahora algunos meses más) aunque con excepciones por arriba y por abajo (jubilaciones anticipadas, demoradas…) y haber cotizado como mínimo 15 años (carencia genérica), y dos años dentro de los 15 últimos (carencia específica). También las restantes pensiones exigen requisitos

Las pensiones de Incapacidad conservan ese mismo esquema (96 meses divididos por 112 para la BR) pero en este caso el % aplicable no depende tanto de los años cotizados como de la gravedad de la incapacidad laboral diagnosticada y reconocida: parcial(tanto alzado), total (55%), absoluta(100%) o Gran Invalidez (150%). También influye en la cuantía el origen de la incapacidad: accidente o enfermedad común o de trabajo

Las pensiones llamadas derivadas ( las que cobran los beneficiarios de un causante fallecido) se construyen igual: una BR de acuerdo con lo cotizado por el causante (24 últimos meses dividido por 28) ,  y un % sobre ella que va desde el 52% (ahora el 60%) para la viudedad hasta el 20% para los hijos menores de 21 años o mayores con capacidad reducida.

 

Revalorización

 

Una vez causada la pensión, se aplican anualmente las revalorizaciones  correspondientes para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Hasta 2011 se aplicaba el IPC del año vencido y desde entonces se ha fijado en el 0,25% del importe de la pensión, desvinculándolo de esa referencia. Hasta el momento el poder adquisitivo se ha mantenido casi indemne porque el IPC ha sido negativo (no ha habido inflación sino deflación, mal que le pese al Gobierno)  pero este año se calcula que subirán los precios el 1,5 por lo que las pensiones verán mermada su capacidad adquisitiva.

 

Máximos y Mínimos

 

La cuantía final de las pensiones no puede sobrepasar una determinada cantidad ni ser inferior a otra, fijadas ambas anualmente por la Ley. Aunque se haya cotizado más tiempo y en mayor cuantía en el primer caso o menos en el segundo. Cuando esto ocurre se aplica el llamado tope máximo limitando la pensión más alta, o el complemento a mínimos que aumenta el importe de la más baja hasta la cantidad fijada legalmente para ese ejercicio.

 

Incompatibilidad

 

La percepción de una pensión de jubilación es incompatible con el desempeño de un trabajo por cuenta propia o ajena, lo que conllevaría la suspensión del cobro de aquélla. No obstante hay algunas fórmulas de compatibilidad con trabajos a tiempo parcial o de reducción de jornada disminuyendo la cuantía de la pensión percibida en proporción inversa a la jornada realizada. Desde 2013 existe la llamada Jubilación activa que compatibiliza la percepción de la pensión con la realización de trabajos en determinadas condiciones. La pensión de Incapacidad no impide ejercer un trabajo adecuado a la situación física del pensionista.

 

Fiscalidad

 

Las pensiones, a efectos fiscales, son consideradas rentas de trabajo por lo que están sometidas al IRPF y a sus retenciones, es decir, hay un retorno a las arcas estatales a través de la imposición fiscal, aunque no va directamente a la TGSS.

 

5.- FINANCIACION

 

Para financiar el pago de  las pensiones se pueden aplicar varias fórmulas. Las más habituales son los sistemas de capitalización y los de reparto, aunque existen fórmulas mixtas en distintos grados.

 El sistema de capitalización es el que sigue la técnica de las aseguradoras mercantiles: tanto se ha invertido, tanto se recupera de pensión, aplicando fórmulas de capitalización de esos activos.

El sistema de reparto es más distributivo y solidario entre generaciones. Las prestaciones no se pagan de acuerdo exclusivamente con lo aportado sino con la fórmula que marca la ley y con los fondos recaudados cada año por las cotizaciones de los trabajadores en activo. En España tenemos este último sistema y así, en nuestro ordenamiento, la Base de Cotización máxima es superior al importe máximo de pensión, el Complemento a mínimos sufraga las cuantías que no llegan a ese límite y el exceso de Base Reguladora o de años cotizados no se remunera con una cuantía superior de pensión. El problema de este sistema es que necesita trabajadores suficientes para pagar con sus cotizaciones  las pensiones de los pasivos.

Nuestras pensiones se financian en un 85% con las aportaciones de empresarios y trabajadores mediante la cotización por cuotas. Esta se realiza sobre unas bases de cotización que se establecen por tramos de acuerdo, más o menos, con el salario percibido. Sobre estas bases se aplica un 28,3% , correspondiendo el 23,6% a la empresa y el 4,7% restante al trabajador. No todo el salario cotiza: las cantidades que superen  el tope de base máxima de cotización (3.642 euros al mes en 2016) están libres de esa carga. CCOO calcula que si toda esa masa salarial excedente -que ellos cifran en 25.000 millones- cotizara se recaudarían unos 8.000 millones de euros anuales. El problema está en que entonces habría que destopar, lógicamente, el importe de la pensión máxima (2.567 euros al mes en 2016) para mantener la proporcionalidad entre lo cotizado y lo percibido, con lo que saldría del sistema una parte importante de lo así recaudado.

El resto de los ingresos de la TGSS corresponde a inversiones (reguladas por Ley, normalmente deuda pública y plazos fijos), ingresos patrimoniales (alquileres de edificios, solares, etc. que provienen de embargos) y aportaciones estatales (complemento a mínimos).

Las empresas suelen considerar su aportación a la SS como un impuesto obligatorio que grava sus ganancias. Es más una suerte de remuneración diferida la cual, si no se destinara a esa finalidad, debería pagar la empresa como parte del salario. En cualquier caso es una fórmula de redistribución.

 El Fondo de Reserva de la SS, conocido también como “Hucha de las Pensiones”, se crea a raíz del Pacto de Toledo con los excedentes de recaudación. Las reservas acumuladas hasta 2010 (unos 70.000. millones) han disminuido drásticamente hasta los 16.000. millones en 2017 . De ahí han salido las pagas extra de cada año y también dineros para bonificar y premiar a las empresas que creaban empleo en determinadas condiciones. Se vuelve así a utilizar de manera impropia los fondos de la SS como se hizo en etapas anteriores cuando se pagaban los mínimos con cargo a la TGSS (no es una prestación contributiva) y otras partidas presupuestarias en momentos de superávit. A partir de 1994 la SS se financia de manera independiente del Estado aunque no ha podido gestionarse mediante la Agencia Estatal  prevista desde hace casi 25 años que le hubiera dado la autonomía suficiente para actuar de manera similar a la AEAT. Parece que esta Agencia ya está creada por la Ley, pero no en marcha.

 

6.- DEFICIT Y CAUSAS

 

Actualmente las fuentes de financiación del Sistema son claramente insuficientes para cubrir sus necesidades. Analicemos los motivos más importantes:

 El desempleo es la principal causa de descapitalización del Sistema. Si no hay trabajadores no hay cotizaciones y el pilar fundamental de recaudación decae drásticamente. Se calcula que se necesitan las cotizaciones de  2 activos  para sostener a un pasivo y en estos momentos la tasa está sobre el 1,5. Por otra parte el INEM cotiza por los desempleados mientras abona la prestación o el subsidio, pero cuando salen del sistema de protección por desempleo por agotamiento del tiempo subsidiado ya nadie cotiza por ellos, salvo en el caso de mayores de 52 años. Muchas de sus cotizaciones se perderán porque no podrán causar pensión si no logran cubrir el período de carencia suficiente, aunque engrosarán los fondos del Sistema.

Bajas cotizaciones. Teniendo en cuenta el tipo de empleo que se crea ( a tiempo parcial por días, horas, etc.) y la desregulación de las condiciones  de trabajo que la Ley de Reforma Laboral ha introducido al orillar a los Sindicatos y la negociación colectiva, las cotizaciones que se hacen son ínfimas, no sólo en su cuantía sino en tiempo a computar para alcanzar los periodos mínimos de carencia que puedan abrir el  derecho a causar una pensión.

Por otra parte la conversión forzosa de miles de asalariados por cuenta ajena en falsos autónomos (los famosos “emprendedores” del Sr. Rajoy) significa que éstos son sus propios empresarios y, por consiguiente, corre de su cuenta la obligación de autoafiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y del pago de la totalidad de su cuota de cotización que es alta porque ellos pagan lo que antes pagaba su patrono. La consecuencia es que cotizan siempre por la Base mínima, lo que dará lugar a una pensión también de cuantía mínima. TRADE. Son contratos mercantiles, lo que permite al empresario eludir la obligación de cotizar.

Exenciones y bonificaciones en el pago de cuotas a grandes empresas: por contratar a determinados grupos de trabajadores como son los discapacitados, jóvenes, aprendices ( con salarios indecentes en muchos casos), mayores de 50 años, etc.

Ayudas en efectivo y subvenciones por ese mismo tipo de contrataciones, muchas de las cuales han salido, indebidamente, del Fondo de Reserva de la SS.

Moratorias en el pago de cuotas a grandes empresas: constructoras, clubs de fútbol, grandes industrias, navieras, cadenas comerciales… muchas de las cuales son grandes deudoras de la TGSS. Cuando se recauda por fin, a veces se sanciona con un recargo por mora y otras se condona ese recargo. No deja de ser una fórmula de financiación casi gratuita para esas empresas, más barata que un préstamo bancario.

Fraude muy extendido en el pago de cotizaciones y por el trabajo sumergido, cuya tasa se calcula en casi el 25%. Esta práctica tan generalizada perjudica a las arcas de la TGSS y hurta al trabajador la posibilidad de una pensión futura. No hay medios suficientes en la Inspección de Trabajo, ni seguramente voluntad en el Ministerio del ramo, para hacer frente a este fraude.

Demografía Envejecimiento de la población al aumentar la esperanza de vida. Cuando la pensión se causaba a los 60 años el jubilado podía disfrutarla quizá 10 años; ahora pueden devengarse durante unos 25 años. Por otra parte la tasa de natalidad es muy baja y las nuevas cohortes de jóvenes no son suficientes para  modificar la pirámide de población. La falta de trabajo retrasa la edad a la que se tienen los hijos y el nº de éstos.

 

7.- SOLUCIONES

 

Inmediatas

 

Con las Leyes 27/2011 y 23/2013 continúa el goteo de restricciones y recortes que se inició en 1985 sobre las pensiones.

Se modifican casi todos los parámetros de cálculo de las cuantías, y así se amplía la edad de jubilación paulatinamente ( un mes más cada año) hasta llegar a los 67 años en 2027, con un amplio periodo de transitoriedad. Se prevé también que la base reguladora, a partir de 2022, se calculará sobre lo cotizado durante los últimos 25 años en lugar de los últimos 15, como hasta ahora; incluso se habla de extenderla a toda la vida laboral. En 2027 para alcanzar el 100% de la prestación será necesario tener 37 años cotizados y no 35.

Se introduce el llamado Factor de Sostenibilidad que entrará en vigor en 2019 y no en 2027 como estaba previsto: se trata de aplicar, mediante cálculos actuariales, un determinado coeficiente en función con la previsión de esperanza de vida a los 67 años, cuando se causa la pensión; si la esperanza de vida sube un 5%, la cuantía de la pensión se reducirá en ese mismo 5%. Se trata de cubrir, con el cálculo de pensión global a cobrar por el pensionista durante toda su vida como pasivo, todos los años que previsiblemente va a vivir: si vive más años cobrará menos porque el montante global de pensión se repartirá durante un período más amplio de supervivencia: será un pensionista más pobre.

Se introduce también el Factor de Revalorización Anual (FRA), por el cual las pensiones sólo subirán si se incrementan o suben los ingresos del sistema por encima de la tasa de crecimiento del número de pensiones y tendrá siempre un techo y un suelo que no podrá sobrepasarse. Es una fórmula realmente complicada y casi ininteligible para los profanos.

Cuando estas medidas se implanten totalmente el Banco de España calcula que las pensiones se habrán recortado en un 5%; el Instituto de Actuarios de España cifra ese recorte en el 25%.

El ahorro previsto para el sistema con estas medidas es de unos 3.350 millones en 2017; 4.200 millones en 2018 y hasta 5.000 millones en 2019.

 

Posibles


A la espera de las conclusiones que presente el Pacto de Toledo, se estudian otras medidas que puedan garantizar a corto y medio plazo la sostenibilidad del gasto en este capítulo de las pensiones. Tales como

 

La creación de empleo estable en cantidad y calidad suficiente sería la medida más eficaz, pero con la actual Ley de Reforma Laboral eso no parece probable. Ni siquiera la subida del 8% del SMIP aprobado para este ejercicio 2017 es real, puesto que la Ley establece tal número de excepciones que tiene poca eficacia en la práctica inmediata: los Convenios Colectivos en vigor más allá de 1º de enero de 2017 seguirán rigiéndose por el SMIP de 2016; no se aplicará a las normas autonómicas y locales que usen este referente para fijar la cuantía de ciertas prestaciones o acceder a ayudas, beneficios o servicios públicos; tampoco a contratos  o pactos privados vigentes a la entrada en vigor de esta norma…

 

La financiación con cargo a PGE, bien mediante la imposición ordinaria bien mediante impuestos especiales, de algunas prestaciones es otra medida que se baraja. Podría afectar a las pensiones SOVI que son casi residuales, unas 360.000 y de poca cuantía (407 euros/mes)

 También podría alcanzar a las pensiones derivadas (2.741.984 pensiones reconocidas entre viudedad, orfandad y favor de familiares), lo que aliviaría el coste que debe pagar el INSS. No obstante esto supone riesgos tales como que al salir del sistema contributivo pasaran a ser consideradas, sin más, pensiones asistenciales  y perdieran su condición de ser exigibles como derecho; por otra parte se perdería la proporcionalidad entre lo abonado y el esfuerzo contributivo del causante que ahora se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión.

Yo creo que se podría estudiar una reforma de esas pensiones, especialmente la de viudedad que podría quedar, tras un período mínimo de cobro de 3/4 años o más en el caso de que hubiera cargas familiares, para aquéllos cónyuges sobrevivientes cuyos ingresos no superaran  cierta cantidad y para los mayores de cierta edad a la que ya no es probable encontrar un trabajo, pero ya no sería una pensión vitalicia para personas que tienen ingresos suficientes (I. Pantoja) y asegurados para toda la vida (funcionarios). La situación de estas personas no es la misma que cuando se creó la prestación: la muerte de un trabajador no significa que automáticamente su familia caiga en la miseria al desaparecer su única fuente de ingresos, porque muchas mujeres se han incorporado al mercado de trabajo y generan ingresos propios. Todo esto requeriría un estudio serio y cuidadoso para que nadie  se viera perjudicado.

Otra partida importante que podría salir de los impuestos estatales sería la de las revalorizaciones y que éstas se aplicaran como mínimo  de acuerdo con el IPC anual.

 

La ampliación de las bases de cotización es otra fórmula a tener en cuenta. Ya hemos dicho que CCOO calcula que por esta razón hay una masa salarial de unos 25.000 millones de euros anuales que no cotiza al Sistema por superar  el tope de B. Cot. Legal; si esa cantidad cotizara se calcula que se ingresarían anualmente unos 8.000 millones extra y la estimación de la CEOE sube hasta los 11.000 millones. Ahora bien, lo lógico es que si se cotiza por una base más amplia se reciba también una pensión superior acorde con lo cotizado, como ya hemos indicado.

 

El retraso en la edad de acceso a la jubilación es otra posible fórmula: cuanto más tarde se acceda a cobrar pensión, menos gravoso será para las arcas del Sistema que pagará durante menos años. Pero esto se liga, generalmente, con el hecho de que los mayores no dejan libres puestos de trabajo para que los ocupen los jóvenes que no encuentran empleo.

 

El complemento con la suscripción de Fondos y Planes de pensiones particulares es otro punto que se contempla con insistencia. Pero eso derivaría rápidamente en que las pensiones públicas acabarían reduciéndose a una cuantía básica y cada uno debería buscar el resto suscribiendo seguros privados que pueden acabar fracasando como tantas veces hemos visto y reduciendo a la nada los ahorros invertidos. Yo creo que esta propuesta es muy peligrosa y además una profecía muy fácil de cumplir: basta con reducir más todavía el nivel de las pensiones para empujar, por pura insuficiencia, a buscar la otra solución, y esto sí podría ser el certificado de defunción del Sistema. Es lo que se viene haciendo con otros sectores: si rebajo el nivel de calidad de la sanidad por listas de espera eternas y reducción de personal y medios hospitalarios, la población se tiene que pasar a las sociedades privadas; si reduzco el número de profesores y de centros escolares públicos y además digo que son muy malos e ineficaces, la gente se tendrá que ir a los concertados; si no doto de presupuesto a la ley de Dependencia, los ancianos y dependientes deberán acudir a residencias y establecimientos privados. La fórmula es sencilla y elemental: primero deterioro el servicio público y luego salvo la situación con la oferta privada.

 

La universalización del sistema de pensiones financiado con cargo a impuestos generales o específicos, lo mismo que se hizo con la sanidad y la educación, me parece otra opción a tener en cuenta aunque de ella se habla poco. Seguramente debería tener un nivel básico universal que se completara con la cuantía de lo aportado por los trabajadores como ahora y que no debería ser sustituido por el nivel privado; es decir, se haría manteniendo el nivel laboral, público y contributivo actual, sería obligatorio para el Estado y generaría derechos jurídicamente reconocidos a partir de una edad determinada. No es lo mismo que la renta básica o de inserción de la que ahora se discute.

 

Finalmente una reflexión más general y menos controlable a medio plazo:  la mecanización creciente y la robotización de muchas de las tareas productivas, así como el uso de las redes sociales por el sector servicios, aunque creen nuevos puestos de trabajo destruirán otros muchos, y la carga de trabajo disminuirá aunque se multiplique la producción y la riqueza. Habrá que buscar una fórmula, hoy inédita, de redistribución de esa riqueza entre la población.

                                

Carmen Cuellar

 
Las pensiones en España PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carmen Cuellar   
Martes, 24 de Enero de 2017 09:50

 Os invitamos al debate abierto sobre    

 

Las pensiones en España

 

Ponente:    Carmen Cuellar

 

Fecha: Viernes 27 de enero de 2017

Hora: 19,00

 

Lugar: Ateneo de Madrid (salón de la Cacharrería)

         Calle del Prado 21


Última actualización el Martes, 24 de Enero de 2017 09:54
 
Sociedad y laicismo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Juan Salas y Laureano Gómez   
Jueves, 17 de Noviembre de 2016 12:36

 Os invitamos al debate abierto sobre    

 

Sociedad y laicismo

 

(Debate sobre el laicismo en la sociedad española y en sus instituciones. Influencia de la Iglesia Católica)

 

Ponentes: Juan Salas y Laureano Gómez

 

Fecha: Viernes 25 de noviembre de 2016

Hora: 19,00

 

Lugar: Ateneo de Madrid (salón de la Cacharrería)

         Calle del Prado 21

 
EL HECHO DIFERENCIAL CATALÁN: LAS BASES HISTÓRICAS Y EL PROCESO ACTUAL. PDF Imprimir E-mail
Escrito por Enrique Guerra   
Miércoles, 02 de Noviembre de 2016 17:40
  1. BASES HISTÓRICAS: TRES MOMENTOS DECISIVOS.

1.- La Guerra de 1640.

El historiador J. H. Elliott afirma en su libro “La rebelión de los catalanes” que los reyes de la dinastía Habsburgo, los Austrias, fueron monarcas absolutos en Castilla pues así se lo permitían las leyes castellanas (especialmente tras la derrota de los Comuneros), mientras que en el reino de Aragón, dadas las competencias de las Cortes aragonesas, tan sólo llegaban a un poder que hoy, enmarcando aquella época histórica, llamaríamos constitucional. Al poder de las Cortes de Aragón (Aragón, Valencia y Cataluña) habría que añadir otras instituciones, como Las Diputaciones y las Audiencias, que mermaban aún más el poder real absoluto.

La monarquía española estaba compuesta, pues, como es de conocimiento común, de Estados diversos bajo un mismo rey, pero bastante diferentes en sus leyes, costumbres políticas, idioma y formas de vida. No eran naciones, concepto y realidad mucho más moderna, sino estados, mal hilvanados entre sí y de una notable diversidad.

En la lógica del deseado poder absoluto al que la monarquía tendía, tal diversidad era una pesadilla. Enfrentarse a las exigencias de las Cortes de unos y otros territorios era casi un trauma para el rey de turno, sus ministros y su clase nobiliaria, por lo que los espacios temporales de convocatoria fueron alargándose muy notablemente en el tiempo.

En ese intento de recorte de derechos de los súbditos en favor del absolutismo real Felipe II ya dio un primer paso tras el episodio de su secretario Antonio Pérez y la revuelta de Aragón, ejecutando al Justicia, en un intento de escarmiento y aviso para quienes osaren enfrentarse al creciente poder real. Pero fue lo suficientemente prudente para no recortar sino en elementos muy concretos los fueros aragoneses, aunque la introducción de un ejército desde Castilla para acabar con la rebelión aragonesa era ya un precedente histórico de los que por desgracia sería, glosando a Goya, “tristes presentimientos de lo que ha de acontecer” en nuestra historia común.

Fue el Conde Duque de Olivares, gran valido de Felipe IV y partidario de una política belicosa para defender el poder europeo de la monarquía quien, necesitando dinero para sus proyectos, intenta someter a todos los reinos peninsulares a unas mismas leyes, las de Castilla, que daban al rey poder absoluto. Es suficientemente conocido su célebre texto, aconsejando a Felipe IV que no se contente con ser rey de Castilla, de Aragón, etc, sino de una España sobre la que tendría poder absoluto con tales leyes.

Su excusa fue la creación de la Unión de Armas, en la que estarían todos, colaborando- pagando- en el mantenimiento de un ejército y una administración general. La guerra con Francia, en el marco de la Guerra de los Treinta Años, le permite poner un ejército en la frontera catalana con el reino francés y exigir el reclutamiento de soldados catalanes, a lo que la Generalitat se niega. Así pone en marcha su célebre trampa, recomendada abiertamente al rey: Crear intencionadamente disturbios por parte de la tropa que provoquen a los catalanes a reaccionar en contra y con ese pretexto introducir un ejército “pacificador”.

De sobra conocido es el desastre que esta política produjo: Estallido de las clases más modestas (artesanos, campesinos) con una insurrección que comienza en Girona y tiene su momento álgido en el Corpus de Sangre o jornada protagonizada por “els segadors”, irrupción del ejército como estaba programado, apoyo incluso de la nobleza a la insurrección popular catalana, retirando el apoyo que hasta entonces habían dado al rey; hasta el virrey morirá a manos de los insurrectos. Se proclama la república catalana, apoyada por Francia, bajo cuya protección han de ponerse los insurrectos catalanes. Cataluña se separa, pues, de la monarquía española. Pero Luis XIII de Francia no fue, precisamente, un benefactor de los catalanes. En 1652 Cataluña vuelve a integrarse en la monarquía española. Durante doce años los catalanes habían dejado de ser súbditos del rey de España: La torpeza política del Conde Duque y su radical entorno nobiliario castellano habían llevado a una revolución política dirigida por la Generalitat, contando con la interesada protección francesa.

La insurrección, víctima del entendimiento final entre dos monarcas autoritarios, termina, pues, fracasando. Es la primera gran frustración catalana. Con Carlos II, no obstante, se vuelve al “foralismo”.

2.- la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta.

El escenario ahora, a principios del siglo XVIII, es la guerra europea por la sucesión del trono de España. El Archiduque Carlos, heredero frustrado de la corona española, se ve apoyado por aquellos territorios de la monarquía que mantienen aún fueron específicos y que había prometido mantener. Cataluña es el último territorio que resistirá frente a nueva dinastía Borbón, que viene a España con el absolutismo de Luis XIV bajo el brazo. En 1707, con los cambios militares y políticos que se producen en Europa que llevan a la paz de Utrecht, holandeses y austriacos proponen al Felipe V de España que prometa a los catalanes el mantenimiento de sus instituciones, pero éste se niega rotundamente. Barcelona tendrá que ser tomada al asalto el 11/09/1714, ante la tenaz resistencia de sus habitantes al ejército real. La represión física y los incendios de la ciudad son un precedente de lo que volverá a vivirse en 1939.

Por el Decreto de Nueva Planta de 1716, que culmina todo un proceso de centralización que ya había tocado a Aragón y Valencia, desaparecen los fueros, las Cortes,y otras instituciones características; se elimina el catalán implantando el castellano como único idioma de la nueva Administración, se incrementan los impuestos. En contrpartida, el mercado americano se abre para los no castellanos, lo que facilitará la recuperación económica y el auge catalán en los siglos siguientes.

3.- Hacia el nacionalismo contemporáneo.

Las guerras napoleónicas dieron lugar en toda Europa, ante la agresión imperial, a la toma de conciencia por varios pueblos de lo que la Revolución Francesa había entendido por nación: La voluntad libremente expresada de vivir bajo normas comunes a todos los habitantes de un territorio concreto y bajo un gobierno representativo de esa voluntad. La soberanía, pues, reside en ese derecho del pueblo a darse sus normas frente a cualquier intento autoritario, dentro del territorio o desde su exterior de imponer su propia voluntad.

En España, los liberales que consiguen aprobar la Constitución de 1812 basan la soberanía de la nación precisamente en la lucha popular contra Napoleón a pesar de los acuerdos, cocinados por las clases privilegiadas, de entregar el poder a José I Bonaparte.

La Constitución del 12 organiza el nuevo Estado español siguiendo el centralismo heredado y ahora inspirado y reforzado por la influencia del jacobinismo francés, silenciando el viejo mundo de los fueros y demás elementos autónomos que históricamente caracterizaban a los diversos estados de la monarquía española. A la muerte del rey Fernando VII la reivindicación de estos fueros será bandera del carlismo junto con la reivindicación del poder absolutista, ya superado por una burguesía liberal que mantendrá el modelo de la Constitución del 12.

Ante el mantenimiento del centralismo político, en manos de los moderados desde la época de Isabel II, la pujante burguesía catalana, puesta a la cabeza del desarrollo económico desde el siglo XVIII, toma conciencia de su diversidad frente al poder establecido en Madrid, fundamentalmente de origen agrario y con intereses que cada vez más divergen del empuje económico y cultural de Cataluña. La burguesía catalana lleva a cabo la recuperación cultural de su tierra, la riqueza de su literatura, de su lengua y del renacer cultural y lingüístico, que le da conciencia de su personalidad específica, naciendo desde estas premisas planteamientos políticos reivindicativos del “hecho diferencial” catalán. La revolución de 1868 y la cota de libertad alcanzada en ella permitirán la concreción de una alternativa política para todo el Estado frente al centralismo impuesto: El federalismo, propiciado por Pi y Margall y base de la I República de 1873, que no tuvo tiempo ni de redactar una constitución para un Estado federal, a causa del golpe de estado restauracionista del general Martínez Campos, previamente abonado el campo por la política de Cánovas del Castillo.

Los programas restauracionistas facilitarán el desarrollo de un regionalismo catalán reivindicativo que terminará desembocando en un auténtico nacionalismo: Es decir, en la afirmación de la existencia histórica de una nación catalana, diversa del resto del Estado, que exige se reconozca su realidad y personalidad histórica.

Se trata, en principio, de un movimiento substancialmente burgués, propiciado por esa rica burguesía industrial a la antes se hacía referencia. Es un movimiento conservador con todos los tintes del nacionalismo que aparece por toda Europa en esos años: Lengua, cultura, costumbres, viejas leyes…y exigencia de autonomía para gestionar su riqueza frente a la oligarquía cerealística bien afincada en los gobiernos madrileños.

Una muestra de estas divergencias es el debate y las reivindicaciones en torno al nuevo Codígo Civil entre 1881 y 1889: Frente al sentido unificador jurídico, que arraiga en la Constitución del 12, la burguesía urbana catalana, los propietarios agrícolas y los rabasaires propugnan un foralismo, defendido por figuras como Durán i Bas, y que fracasa en el definitivo Código de 1889: Otro fracasode las aspiraciones catalanistas.

En este marco nacen las conocidas Bases de Manresa (1892), cuyo principal inspirador fue uno de los “padres” del nacionalismo catalán: Prat de la Riba. En ellas se plantea un poder para Cataluña hasta entonces desconocido, proponiendo una nueva organización del Estado español. Varios personajes, como Almirall y su Centre Catalá avivan esta creciente

Reivindicación de la realidad y el “hecho diferencial” catalán.

4.- El 98 y sus consecuencias.

La buena marcha de la economía catalana, favorecida por el proteccionismo de 1891, reflejado en el dominio del mercado americano e interior español (recuérdese la figura omnipresente del viajante de comercio catalán) se arruina con el desastre y la pérdida de las últimas colonias: Se pierde un gran mercado.

Los burgueses catalanes culpan de ello a la torpe política de los representantes del sistema de la Restauración. Es un paso decisivo, pues ello favorece el paso de un regionalismo burgués con visos más o menos nacionalistas a un definitivo nacionalismo, ya entrevisto en las Bases de Manresa (que obviamente habían sido desatendidas) y afincado tras el estrepitoso fracaso de una política regeneracionista, que se disolvió en los célebres Presupuestos del ministro Fernández Villaverde y en la presión militar creciente que en modo alguno quiere ver reducida su asignación presupuestaria.

Desde 1901 Cataluña se comporta políticamente de forma diversa a la del resto del Estado. La clase política catalana rompe con el sistema bipartidista de la Restauración a través de:

  • La Lliga Regionalista, que agrupa a los grandes industriales y financieros;

  • La vertiente republicana -burguesías medias, artesanos, intelectuales- organizada en varios grupos que terminarán convergiendo en Esquerra Republicana de Cataluña en 1931;

  • el lerrouxismo, tildado enseguida de seguidor de la causa centralista

  • El anarquismo, pujante y creciente entre la clase trabajadora.

En 1905 la Solidaridad Catalana logra unir a todas las tendencias catalanistas de cara a las elecciones: Desde los carlistas a la Lliga, pasando por los republicanos y los federales, consiguiendo un gran triunfo electoral en 1907 (41 diputados de los 44 correspondientes a Cataluña). Cambó y Prat de la Riba habían sido los muñidores de esta unión. Prat había escrito en 1906 “La Nacionalidad Catalana”, donde proclama la preparación de la burguesía para el autogobierno de Cataluña.

Ante tal cúmulo de reivindicaciones, triunfos electorales, protestas y afirmaciones de catalanidad ¿qué hace el Gobierno de Madrid, qué decisiones, iniciativas, propuestas plantea? Pues simplemente calla y “deja pasar”, o responde con la antidemocrática Ley de Jurisdicciones, que fue en realidad una ley contra la libertad de expresión, especialmente pensada contra el nacionalismo y llevada a cabo a causa de las fuertes presiones militares.

En 1909 la Semana Trágica se convierte en la expresión violenta de las varias tensiones acumuladas contra los gobiernos restauracionistas. Al menos Maura tuvo que dejar el gobierno.

Canalejas, en un necesario acercamiento a la tozuda realidad de uno de los graves temas de la organización del Estado crea la Mancomunidad, dotada de ciertos poderes descentralizadores y embrión de un gobierno autonómico para Cataluña. La violenta muerte de este liberal y el retraso en la aplicación de la norma, en 1914, con todo tipo de dificultades y zancadillas políticas, desemboca en una de las tres patas de la crisis de 1917, en plena guerra europea: La Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, con participación de los diputados catalanes y presencia de otras personalidades (como representantes del PSOE, pero sin intervenir en el debate). La Asamblea, ante la grave situación que atraviesa el país exige Cortes Constituyentes, descentralización política y administrativa, organización del Estado y democratización de la sociedad. La respuesta del gobierno de Madrid, encerrado en su mutismo -gobernaba el partido conservador- fue la detención o, más bien, la comedia de una detención simulada y el rechazo de las propuestas.

El fracaso de la Asamblea reformista deja definitivamente abierta la vía revolucionaria

De la huelga general que estallará enseguida. Frente a ella se sitúa inmediatamente por supuesto el gobierno, los militares y la alta burguesía catalana, asustada por las posibles consecuencias para sus intereses. El auge del movimiento obrero y los constantes atentados contra personas ligadas a esta alta clase social echan a esta burguesía en brazos del golpismo de Primo de Rivera.

El nacionalismo catalán pasa entonces, definitivamente, a aquellos sectores de la burguesía media y artesanal y al campesinado, que ven como solución una república democrática nacionalista, que va organizándose en varios grupos: Federació Nacionalista de Macià, Acció Catalana, Unió Socialista de Catalunya. Todo ellos cristaliza en Esquerra Republicana en 1931, como ya se ha citado.

5.- Cataluña y la II República.

La historia de los sucedido a partir de abril de 1931 ya es suficientemente conocido: Macià se adelanta en la proclamación de una república catalana, volviendo la corriente a su cauce con la asunción inmediata por parte del nuevo gobierno del Estado del “hecho diferencial”: La aprobación del Estatuto de Cataluña de 1932, que confería de hecho a los catalanes de un amplio autogobierno. Hay que añadir que la derecha política española se mostró enérgicamente en contra, tachando de separatismo (separatismo, separatista, son términos que aún se usan) todo lo que tuviese relación con exigencias de descentralización y autogobierno. La ceguera histórica de esta derecha histórica en tales temas llega hasta hoy y parece incapaz de quitarse la venda. Por supuesto, votó contra el estatuto, y contribuyó con su actitud a crear el mito del catalán egoísta, únicamente interesado en su dinero y en la intransigencia de la defensa de un idioma, el catalán, que algunos consideran poco menos que un insulto lanzado contra el español, “idioma universal”.

La crisis de 1934 y la posición de la Generalitat dio pie, de nuevo, al gobierno conservador del momento, a suspender el estatuto e incluso encarcelar a los dirigentes políticos.

Para terminar este recorrido histórico cabe señalar que el franquismo no sólo reprimió a las personas y las instituciones catalanas, que quedaron arrasadas, así como el idioma, sino que educó a todas las generaciones jóvenes en un nacionalismo españolista que condenaba cualquier disidencia frente al centralismo sobredimensionado, manipulando la Historia y sumiendo a millones de ciudadanos españoles en la ignorancia de la realidad secular y en verdadero origen de un Estado plural que llamamos España.

  1. ELEMENTOS PARA EL DEBATE.

Se ha hecho este recorrido histórico para demostrar que lo que hoy conocemos como nacionalismo tiene unas sólidas raíces en nuestra historia común y que por desgracia el poder central a lo largo de los siglos, bien detentado por monarcas absolutos o que querían serlo, o por una oligarquía de marcado carácter rural, encerrada en la defensa de sus intereses incluso contra el progreso general contemporáneo, han impedido un acuerdo definitivo entre las diversas comunidades, que no dudo en llamar naciones, de un Estado por supuesto mal “hilvanado” a lo largo de una historia común, aunque no tan común como algunos quieren, pues en muchos casos ha sido sobreimpuesta; no sólo a los catalanes, sino también a los propios castellanos (recuérdense las Comunidades de Castilla y su secular represión). Nada hay peor que olvidar la Historia o inventarla a beneficio de quien la manipula.

Para elaborar este resumen he utilizado documentos originales: El Memorial del Conde Duque de Olivares, El Decreto de Nueva Planta de 1916, Las Bases de Manresa, las actas de Las Cortes del primer tercio del siglo XX, Las Nacionalidades de Pi i Margall, La Nacionalidad Catalana de Prat de la Riba, el volumen VIII de la Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara: Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923); el volumen 6 de la Historia de España dirigida por M. Artola: Restauración y crisis de la monarquía (1874-1931), debido a Miguel Martínez Cuadrado; el Estatuto de Cataluña de 1932 el Estatuto reformado de 2006, así como el recurso planteado por el PP y el fallo del Tribunal Constitucional de 2010.

He preferido prescindir de exponer toda esta bibliografía y las fuentes citadas y lo expongo aquí directamente para no dar a esta exposición un carácter demasiado formal.



El Estatuto catalán actual, reformado en 2006, habría sido un excelente cauce para llegar a aguas tranquilas entre catalanes y el resto del Estado. La intransigencia de la derecha del PP no fue capaz de asimilar ni siquiera la aparición de la palabra “nación” en el preámbulo, y plasmó el recurso que todos conocemos. La razón que le dio el Tribunal Constitucional en algunos puntos – entre otros en lo referente al término “nación”- está, al parecer de muchos, en el origen del actual “procés”, avivando de nuevo, ahora de forma más intensa, el viejo contencioso, cuya solución el gobierno de Zapatero, con la reforma estatutaria, había de nuevo encarrilado.

El más del 48% que un nacionalismo independentista ha conseguido y la reivindicación de un referéndum, unido a la decisión mayoritaria del Parlament catalán de poner en marcha el proceso independentista nos sitúa ante una realidad frente a la que no vale ocultar la cabeza en plan avestruz, echar mano del poder judicial o encerrarse en la Constitución de 1978, magnñifica para la situación de aquel año y siguientes, pero quizá envejecida para la sociedad actual y su complejidad.

Mi reflexión personal me lleva a varias consideraciones:

1.- La derecha española, de nuevo en el poder, infectada de nacionalismo españolista, nunca va a ser capaz de perfilar una solución para el problema catalán. Ni lo ha hecho en el pasado ni lo va hacer ahora. El paso a una nueva organización del Estado, tan necesaria, sólo podrá darlo una izquierda que, partiendo de una profunda convicción democrática y de respeto a los elementos diferenciales de los territorios que componen el Estado español, esté dispuesta a abordar, con visión y mucha pedagogía actual, la solución de histórico.

2.- Para ello habrá que dejar en segundo término los manidos recursos a a la vieja concepción de la unidad de España, frase de claras resonancias franquistas, unidad impuestas por las armas y la represión en 1939 y mantenida en la actual constitución- seamos sinceros- por el miedo a las reacciones de los poderes fácticos. Habría que definir primero muy bien qué entendemos hoy, unos y otros, por España.

3.- La reforma de la Constitución del 78 es el paso previo si se quieren buscar y dar soluciones. El PSOE tiene que tomar valientemente la bandera de esta necesidad, bandera que otras fuerzas le quitarían de las manos en caso contrario. Su fuerza secular, su arraigo profundo en amplias capas dela sociedad española y su capacidad de equilibrio tantas veces demostrado así lo aconsejan.

4.- El PSOE ya ha propuesto la creación de una España federal como solución. Teóricamente es lo más deseable, pero falta pedagogía para convencer que el federalismo es algo más que el actual Estado de las Autonomías: ¿Sabe el conjunto del partido en qué consiste un Estado Federal español y cómo se articularía? ¿Lo sabe la sociedad española? ¿Alguien lo ha debatido y explicado?.

5.- El PSOE debe abordar la búsqueda de soluciones:

5.1. Defendiendo los intereses de las clases medias y trabajadoras, esencia de su ser político, eliminando de su lenguaje la retórica patriotera y un tanto populista que todavía se oye a veces entre sus filas.

5.2.- Reconociendo el derecho democrático de expresión de las afinidades políticas y estatales de cada ciudadano. Esto es, no rechazando el referéndum propuesto por las fuerzas independentistas de Cataluña, sino buscando un acuerdo para celebrarle en las mejores condiciones para todos. Es la única forma de conocer la actual realidad. El ejemplo de lo pactado en otros países, como Canadá (el caso de Quebec) o el Reino Unido ( a pesar de sus claras diferencias) puede facilitar tal acuerdo entre partes.

5.3.- Poniendo sobre la mesa, sin miedo, todos los principios aludidos: la soberanía, los recursos económicos, las relaciones entre las diversas naciones del Estado, las relaciones con la Unión Europea, etc.

Finalmente: El PSOE DEBE TOMAR LA INICIATIVA, lo que significaría un avance político de primer orden, haciendo propuestas concretas y realistas a los nacionalistas catalanes. Si esto se consigue y se desemboca en consensos y realidades fruto de la comprensión el espíritu democrático, todos, unos y otros, saldríamos ganando.




 
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Escrito por Administrador   
Lunes, 24 de Octubre de 2016 14:08

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Los nacionalismos y la posible reforma federal del Estado

 

Ponente: Enrique Guerra

 

 

 

Fecha: Viernes 28 de octubre de 2016

Hora: 19,00

 

Lugar: Ateneo de Madrid (salón de la Cacharrería)

         Calle del Prado 21


Última actualización el Lunes, 24 de Octubre de 2016 14:11
 
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