Titulo: Diez preguntas para el ministro Wert

Fecha: Noviembre de 2012

Autor: Colectivo Lorenzo Luzuriaga

DOCUMENTO sobre la L.O.M.C.E.

 El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado el anteproyecto de una nueva ley de educación, la número 11 de las promulgadas desde 1980(1). Sin embargo, no es una nueva ley lo que la sociedad española está demandando sino políticas que mejoren la educación, políticas que se pacten con la comunidad escolar, con las fuerzas sociales y con los partidos políticos para dar sostenibilidad y permanencia a las reformas. No obstante, si se estimara que algunas políticas de mejora exigirían modificar por ley determinados aspectos, y no se quiere que se comience a pensar ya en la duodécima ley, sería necesario un gran acuerdo, como en el que en su día propuso el ministro Gabilondo, que permitiera mantener la arquitectura del sistema educativo durante un amplio periodo de tiempo (las reformas educativas sólo son fecundas si los gobiernos sucesivos las mantienen y las refuerzan). En todo caso, parece que, siendo tantas las leyes promulgadas durante la democracia, la propuesta de otra norma de ese rango debería ir precedida de un riguroso diagnóstico de la situación de nuestro sistema educativo –lo que no se ha producido- y de una consulta expresa a los representantes de la comunidad educativa. Hasta el momento no se cuenta ni con un diagnóstico serio ni con el consenso de la comunidad escolar -por mucho que se afirme en el preámbulo (2) de manera un tanto cínica-, y, mucho nos tememos, que se efectúe también sin acuerdo parlamentario.

Si a todo ello se le añade el momento en el que se presenta la ley, quizá el peor de los posibles, con una España en crisis económica y social, y con un Gobierno que sustenta toda su actuación política en los recortes presupuestarios, especialmente en educación, no parece que estemos ante la coyuntura más adecuada para la tramitación de la nueva ley ni para suscitar acuerdos, algo sumamente necesario si se quiere una implantación serena, fructífera y responsable y, como dice el preámbulo, sostenible en el tiempo.

Por otra parte, la propuesta de una nueva ley debería ir dirigida a mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos, la formación y condiciones de trabajo del profesorado y a asegurar a los padres la mejor educación para sus hijos independientemente del centro en que los escolaricen. Tampoco parece que sean estos los fines que persigue la norma, dados los obstáculos y barreras que se van a aplicar a los estudiantes, el claro empeoramiento de la situación de los profesores y la intranquilidad que le va a suponer a los padres las grandes

diferencias que pueden establecerse entre los centros. En suma, la nueva ley parece proponer un modelo educativo basado en la selección, la segregación y la desigualdad, que son justamente las características que los estudios internacionales nunca han señalado como rasgos esenciales del sistema educativo español.

Aunque es propósito del Colectivo Lorenzo Luzuriaga realizar un documento más extenso cuando el anteproyecto sea un proyecto debatido en el Congreso de los Diputados, como muestra de una grave preocupación por la orientación del mismo, y aun reconociendo la inoportunidad de la norma, dirigimos, no obstante, al Gobierno y, en su nombre, al ministro Wert, las siguientes preguntas:

1 ¿Cómo se puede afirmar que esta reforma educativa no es ideológica (3) cuando se constata que es un proyecto agresivamente ideológico?

De la lectura del preámbulo de la ley y de su articulado surgen múltiples motivos para la preocupación que está ya aflorando en el alumnado, personal docente, padres y madres de alumnos, agentes sociales y fuerzas políticas, ya que parece que se propone más un modelo laboral que un modelo educativo. No hace falta nada más que leer las primeras palabras del texto (4) para darse cuenta de en qué terreno nos encontramos. Se concibe un sistema educativo basado más en la competitividad que en la competencia; en el mercado, más que en el conocimiento; en el empleo, y no tanto en el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos (como dice el artículo 27.2 de la Constitución). Se restringe, sin duda, la capacidad integradora de la escuela, generando una sociedad más desigual y, seguramente, más iletrada.

2 ¿Cómo confiar en un ministro que lleva un año subvirtiendo sistemáticamente el lenguaje, afirmando lo contrario de lo que las palabras significan y tratando de convencer a la sociedad de la bondad de su propuesta claramente ideológica?

No ha pasado inadvertido a la opinión pública el lenguaje orwelliano del ministro Wert, la manipulación semántica de conceptos, ideas y valores básicos que, de acuerdo con el pensamiento neoconservador, están siendo tergiversados: los recortes son reformas; la segregación por sexos es educación diferenciada; los colegios concertados son centros de iniciativa social; el aumento de las ratios mejora la socialización o, mejor, el número de alumnos por clase no aumenta se flexibiliza; la subida de las tasas universitarias y la disminución de las becas fomentan la excelencia; la educación de ciudadanos es adoctrinamiento; endurecer el régimen de becas promueve el esfuerzo; empeorar las condiciones de trabajo del profesorado mejora la enseñanza; la educación es un gasto, no una inversión; el esfuerzo inversor de la última década no ha mejorado la educación, sino que es un dispendio; los problemas de la educación no son de inversión sino de eficiencia, etc., etc.

3 ¿De qué calidad se habla cuando se dice que esta ley se promulga para mejorar la calidad de la educación?

Aunque la calidad no es un término unívoco, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y desde luego en la Constitución de 1978, la calidad se entiende en función del cumplimiento de los fines asignados a la educación, es decir, habrá calidad cuando se logre el pleno desarrollo de la personalidad del educando, lo que en expresión usual se identifica con la formación integral. No es esta la calidad que impregna el proyecto Wert que, en su preámbulo, asigna a la educación el papel de promover “la competitividad de la economía”, preparando al alumnado para el mercado de trabajo. De los otros fines, relacionados con “el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, como dice la Constitución, no hay ni sombra en el proyecto: de la formación para la ciudadanía apenas queda nada en la ley ya que ha sido suprimida de varias etapas educativas y lo que subsiste está sumamente alejado de la formación cívica.

Por otra parte, los estudios internacionales a los que tan aficionado es el ministro Wert no sólo no apoyan sino que descalifican el proyecto, tal y como por ejemplo señala un reciente estudio de la OCDE, de febrero de 2012, donde se dice expresamente que la calidad se hace realidad cuando se despliega la potencialidad educativa de la persona y se logra la inclusión social. El informe de la OCDE a este respecto es taxativo: “Equidad en educación significa que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los antecedentes familiares, no obstaculicen el logro del potencial educativo (justicia) y que todos los individuos alcancen al menos un nivel mínimo de competencias (inclusión) (5), señalando, por otra parte, en el resumen introductorio, que “la falta de equidad e inclusión puede llevar al fracaso escolar” (6).

Poco o nada hay de equidad en un proyecto obsesionado por la competitividad y por la productividad, propias de una visión economicista de la educación.

4 ¿Cómo se puede decir que el principal objetivo para mejorar la calidad es atender a los resultados de los alumnos (output) y no al nivel de la inversión (input), disociando ambos términos?

El ministro Wert que se está revelando como un aventajado alumno en el uso del lenguaje, presenta una verdad a medias: es cierto que más inversión puede no producir más calidad de educación, pero sólo cuando el país ha alcanzado ya un determinado nivel de inversión que nosotros no hemos logrado todavía, sobre todo si tomamos como referencia a los mejores sistemas educativos de Europa. Olvida el ministro que estos sistemas, con los que queremos compararnos, invierten, desde hace muchos lustros, entre un 6% y un 7% del PIB en educación.

Según las últimas estimaciones solventes, el gasto público se encuentra hoy, a consecuencia de los recortes, en un 4,3% del PIB frente al promedio de la OCDE (5,4%), desde luego muy lejos de países como Finlandia (6,1%) o Suecia (6,7%), por ejemplo, países que vienen realizando esa notable inversión de manera sostenida durante varias décadas y que alcanzan notables resultados en las evaluaciones internaciones. El ministro Wert, parece ignorar que en el último informe de la OCDE sobre indicadores de la educación, el de 2012, publicado por su departamento, se afirma que las inversiones en educación “son altamente rentables” y que “a medida que se incrementa el nivel educativo, mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión” (7).

5 ¿Cómo puede sustentarse un proyecto sobre un aspecto tan descalificado por los estudios internacionales como la repetición de curso?

Una de las cosas más sorprendentes de la lectura del proyecto es la obsesiva reiteración de la repetición de curso en los diversos niveles educativos. Hasta el momento no parece que el ministro Wert se haya preguntado sobre las causas que obligan a los alumnos a repetir curso (al parecer basta con que no respondan a las expectativas de las diferentes evaluaciones y pruebas), pero cabe preguntarse si la repetición se produce porque tenemos un currículo enciclopédico inadecuado, o porque el tiempo que se da para cursarlo no es suficiente para un número importante de alumnos, o porque pesen circunstancias personales y familiares desfavorables de origen socioeconómico o cultural. En todo caso, la repetición no es la solución. Sucesivos estudios nacionales e internacionales han señalado que la alta tasa de repetición en España no conduce al éxito escolar. En realidad, a los alumnos no se les recupera, sino que se les castiga y estigmatiza. Finalmente, a pesar del entusiasmo del ministro por los estudios internaciones, olvida uno muy reciente de la OCDE, ya citado, en el que, para prevenir el fracaso escolar, recomienda, entre otras medidas, “Eliminar la repetición de curso: La repetición de curso es costosa y no mejora los resultados educativos.”8 Y entre las alternativas que propone se citan las de “prevenir las lagunas de aprendizaje durante el año lectivo; permitir un pase automático o limitar la repetición a materias o módulos reprobados proporcionando un apoyo especial; y favorecer un cambio cultural contra la repetición"(9).Pero, claro, las medidas de refuerzo y de apoyo al profesorado exigen recursos: es más fácil hacer cargar la repetición sobre el alumnado.

 6 ¿Cómo se puede pretender que por adelantar la elección de itinerarios en la E.S.O. se va a reducir la tasa de abandono escolar?

En este punto clave de la reforma se pone de manifiesto algo que es connatural a la misma: la selección y consiguiente segregación del alumnado, así como la falta de igualdad de oportunidades. Adelantar a 3º de ESO la elección de itinerarios significa que una parte considerable de estudiantes sólo conseguirá un simple Certificado de Estudios, o, en el mejor de los casos, una Formación Profesional Básica, ya que los Programas de mejora del aprendizaje que se propone no permiten, como en el caso de los actuales Programas de diversificación curricular –que esta ley suprime-, el acceso directo al Título actual de Graduado en Educación Secundaria. Lo cierto es que la segregación temprana del alumnado nos retrotrae al sistema educativo anterior a la Ley General de Educación de 1970; por otra parte, el acceso a la Formación Profesional que se propone corre el riesgo de convertirse en una fórmula para emplear aprendices sin salario. En todo caso, los ciudadanos españoles deberían saber que muchos de sus hijos van a tener desde muy temprano grandes dificultades para proseguir sus estudios en el sistema educativo. Estos alumnos, por tanto, no abandonan, sencillamente se les expulsa del sistema y, en consecuencia, van a aumentar las tasas de fracaso y de abandono.

7 ¿Cómo se va a poner en práctica el sistema de formación dual en la Formación Profesional si el Estado y las comunidades autónomas están llevando a cabo grandes recortes en educación y las empresas no han manifestado nunca la intención de financiar activamente esta modalidad de enseñanza?

El texto normativo confiesa que se pretende canalizar una proporción mayor de estudiantes hacia la Formación Profesional y facilitar las vías de acceso a los grados de formación profesional. Todo el mundo coincide en que la Formación Profesional sigue siendo la asignatura pendiente del sistema educativo y productivo español, pero de ahí a convertir el sistema educativo en un auténtico sistema dual hay un gran trecho (financiero) que no parece que en estos momentos se pueda conseguir. Hay que tener en cuenta que la financiación del sistema dual alemán que se propone implantar corre a cargo de las empresas fundamentalmente, lo que resulta de muy difícil aplicación en España donde un porcentaje amplísimo del tejido empresarial lo constituyen las pequeñas y medianas empresas, sin que las grandes empresas hayan manifestado, que se sepa, su deseo y su voluntad de colaborar financieramente en esta implantación. Resulta muy poco realista pensar que las PYMES vayan a financiar la formación dual; la dificultad a priori de esta posibilidad parece garantizada, máxime si se tiene en cuenta que este asunto no es de exclusiva competencia del ministro Wert sino que es compartida con el Ministerio de Empleo.

 8 ¿Cómo se puede sostener que se va a incrementar la autonomía de los centros docentes confiando las decisiones al director en detrimento del Consejo Escolar de centro?

 El debilitamiento de los órganos de representación en todos los ámbitos –social, educativo, sindical, etc.- se ha convertido en una de las señas de identidad del Partido Popular. En el campo de la educación se pretende, además, violentar la Constitución española con tal de conseguir el fin que se proponen, que no es otro que convertir los centros públicos en empresas de gestión educativa incentivando al máximo los poderes del director. Este planteamiento, junto con la concepción privatizadora que tiene de la educación el partido en el Gobierno, supone un claro atentado a la comunidad escolar y al funcionamiento democrático de las instituciones. La participación es la base de la comunidad educativa y, gracias a ella, se construye la acción educativa, autónoma y responsable de cada centro educativo. Es un contrasentido pretender incrementar la autonomía de los centros negando la capacidad de decisión, gestión y control de los órganos de participación, todavía mayor cuando se pretende confiar toda la acción de gobierno de un centro a una sola persona. En relación con este punto cabe considerar también la inconstitucionalidad que supone que los profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos no puedan intervenir en “el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos” (artículo 27.7). La comunidad educativa debería reflexionar muy seriamente sobre este planteamiento que va a afectar a todas las actuaciones de los centros. El colectivo Lorenzo Luzuriaga ya fijó su posición en este tema en un Documento (10) en el que se concluía que la autonomía curricular, pedagógica y organizativa es un buen instrumento para mejorar la calidad de la educación, siempre que asegure la participación de la comunidad educativa en el proyecto, se dote a los centros de los recursos necesarios para poder ejercerla y se capacite a los equipos directivos, al profesorado y a la Inspección educativa en las capacidades y habilidades que exigen la autonomía escolar.

 9 ¿Cómo se puede pretender intensificar el uso de las TIC para personalizar la educación, adaptándola a las necesidades y al ritmo de cada alumno?

 Es cierto que todos los estudios internacionales indican que los alumnos deberían utilizar las TIC para el aprendizaje dentro y fuera del aula, por lo que un aumento de la utilización de las TIC en el sistema educativo es cada vez más necesario, pero esto requiere que se realice un aumento de inversión para garantizar unas infraestructuras suficientes de redes, equipos y software adecuados. Teniendo en cuenta que han sido las Administraciones educativas gobernadas por el Partido Popular las que han dinamitado de modo permanente el Programa Escuela 2.0 propiciado por el Gobierno anterior y que el Gobierno actual ha decidido suprimirlo sin ofrecer una alternativa real a cambio, la ciudadanía se debería plantear si el mismo Gobierno que ha frenado que cada niño disponga de un ordenador personal con acceso a Internet y un aula digital ad hoc va ahora a convertirse en el paladín de la intensificación de las TIC.

 Los estudios internacionales también indican que el uso eficaz del ordenador no sólo depende del equipamiento disponible (aunque la ratio alumno-ordenador sigue siendo uno de los principales indicadores) sino también del uso que se haga de ellos. El aprendizaje eficaz utilizando las TIC no supone el cambio del profesor por el ordenador, sino una modificación del rol del profesor que se convierte en tutor y orientador del aprendizaje, donde el conocimiento y la preparación de materiales adecuados toma un papel primordial, para lo que el profesorado requiere tiempo y formación específica, necesitándose unos recursos que no se contemplan en el anteproyecto.

 10 ¿Cómo es posible evaluar el proceso educativo exclusivamente con pruebas externas al final de cada etapa? ¿Cómo se propone al final de la escolaridad obligatoria una reválida cuya superación es necesaria para conseguir el título de graduado y para poder proseguir los estudios del sistema educativo?

 El colectivo Lorenzo Luzuriaga no discute la necesidad de alguna prueba que ayude a favorecer la homogeneidad del sistema educativo, pero de ahí a que desde 3º de ESO, cuando el alumno tiene 14 años, se le abran o se le cierren las puertas al acceso de cualquier estudio universitario, porque la nueva ley prohíbe la actual permeabilidad del sistema, hay una considerable diferencia que no es justo traspasar. Con la sobreabundancia de pruebas que contempla el anteproyecto sólo un porcentaje muy reducido de alumnos –y, desde luego, no precisamente pertenecientes a las clases más desfavorecidas- va a poder acceder a la Universidad. En todo caso, esta sucesión de pruebas externas va a provocar una clara desprofesionalización del profesorado, ya que su función quedará reducida a preparar a sus alumnos para las pruebas externas, con lo que se desvirtúa también la evaluación continua y se pervierte todo el proceso de aprendizaje.

Finalmente, por las graves consecuencias que produce, debería revisarse tanto la existencia de una revalida al final de la escolaridad obligatoria como el mismo título de graduado en ESO. Superar una reválida para obtener un título, sin el cual no es posible legalmente continuar en el sistema educativo, supone excluir toda posibilidad de continuar estudios postobligatorios a un importante contingente de alumnos, conduciendo a una alta tasa de fracaso escolar. Esta situación no se produce en la mayoría de los Estados miembros de la OCDE porque el requisito de un título no existe o no tiene efectos excluyentes para posteriores estudios. Las Administraciones educativas, en lugar de una reválida y un título, deberían proporcionar al final de esta etapa obligatoria un certificado de las competencias adquiridas en diez años de escolaridad, de manera similar a como hace Inglaterra con el General Certificate of Secondary Education. Dicho certificado facultaría para proseguir determinados estudios en la educación postobligatoria, abriendo la posibilidad de que aquellos alumnos que desearan realizar estudios no respaldados por el certificado correspondiente pudieran, de forma voluntaria, participar en un procedimiento reglado de evaluación de esas competencias a fin de acreditar el nivel adecuado para proseguir dichos estudios.

                      Os invitamos al debate sobre

LA CONNIVENCIA DE LA PRENSA CON EL PODER POLÍTICO

                                                     CON 

                                                      Manuel Arias

                   Periodista. Redactor Jefe de Diario Progresista

      Fecha: 19 de  Octubre  a las 20,30 horas 

      Lugar: Restaurante  “Puerta de Toledo” (C/Toledo, 120)

      Reserva  cena  (23 €):  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   

      Fecha: Septiembre de 2012

Titulo: Capitalismo y socialdemocracia

Septiembre de 2012

         ¿Es preciso hundir el barco para salvarlo? Esta parece ser la tesis del gobierno actual español en su empeño de salvar al país de la crisis. Son precisas una serie de reformas “estructurales” que conllevan mas desempleo, menos inversiones, menos capacidad de consumo de las familias, en suma, medidas que empeoran la situación de crisis que se pretende superar, que impiden la salida de la recesión económica y generan, por el contrario, una menor capacidad recaudatoria de las administraciones publicas por la vía del crecimiento y con ello menos inversión publica, menos desarrollo y menos prestaciones sociales. Las consecuencias un empobrecimiento continuado de la ciudadanía sin esperanzas en el horizonte cercano.

         Las medidas adoptadas a mediados de julio de 2012, entre las que se encuentran el incremento del IVA, certifican la inoperancia y falta de visión del ejecutivo al elaborar unos prepuestos generales absolutamente irreales y el fracaso de las medidas tomadas con anterioridad y dadas a conocer cada viernes después del Consejo de Ministros, medidas todas ellas que no han contribuido al crecimiento económico, ni siquiera a sostener en hundimiento de nuestra economía.   

         Estas medidas son justificadas por el gobierno como necesarias, cuando no obligadas por la Unión Europea, con objeto de generar confianza en los mercados. El milagro de la confianza, que no llega, fue una de las razones esgrimidas por el Partido Popular en el último proceso electoral para arrebatar el gobierno al Partido Socialista. Sin embargo ni la llegada de los populares al gobierno generaron confianza ni la están generando las innumerables medidas de recortes llevadas a cabo hasta la fecha con tal de aplacar al dragón, aunque lo que realmente se esta haciendo con estos recortes es justamente alimentar su sed de avaricia desmedida.

         Así pues, el hundimiento es cada vez mayor y las continuadas afirmaciones de resistencia a las posibilidades de rescate de nuestra economía, no han sido sino muestras de la debilidad de un gobierno sin rumbo y atado a las voluntades de terceros, pero que aprovecha la coyuntura para avanzar de manera inexorable en la ideología neoliberal y ultraconservadora.   

         Realmente lo que esta en juego no es la recuperación de la crisis, sino donde se sitúa el momento de no retorno, aquel en el que la sociedad vera reducida a la nada toda su capacidad de actuación. La rapidez con la que se producen los acontecimientos y la gravedad de los mismos, esta sorprendiendo a la sociedad y llevándola a un proceso grave de paralización en el que el miedo es elemento determinante de gravísimas y extraordinarias consecuencias, alentado igualmente por unos medios de comunicación que no son sino meros observadores pasivos de los acontecimientos, cuando no en transmisores de la ideología dominante.     

Durante las ultimas décadas se produjeron los acontecimientos socioeconómicos que mas influyeron en el desarrollo de las sociedades postmodernas y en  los cambios de mentalidad de los ciudadanos que toda evolución radical lleva implícita, de manera que la nueva sociedad se consideraba instalada en un modelo de desarrollo irreversible, ajena a la visión de otro fenómeno que se venia gestando como un nuevo modelo económico que necesariamente había de influir en la sociedad democrática y que hoy, décadas después, contemplamos en el horizonte de manera atónita, porque se vislumbre como el fin de una época y el comenzó de otra de consecuencias impredecibles.

         Las décadas de prosperidad económica, de acceso a las prestaciones del Estado benefactor han explosionado de manera precipitada a la vista de todos, las consecuencias de esta hecatombe se percibe como una involución hacia etapas ya superadas que se consideraban como definitivamente desterradas de nuestro imaginario. La ciudadanía había asimilado y asumido el nuevo status-quo como un modelo de acomodación de su doble vertiente de ciudadano y de trabajador del sistema, con independencia del sector productivo o de servicios, amparado en todo momento por el sistema democrático como instrumento de perpetuación del citado status y el Estado como garante del mismo.

         El proceso de conversión de los trabajadores en miembros de las clases medias con diferentes niveles de capacidad de consumo, bajo la hipótesis de una serie de prestaciones de escaso coste en educación de los hijos, de prevención y asistencia sanitaria, seguridad social, jubilaciones, servicios sociales, culturales y de infraestructuras de comunicaciones, se ha interrumpido y se inicia el camino inverso de proletarización de los trabajadores.

         La acomodación de las clases trabajadoras llevaba implícito un cambio de mentalidad hacia posiciones mas próximas al sistema capitalista, incuestionado, cuando no laudado como el mejor de los posibles, incluso por quienes por tradición histórica debieran ser los primeros cuestionadores del mismo, los partidos socialdemócratas europeos. Ahí se encuentran las causas del desconcierto, de la incomprensión y de la impotencia ante el nuevo escenario, no esperado y que resulta anacrónico con los tiempos modernos, al que siempre existen alternativas, pero cuya ejecución choca con un mundo globalizado en donde las acciones aisladas en un solo país no conducen sino al fracaso.

         Quienes canalizaron el interés ciudadano en las décadas pasadas y consiguieron la transformación social no parecen estar en las mejores condiciones para poner en marcha alternativas a la situación que ellos mismos han contribuido a crear con políticas más cercanas al modelo liberal que al de la socialdemocracia. De ahí que estén invadidos, igualmente, por el desconcierto y la impotencia.

         El capitalismo ha dado la espalda a la socialdemocracia y la ignora tras la desaparición de las condiciones que posibilitaron el paso al llamado “Estado del bienestar”, iniciado tras la segunda guerra mundial y que llego a España de manera tardía e incompleta por la persistencia de la dictadura franquista. Esta ruptura con el relativamente recién establecido modelo económico-social (apenas unas escasas décadas de vigencia) se inicia con la llegada del neoliberalismo que aboga por la libertad absoluta de los mercados, su desregulación y por la reducción del papel del Estado en la sociedad a nuevos mínimos.

         La doctrina estaba creada, solo se precisaba llevarla a la práctica. Las condiciones son favorables, se estaba culminando el proceso de descomposición del régimen soviético y las políticas de los EEUU de Norteamérica y del Reino Unido están en manos de gobiernos conservadores. Son los años ochenta y noventa del siglo pasado. Es pues el momento de marcar el nuevo rumbo, se inician los procesos de liberalización de los mercados financieros, de adelgazamiento del Estado, de aminorar el poder de los sindicatos obreros y de minar la conciencia de clase.

         Es también el momento para el pensamiento único, la caída del muro de Berlín, símbolo de la bipolarización del planeta, esta a la vuelta de la esquina (noviembre de 1989) y no hay resistencia posible al predominio de una sola fuerza hegemónica mundial, los EEUU de Norteamérica arropada por el poderoso Reino Unido y el resto de la Unión Europea de comparsa, incluidos gobiernos socialdemócratas, que no ponen reparos a la adopción de medidas orientadas hacia el nuevo rumbo, de ahí las privatizaciones en toda Europa, incluida España, de empresas pertenecientes a lo que entonces se consideraban sectores estratégicos.

         Bajo la hipótesis de que la economía dispone de sus propias herramientas reguladoras se lanza una ofensiva contra el Estado desde el propio Estado que provoca su adelgazamiento, su no intervención en la economía global y en facilitador de las políticas en favor de los intereses del poder económico. En el Reino Unido la fiscalidad sufre un recorte de los tipos impositivos desde el 83% al 40% entre los años 1979 y 1986 (gobierno de Margaret Thather). Por su parte en los EEUU de Norteamérica los tipos impositivos pasan del 70% al 33% en el periodo comprendido del 1981 al 1986 (gobierno de Ronald Reagan).

En el Reino Unido se libra una de las batallas mas brutales contra el sindicalismo durante el gobierno conservador de Thatcher, como resultado de la cual los sindicatos quedaron debilitados, con una bajada en el porcentaje de afiliación del orden del 15% en tan solo una década y con escasas fuerzas para hacer frente a las políticas conservadores en curso. En los EEUU de Norteamérica y en el mismo periodo el sindicalismo, menos poderoso en aquellos lugares, bajo igualmente desde una afiliación del 20,5% al 12%. 

         Pronto el resto de países europeos emprenden medidas en la misma dirección en aras de no perder competitividad y de huir de los procesos de deslocalización de empresas. Como consecuencia se inicia un cambio en la distribución de la riqueza que comienza a provocar un empobrecimiento de la población asalariada. A nivel mundial lo que se produce es una acumulación de riqueza en un numero muy reducido de grandes fortunas, que acaparan la mayor parte de la riqueza mundial (una de cada diez personas se quedan con el 89% de la riqueza).

No había estallado aún la crisis del 2008 cuando Alemania emprende una serie de medidas (con el gobierno socialdemócrata-verde del canciller Gerard Schöder) que van a suponer el modelo a seguir para el resto de países europeos años después: reducción de las prestaciones por desempleo, flexibilidad en las condiciones del despido, un nuevo marco de relaciones laborales a nivel de empresa, congelaciones salariales, aumento de la edad de jubilación, copago sanitario y farmacéutico y una nueva bajada del tipo impositivo).

         Es el inicio del desmantelamiento del Estado del Bienestar, por parte de quien debiera ser su mayor defensor, la socialdemocracia liderada en esos momentos en Europa por Schöder en Alemania y Blair en Reino Unido). Son los líderes de la nueva vía, de lo que podríamos llamar la liberalsocialdemocracia o neosocialdemocracia por similitud con el neoliberalismo en auge. 

         Contrariamente a lo que la mayoría terminaron por creer, que los mercados financieros disponían de sus propios mecanismos de regulación, aparecen los estallidos de las burbujas financieras, tan ampliamente analizadas, en las que la ciega confianza en los mercados permite la compraventa de todo tipo de bien convertido en valor bursátil.

En contradicción con la filosofía del neoliberalismo, es el Estado quien tiene que acudir en defensa del sistema neoliberal para sacarlo de su propio atolladero y permitir que continúe caminando sin exigirle responsabilidad alguna por las consecuencias del desastre, que no lo ha sido para la economía financiera sino para la economía real.

Son ampliamente conocidas las razones que dieron origen a la crisis económica iniciada en los EEUU de Norteamérica y extendida a Europa y las consecuencias en la economía real y en la deuda pública y privada. Por ello no abordaremos esta cuestión, sino el aprovechamiento de la crisis para avanzar en el camino iniciado en las dos últimas décadas del siglo pasado.

Estamos en la década primera del nuevo siglo y lo que inicialmente parecía una crisis del capitalismo ha devenido en una crisis intencionada del Estado y de la democracia. ¿A dónde nos conduce esta situación?

La tendencia esta marcada, la acumulación de la riqueza hasta limites insospechados en un numero cada vez menor de propietarios contra una masa de población cada vez mas empobrecida, prestando su capacidad de trabajo por salarios paupérrimos, acudiendo a los servicios sanitarios, culturales y educativos en razón de su capacidad de consumo y un incremento del individualismo como objeto de salvación individual. En los momentos actuales el 10% de la población mundial acapara el 89% de la riqueza, siguiendo una tendencia ascendente. En los EEUU de Norteamérica por cada dólar ganado por el 90% de las rentas mas bajas, el 0,01 de las rentas mas altas obtienen 18.000 dólares, cuando esta diferencia, en el año 1970, era de 162 dólares.

En suma, nos dirigimos hacia una  sociedad inversa, en la que la mayoría de los ciudadanos no cuentan, no participan y el Estado ha desaparecido como benefactor y garante de sus intereses, es decir, el concepto de ciudadanía ha perdido todo valor para convertirse en un simulacro y la democracia, igualmente invertida, en contradicción consigo misma, se pone al servicio de las minoritarias clases mas favorecidas  enmascaradas en el anonimato de las finanzas y de los mercados.

El cuestionamiento de los partidos políticos como corresponsables de esta nueva situación ira alejando a los todavía creyentes ciudadanos del sistema democrático para arrojarles en la individualidad del sálvese quien pueda o al enfrentamiento definitivo con el sistema en un desesperado “basta ya”. ¿Será entonces el momento del despertar de una nueva clase política representante del colectivo mayoritario con la voluntad determinante de un cambio radical en favor de si misma?

La dialéctica izquierda-derecha como expresión del mensaje político ha perdido contenido en la medida en que gran parte del electorado no vislumbra con claridad la frontera entre ambos términos y aquellos que considerándose incondicionales de izquierdas no consideran como tales las políticas llevadas a cabo por aquellos partidos que dicen representar a esta corriente ideológica. Este desdibujamiento provoca la percepción de una inexistencia de frontera entre los representantes de una y otra corriente.

Esta confusión ideológica, que tiene sus orígenes en el nacimiento del neoliberalismo y la desviación de los partidos socialdemócratas hacia tendencias mas liberales, se hace patente en la situación actual en la que las políticas vienen impuestas desde ámbitos externos a la acción política, es decir, los mercados y todos aquellos que podemos considerar intervinientes de los mismo.

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