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Análisis en base a estados de opinión PDF Imprimir E-mail
Escrito por Laureano Gómez   
Lunes, 04 de Enero de 2021 18:06

Análisis en base a estados de opinión

 

         La polarización política a la que estamos asistiendo se está transfiriendo a la sociedad provocando una consolidación de las ideas preconcebidas. No es nuevo que la segmentación social sea un condicionante del posicionamiento ideológico ciudadano pero no un determinante, en caso contrario la estructura de clases bastaría, por si misma, para que el ejercicio del poder político estuviera en manos de las clases mayoritarias.

             En España el porcentaje de directivos y profesionales de nivel alto y medio supone el 23,25 % de la población activa, trabajadores manuales cualificados y no cualificados 35,05 %. El resto lo constituyen pequeños empresarios, autónomos, ocupaciones intermedias (administrativos) y trabajadores de los servicios y del comercio. (Son datos de 2009 de la Fundación Encuentro a partir de datos de Eurostat, que han podido cambiar en los últimos años aunque no de forma destacada). Ni al 23,25 % de los que ocupan las posiciones mas privilegiadas desde el punto de vista del reconocimiento social y económico se le puede asignar una identidad ideológica, aunque cabe presuponer que una buena parte de ella participa de un cierto perfil identitario, ni cabe suponer que aquellos que ocupan posiciones menos privilegiadas gozan de un ideario compartido desde el punto de vista político, aunque, como en el caso anterior se dan ciertos grados de identidad ideológica.

          Volviendo a la polarización social, derivada de la polarización parlamentaria, intencionada, divulgada por los medios de comunicaron de masas y por las redes sociales, no parece que esta tenga influencia en el electorado mas allá de afianzar la ideología de cada parte o de aumentar el distanciamiento de los ciudadanos respecto de la clase política, fenómeno que beneficia mas a quien mas favorece la polarización con el objetivo de conseguir un supuesto rédito político a corto o medio plazo o de impedir un crecimiento del adversario.

             La proliferación de centros o núcleos de información diferenciados ideológicamente, no solo en los medios tradicionales como prensa escrita, radio y televisión sino también y sobre todo en las redes sociales –prensa digital y resto de medios divulgativos de noticias así como los chat de intercambios de mensajes- llevan a las personas a retroalimentarse en sus propias ideas buscando allí donde encuentran afinidad, consiguiendo con ello una reafirmación de su modo de vida, de sus creencias, de su comportamiento, de sus valores, consiguientemente de su ideario.

             Es bien sabido que la educación, tanto en el ámbito familiar como en la escuela y la influencia del ambiente externo modelan al individuo en una serie de creencias, religiosas y políticas y en valores y modos de comportamiento respecto de los demás, lo que se traduce en una actitud determinada hacia el diferente (empatía o rechazo), que lo es en razón del origen, de la etnia, de la condición sexual, de la capacidad física o intelectual, de la situación económica o social.     

             El asentamiento del ideario que se ha ido configurando en la persona durante la infancia y la posterior adolescencia es tanto más inamovible cuanto mayor haya sido el grado de dogmatismo o severidad de la educación recibida, de forma que de ella depende la tolerancia y firmeza de su posicionamiento ideológico. Y en tal medida buscan su referente en aquellos partidos políticos que mejor encajan en su modelo conceptual de la sociedad en la que viven, lo que marcan, en definitiva, el suelo y el techo electoral de los diferentes partidos.  

             El ejemplo de la Comunidad de Madrid es paradigmático al respecto. Al final de la legislatura actual el Partido Popular (PP) cumplirá 28 años de gobierno, de los cuales 20 de ellos lo han sido con mayoría absoluta, precisamente coincidiendo con la ausencia de partidos relevantes en el ámbito de su competencia electoral. Durante ese periodo de tiempo la población ha aumentado, aunque no de manera considerable, nuevos ciudadanos se han incorporado como nuevos votantes, también ha variado el numero de diputados de la Asamblea, órgano parlamentario de la Comunidad de Madrid, sin embargo se ha mantenido el apoyo al partido conservador, como si fuese inalterable y hereditaria la intención del voto.

  La emergencia de nuevos partidos que compiten por el mismo electorado, tanto en las conocidas tendencias de derecha o de izquierda –fin del bipartidismo- coincidiendo con la aparición de casos de corrupción política que afectaban de manera muy directa al PP provocó una perdida de votos de este partido en favor de Cs (12,4 % de votos en las elecciones de 2015). En las siguientes y últimas elecciones celebradas (mayo de 2019) se produce el mayor desgaste del PP a favor de Cs (19,42 %) y de Vox (8,86 %). Hay que precisar que el PSOE obtuvo, por primera vez durante las casi tres décadas de las que halamos, 880.000 votos (27,35 %) superando al PP en 160.000 votos. En cuanto al electorado que podemos considerar de izquierda, durante todo el periodo de dominio popular, el Partido Socialista Obrero Español fue el partido mayoritario compartiendo espacio con IU, posteriormente con Podemos y, finalmente, con Mas Madrid y Podemos en las elecciones de 2019. Podemos concluir, si se analizan los datos de estos 28 años, que no se producen trasvases de votos, en términos generales, mas que entre partidos situados en el mismo arco ideológico, lo que viene a confirmar el estancamiento del electorado y las dificultades para que se produzcan cambios en el sentido del voto, lo que viene favorecido, además, por la polarización y crispación política a la que aludía anteriormente.

 Si más de 700.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid siguen votando al PP, tras los destacados casos de corrupción, dimisiones de dos presidentes, Ignacio González y Cristina Cifuentes, el primero de ellos en prisión, significa que este es un suelo difícil de bajar, salvo que ocurran acontecimientos aún mas graves. En todo caso los votos huidos del PP tienen nuevos referentes en Ciudadanos (Cs) y en Vox. Este último partido saco 285.00 votos en la pasadas elecciones autonómicas, mientras que Cs obtuvo 625.000 votos.

 Llegados a este punto convendría analizar el ideario de los votantes de los partidos considerados de derecha, lo que nos lleva en primer lugar a conocer el ideario de los partidos que le sirven de referencia. No hay duda de que el PP es un partido que podemos considerar como conservador, con un posicionamiento neoliberal, entendiendo por ello la defensa de lo privado en detrimento de lo público, partidario y defensor de un Estado de competencias limitadas en lo económico y en lo social, desregulador y con tildes nacionalistas. El ideario del PP tiene, en la Comunidad de Madrid, acentuada sus características. Ha dejado atrás todo tipo de complejos a la hora de tomar medidas que puedan ser rechazadas por los ciudadanos madrileños, quizás ante la confianza de que serían bien vistas por su electorado, al tiempo que desprecia la opinión de sus adversarios. La puesta en marcha de su ideario se ha traducido en los intentos de privatizar el Canal de Isabel II responsable de suministrar de agua a toda la Comunidad de Madrid, en la construcción de nuevos hospitales públicos de gestión privada con personal sanitario procedente de los hospitales ya existentes, en facilitar la construcción de otros absolutamente privados con conciertos para la admisión de pacientes de la Seguridad Social, en los intentos –no conseguidos- de llevar el modelo de gestión privada al resto de hospitales considerados tradicionales (La Paz, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, Clínico, etc.), en la privatización de los servicios de radiología y de análisis clínico, en la falta de apoyo a la sanidad publica no dotándola de los recursos necesarios para hacer frente a las listas de espera quirúrgica y de consultas medicas tanto en primaria como en especializada, en la cesión de la gestión de residencias de ancianos al sector privado –en ocasiones empresas pertenecientes al fondos de inversión-. De igual forma en el ámbito educativo la potenciación de los centros de educación concertada derivada de la llamada Ley Wert explotada en Madrid al mas alto nivel a través del falso concepto de demanda social y de la discriminación de alumnos o la cesión de suelo publico para la construcción de colegios concertados, son ejemplos del cumplimiento de su ideario neoliberal de adelgazamiento del Estado y de ceder al sector privado todo cuanto sea posible. En el sector de la vivienda es alarmante la venta a fondos de inversión extranjero –fondos buitres- de miles de viviendas sociales con sus inquilinos dentro, con un desprecio absoluto hacia los derechos de derechos de los inquilinos (ausencia de empatía social).

 Los votantes del PP participan de ese ideario, de hecho su interés radica en disponer de una sanidad gratuita eficiente, importándole bien poco si el hospital es público o privado, gestionado por una empresa o que sea de titularidad publica. Si paralelamente puede hacerse un seguro privado que le dé un cierto caché social al tiempo que le permite un trato preferente al saltarse las penosas listas de espera tanto mejor. En cuanto a la educación concertada optan por ella como privilegiada en la dicotomía “colegio-publico/colegio-privado” fruto de un ancestral desprestigio de la escuela pública fomentada por el PP mediante la exclusión de los menos favorecidos socialmente y de los niños y niñas de padres inmigrantes de los colegios concertados.

 No es fácil convencer a quienes no sienten empatía hacia los menos favorecidos salvo para su acogimiento bajo el paraguas de las entidades religiosas y organizaciones caritativas, basándose en la falsa creencia de que cada cual tiene lo que se busca, o lo que se merece, no siendo el Estado quien deba hacerse cargo de paliar las desigualdades sociales. Tampoco es fácil convencerles de la necesidad de los servicios públicos cuando gozan de mejores servicios en un entorno privado ignorando, al mismo tiempo, las necesidades que quienes no tienen recursos -no sienten lo que no padecen-, cuando sus hijos no tienen que compartir clases con niños y niñas mas pobres, de padres menos preparados culturalmente o de otra etnia distinta a la suya, cuando no tienen que soportar meses para ser atendido por un medico de la seguridad social. Sus referentes ideológicos ya se han encargado, cuando están en el poder, tanto a nivel nacional como autonómico, de hacer todo lo posible para potenciar lo privado, la gestión de los servicios esenciales para los ciudadanos por empresas con animo de lucro  tanto en el ámbito sanitario como en el educativo o en el de la vivienda, dedicándole recursos que se detraen de las necesidades del sector publico, llegando, en ocasiones, a desprestigiar a los profesionales sanitarios y profesores por alguno de los máximos dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid (Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso).

 Se engañan quienes, tras la pandemia de la Covid-19, piensan que el PP va a cambiar su posición respecto de su ideario neoliberal y de su estrategia de ceder al sector privado la gestión de los servicios públicos esenciales. De igual forma se antoja harto difícil, cuando no imposible, hacer cambiar el ideario del votante del PP, al menos de aquellos que han mantenido su apoyo en las elecciones autonómicas del 2019, en los que el nivel de asentamiento y arraigo de su ideario neoliberal es suficientemente fuerte.  

 ¿Qué hay de los nuevos referentes en el ámbito de la derecha, Cs y Vox?

Según el barómetro del CIS de Octubre de 2020 el 64,1 % de los españoles se consideran de izquierda o de centro-izquierda, mientras que un 24,9 % se clasifican como de derecha o de centro-derecha, en una escala en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha. Su distribución es la siguiente:

 

1 …………..   9,6

2 ………….    5,6   

3 ………….  13,2

4 ………….  11,1

5 ………….  24,6

6 ………….    9.8

7 ………….    6,6

8 ………….    3,7

9 ………….    1,1

10 ..……….    3,7

N/S ……….    5,6

N/C ………     5,5

Media ……     4,6

 

La media se sitúa en 4,6 lo que significaría que, en términos generales, podemos considerar que el electorado español se inclina por las opciones políticas situadas en el ámbito de la izquierda o centro-izquierda. Si bien hay que considerar que un 11,1 de los encuestados no contestan o no saben que contestar.  

  Sin embargo yendo a otras de las respuestas de la encuesta (pregunta 26 del barómetro) el 31,5 % de los que contestan consideran a Ciudadanos como un partido de centro-izquierda, mientras que un 47,6 % lo considera de centro-derecha, lo que da coherencia a la respuesta anterior. No sabemos que porcentaje de ese 31,5 % que considera a Cs como partido de centro-izquierda son votantes del mismo, como tampoco sabemos cuantos de ellos estarían dispuestos a volcar su voto hacia otras opciones. En cuanto a Vox su identificación con la extrema derecha no deja lugar a dudas, 56,3 % lo consideran como tal (10 en la escala).

Solo un cambio de posición de los votantes actuales de Cs podría dar la victoria a la izquierda en la Comunidad de Madrid, dando por hecho que los votantes de izquierda mantengan su posicionamiento ideológico y no se escuden en la abstención como muestra de su posible descontento. Y ese posible cambio difícilmente podría orientarse en otro sentido que hacia el PSOE, luego la posibilidad real para el PSOE de conseguir un aumento del número de votantes en la Comunidad de Madrid es investigar de ese 31,5 % que consideran a Cs como de centro-izquierda cuantos serian votantes reales de Cs y  virtuales del PSOE, precisando que la encuesta del CIS se realizo a nivel de todo el Estado español. La otra alternativa, no excluyente respecto de la primera, es cambiar el modelo educativo.

 Si observamos otra de las preguntas del barómetro, la 29R ¿cuál de los siguientes partidos considera más cercano a sus propias ideas? la respuesta es la siguiente:

 

                                               Resultado Elecciones Generales Noviembre 2019

PSOE …..      23,5 %                                               28,0 %

PP ………     11,7 %                                               20,8 %

Vox ……..       5,4 %                                                 6,7 %

Podemos ..     10,5 %                                               12,8 %

Cs ………     10,9 %                                                 6,8 %

Ninguno ..     19,0 %

 

Según este cuadro podría pensarse que la diferencia entre el PSOE y el PP se acentuaría a favor del primero en caso de celebrarse elecciones generales en el momento de la encuesta. La suma de PSOE y Podemos es de 34 % contra el 17,1 % de PP mas Vox, sin embargo si añadimos la cercanía a Cs la suma se eleva a 28 %. Lo que muestra la importancia del votante de Cs para desplazar el ejercicio del poder a uno u otro lado del arco ideológico. Tampoco conviene despreciar el 19 % que no se muestra cercano a ningún partido, que probablemente sea mayoritariamente del ámbito de las derechas dada la prevalencia en este grupo de identificar a todos los partidos políticos como iguales ante los casos de corrupción y a los políticos como llevados por el interés particular para el acceso a la política,  lo cual daría coherencia al resultado de las respuestas.

 Si tomamos en consideración los datos de la última encuesta del CIS (diciembre de 2020)  

  Resultado Elecciones Generales Noviembre 2019

PSOE …..      29,5 %                                               28,0 %

PP ………     19,2 %                                               20,8 %

Vox ……..     14,0 %                                                 6,7 %

Podemos ..     10,8 %                                               12,8 %

Cs ………     10,5 %                                                 6,8 %

 

PSOE y Podemos suman un 40,3 % (40,8 % elecciones de 2019) contra el 33,2 % de PP mas Vox (27,5 % elecciones de 2019). Mientras que si añadimos los votos de Cs la suma ascienda a 43,7 % (40,3 elecciones de 2019). Resultado poco halagüeño dado que se produce un incremento de votantes de Vox sin perjuicio del PP y en perjuicio de Cs. La coalición PSOE-Podemos solo podría gobernar con el apoyo de los socios regionalistas, nacionalistas e independentistas. Lo que muestra una vez más la firmeza del electorado de derechas, en este caso a nivel del Estado español, cuyos votos se siguen moviendo dentro del arco que les representan.

 Una vez más aparece Cs como poseedor de una de las llaves de la gobernabilidad, de una parte por el posible cambio en la orientación del votante de Cs hacia posiciones socialdemócratas o su participación como partido en la gobernabilidad del país.

 Respecto de lo primero, circunscribiéndonos al ámbito de la Comunidad de Madrid, quizás convenga analizar los resultados electorales de cada municipio y sus barrios, incluida la capital y sus barrios y distritos, estudiar la estratificación social de los madrileños por zonas poblacionales, acudiendo a los estudios, informes y estadísticas si los hubiera o encargarlos haciendo el correspondiente esfuerzo económico para llevarlos a cabo. Al mismo tiempo hacer una incursión en las redes sociales y tratar de identificar a aquellos grupos sociales susceptibles de un acercamiento a las posiciones comunitarias o de izquierdas y utilizar las técnicas de entrada y generación de opinión.

 Como decíamos anteriormente, la otra opción no excluyente con esta tiene que ver con un cambio en el posicionamiento ideológico, y esto solo será posible con las generaciones futuras, nacidas, criadas, desarrolladas y condicionadas por un mundo digital del que forman parte y con el que se sienten identificadas, un universo digital que aceptan sin ambages y del que aprenden a comportarse, a sentir, a relacionarse, a convivir, en donde el ocio deja de estar en la calle para pasar a la interface, el instrumento virtual de relación social. Quien acierte en la forma de gestionar esta nueva sociedad sobre la que será preciso legislar –siempre por detrás de los acontecimientos-, tendrá la llave ideológica del futuro. Pero esto pertenece, justamente, al futuro, cercano e incluso presente ya en muchos aspectos.

 

  

                                                           Laureano Gómez Márquez

                                                           Madrid a 27 de diciembre de 2020

 

 Nota adicional.

 

Según el mismo barómetro del CIS, en cuanto a la autoidentificación de los españoles como clase social, el 73,3 % se consideran de clase media (media-baja, media-media, media-alta y alta), mientras que solo el 18,5 % se consideran trabajadores o de clase baja o pobres. 

 

 

 

 

 


Última actualización el Lunes, 04 de Enero de 2021 18:12
 
La necesidad de una política enérgica de vivienda PDF Imprimir E-mail
Escrito por Julio Rodriguez   
Lunes, 16 de Noviembre de 2020 15:22

LA NECESIDAD DE UNA POLITICA ENERGICA DE VIVIENDA

 

La culpa, querido Bruto, no es del destino, sino de nosotros, que nos conformamos”

W, Shakespeare, “Julio Cesar”

  Al enfriamiento del mercado de vivienda acaecido en 2019 ha sucedido un hundimiento de las ventas de viviendas en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2020. A la desaceleración sufrida por los precios y alquileres de las viviendas en 2019 ha sucedido   un descenso de los precios en 2021 (7% en septiembre sobre igual mes de 2019 según la estadística notarial)) y un descenso más moderado en los alquileres. Sin embargo el hundimiento salarial  sufrido desde el segundo trimestre de 2020 ha hecho aún más difícil, si cabe, el acceso a la vivienda en alquiler para los jóvenes hogares.

 Precios de vivienda y alquileres  de mercado quedan hoy por hoy muy lejanos respecto de los niveles salariales. La recesión provocada en 2020 por la pandemia de Covid 19 ha acentuado el problema de acceso a la vivienda en España, donde apenas se construyen viviendas protegidas, y hay que mirar al País Vasco para encontrar toda una política de vivienda que por desgracia no se  encuentra reflejo en el resto de España. De ahí que resulte necesaria la puesta en marcha de una política de vivienda de alcance nacional, aunque la  ejecución de la misma  corresponda a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

La Constitución  de 1978 y los Estatutos de Autonomía atribuyeron  la competencia exclusiva en materia de vivienda y de ordenación del territorio a las comunidades autónomas. Sin embargo  esto no fue obstáculo para que durante bastantes años hubiese en España Planes Plurianuales de Vivienda, que fomentaban la construcción de  viviendas protegidas destinadas sobre todo a la venta. El diseño de tal política correspondía  al Ministerio  competente en  materia de política de vivienda. El consenso con las autonomías iba lubricado con importantes subvenciones de tipos de interés o subvenciones por vivienda edificada, puesto que la mayor parte de la  financiación descansaba en préstamos a promotor concedidos por bancos y, sobre todo, por las cajas de ahorros, con subrogación posterior en las condiciones de los préstamos por parte  de los compradores de tales viviendas protegidas 

 La recuperación de la economía española registrada entre 2014 y 2019 se apoyó en unos bajos niveles salariales. Además,   aumentó la proporción de contratos a tiempo parcial y  continuó siendo elevada la presencia de los contratos temporales. En las presentes  condiciones escasea la solvencia entre los asalariados  para acceder a un préstamo hipotecario para la compra de vivienda y resulta necesario apelar al alquiler privado, de una vivienda o de una habitación, para poder acceder a un alojamiento.

 En el segundo  trimestre de 2020  el salario medio percibido en España, antes de impuestos, ascendió a 1.804 euros/mes, antes de impuestos, según el INE. En dicho periodo el alquiler medio de una vivienda ascendió a 11,4 euros por m2 y mes, según el portal Idealista.com. Ello implica un esfuerzo de acceso en el caso de una vivienda de 75 m2 del 47,4% de los ingresos para un hogar monosalarial, proporción más elevada si la comparación se realiza con el salario neto de impuestos. En realidad, dicha proporción resulta bastante más elevada en las principales capitales, donde los precios del alquiler superan ampliamente   la media de España. Además,   los salarios  de los jóvenes son muy  inferiores al nivel medio citado, con lo que  el acceso al disfrute de una vivienda de alquiler de mercado  resulta muy complicado para numerosos hogares..

  Se advierte  que existe, pues, una situación de exceso de demanda en el mercado de viviendas de alquiler. Ante dicha situación, las fórmulas  para atenuar el problema consisten en aumentar la oferta de viviendas de alquiler o establecer  controles  de precios a los niveles de los alquileres, como ya se está haciendo en Cataluña tras la aprobación de la ley 11/2020 del Parlamento de Cataluña. Dicha ley puede ser recurrida, pues con independencia de la mayor o menor calidad de la norma, contradice la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994), donde se establece que el alquiler será el resultante de la negociación entre el  arrendador y arrendatario.

En la presentación de los Presupuestos Generales del Estado el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos,  anunció que una condición para impulsar los  citados presupuestos era el establecimiento de una norma que interviniese en los mercados de alquiler para frenar el aumento de los alquileres. Dicha norma, en su opinión,  sería intervencionista y podría llegar hasta rebajar los  alquileres pactados en los contratos de alquiler vigentes. Llama la atención el interés de líder de Podemos por  frenar los alquileres, cuando los altos niveles de estos últimos reflejan una situación de escasez de oferta de viviendas de alquiler. El control de alquileres  atacaría el síntoma (alquileres elevados), pero no resolvería el problema de fondo (la situación de escasez de oferta de viviendas de alquiler).

En este momento está en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2018-21, del que no se dispone de ninguna información relativa sobre su ejecución en los tres primeros años de vigencia. En dicho Plan los subsidios a los inquilinos, las subvenciones a la construcción de viviendas sociales destinadas al alquiler y a la rehabilitación  son las principales actuaciones incluidas. Se ha incluido también el denominado Plan 20.000 viviendas, del que se sabe poco acerca de su ejecución  ni de los plazos previstos para su desarrollo

 La Airef ha informado que de todas la subvenciones que concede el Estado a las  autonomías, las destinadas a apoyar el acceso a la vivienda y a la rehabilitación son las peor conocidas. De ahí que  en este momento  resulta arriesgado opinar acerca del nivel  de implantación del plan citado, aunque la impresión dominante es que faltan viviendas de alquiler. En  el proyecto de Presupuestos Generales de del Estado hay una partida “Rehabilitación para la recuperación económica y social a través de las CC. Autónomas” que destaca por su volumen, 1.550,6 millones de euros, y por el hecho de que se prevé su financiación desde la Unión Europea, dentro del instrumento Next Generation EU.

  En los dos últimos planes cuatrienales han desaparecido las viviendas de protección oficial (VPO). Las autonomías han seguido calificando proyectos para la construcción de viviendas equivalentes a las de protección oficial, pero en un nivel reducido. Además, numerosas autonomías han acortado los plazos para la descalificación de tales viviendas. En estas circunstancias la VPO no resulta una vivienda social mientras que el parque social de viviendas de alquiler es sumamente exiguo, solo incluye 452.040 viviendas,  según una publicación reciente del ministerio competente en materia de política de vivienda, el Mitma. El total citado equivale al 2,5% del parque de viviendas principales de España, free al 9,5% de la Unión Europea

 La nueva política de vivienda debe de impulsar el volumen de viviendas de alquiler social accesibles. En primer lugar aparece la creación de parques públicos de viviendas de alquiler, que se formarían a partir de viviendas de nueva construcción  y de viviendas existentes procedentes del sector privado. La construcción de nuevas viviendas sociales, que deberían tener la condición de viviendas protegidas destinadas al alquiler, se realizaría sobre suelo cedido por los municipios, procedente de las cesiones de edificabilidad derivadas de los nuevos desarrollos privados, de acuerdo con la normativa urbanística vigente, estatal y autonómica.

El control de alquileres resultaría ahora de difícil implantación en España, ante la escasez de datos sobre el mercado de alquiler. La información obtenida para 2018 sobre los precios de los contratos de alquiler, que excluye a las autonomías del País Vasco y Navarra,  ofrece una información en la que los niveles de los alquileres del año de la estimación  están muy por debajo de los precios del alquiler publicados por diferentes portales inmobiliarios. Esta información corresponde a  los precios de oferta de los propietarios.

  En Cataluña la normativa de control de alquileres, que afecta solo a los nuevos contratos y a las novaciones de los contratos preexistentes, resulta enriquecida por los datos procedentes de los contratos de alquiler vigentes, respecto de los cuales existe la obligación de depositar en un organismo de la Generalitat  copias de los contratos suscritos. Esta circunstancia  permite a dicha administración publicar estadísticas trimestrales de los precios del alquiler en Cataluña, circunstancia que no se produce en el resto de España.

  La política de vivienda, si pretende reforzar la oferta de viviendas de alquiler, en especial la destinada a crear un parque de viviendas sociales de alquiler de dimensión significativa, debería apoyar un refuerzo más sustancial de la oferta que lo que ahora se contempla en  el proyecto de presupuestos de 2021. La rehabilitación es muy conveniente, pero tanto o más es la construcción de nuevas viviendas de alquiler social. Esto se  puede conseguir  mediante subvenciones estatales y autonómicas o mediante créditos procedentes del sistema bancario,   reforzados por subvenciones a las nuevas viviendas de alquiler y  también mediante avales del ICO a dicha financiación crediticia. Tales viviendas sociales de alquiler  últimas tendrían la condición de viviendas protegidas, para así beneficiarse de la normativa urbanística estatal y autonómica que contempla la reserva de suelo en las nuevas construcciones para   dicho tipo de viviendas. Además, dichas viviendas  mantendrían la condición de viviendas protegidas de forma indefinida, para así acabar con la práctica frecuente de la descalificación y venta rápida de la VPO, circunstancia que ha sido decisiva para explicar el exiguo alcance del parque de viviendas sociales de alquiler en España. El Plan plurianual, que podría llegar hasta las 100.000 viviendas, se  diseñaría en colaboración con las comunidades autónomas, pues correspondería a tales administraciones y a los ayuntamientos la ejecución del esquema resultante.

Otros aspectos de una nueva política de vivienda consistirían, entre otros componentes,  en penalizar la existencia de viviendas vacías en las zonas  más tensionadas. Los ayuntamientos establecerían registros de demandas de viviendas. Los pisos turísticos deberían ser objeto de regulación estatal. La normativa antidesahucios debe de asimilarse a la vigente en Europa Occidental, estableciendo una verdadera segunda oportunidad para los insolventes de buena fe.

 
Alicia en el país del bloqueo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Maximino Cortezón   
Lunes, 02 de Noviembre de 2020 09:00

Alicia en el país del bloqueo

Maximino Cortezón Pinilla

Publicada el 23/10/2020 a las 06:00



Un interesante ejercicio, que éste humilde opinador propone a los que gustan acudir a hemerotecas para evidenciar las contradicciones de la tan denostada "clase" política, es el siguiente: que quienes la visiten cuantifiquen el número de artículos periodísticos, debates de tertulias, radiofónicas y televisivas, así como declaraciones de jueces y reuniones ordinarias del Consejo del Poder Judicial, que se han hecho en los dos últimos años para denunciar el inconstitucional bloqueo para su renovación. A continuación, que hagan lo mismo respecto a la proposición de ley presentada por el PSOE y UP para renovar lo miembros del Consejo.

Yo, que no dispongo de hemeroteca, ni creo que me haga falta, afirmo apodícticamente que en el segundo caso el número de opiniones contrarias a la proposición de ley es muy superior a las que se efectuaron en contra del bloqueo. Y eso que el bloqueo no es constitucional y, mientras que no diga lo contrario el Tribunal Constitucional, la proposición de ley presentada si lo es y, además, es democrática y legítima.

Analicemos, desde una perspectiva lógica, que no ideológica ni política, las dos posiciones adoptadas respecto a la renovación, el bloqueo y la proposición de ley.

Para realizar un somero análisis seguiré una heterodoxa argumentación basándome en la teoría del movimiento o cambio del imperecedero Aristóteles, de la cual tomaré solo uno de sus rasgos distintivos, la "continuidad del movimiento", que para el filósofo no es la repentina sustitución de un estado por otro, sino el tránsito de uno al otro.

Ese tránsito puede realizarse lógica y racionalmente de cuatro maneras distintas; de un término positivo a otro positivo; de un término positivo a su contradictorio; de un término negativo a otro negativo y de un negativo a su contradictorio.

Para no aburrir al lector pararemos aquí nuestra inmersión filosófica y pasaremos a examinar ahora el tránsito de la renovación de los miembros del Consejo.

Uno: el bloqueo de la renovación a la luz de las dos primeras formas del proceso continuo del movimiento sería semejante a ir de un término positivo, la renovación, a su contradictorio, el bloqueo, porque impide que se cumpla la Constitución.

Dos: la proposición de Ley Orgánica sería semejante a un tránsito de un término positivo, la proposición de ley, a otro positivo, la renovación, por lo que este tránsito cumpliría la Constitución y además es lógico y racional.

Por último, si la verdadera contradicción a la constitucional renovación del Consejo es su bloqueo parlamentario, cómo es posible que en los dos últimos años esta situación inconstitucional haya pasado casi inadvertida en medios, tertulias y el mismo Consejo del Poder Judicial, mientras que por el contrario, la propuesta de los dos grupos parlamentarios, que es constitucional, lógica, racional y positiva haya levantado en su contra tanto ruido mediático, institucional, político e incluso de la UE.

La razón tal vez sea que el mundo de las maravillas, que accidentalmente visitó Alicia, es más lógico y racional que el nuestro. Si Alicia viniera a la España del bloqueo, muy posiblemente regresaría despavorida a su maravillosos y lógico mundo.

Maximino Cortezón Pinilla es socio de infoLibre

Última actualización el Lunes, 02 de Noviembre de 2020 09:13
 
Acerca del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): necesidad de un acuerdo PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Maria Brú   
Sábado, 31 de Octubre de 2020 12:21


“Acerca del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): necesidad de un acuerdo”, por Carlos María Brú Purón.

25 octubre, 2020

 

I.-Servidor, deseosamente jurista, quizá simple leguleyo, tiene el mal hábito de leer los textos legales para interpretarlos y permitirse opinar al respecto.

Por lo que, en busca del tan enarbolado (De la Quadra-Salcedo, Cruz Villalón y otros autores) “espíritu de la Constitución” subyacente a su artículo 122.3) sobre la formación del CGPJ, entiende que, o los constituyentes andaban sonámbulos durante la tarea, o el famoso espíritu no parece estar en contra de la Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios PSOE y Unidos Podemos, Proposición hoy no retirada sino aparcada por el Presidente Sánchez.

Cuando el precepto constitucional dice que el Órgano, además de por el Presidente del Tribunal Supremo, estará integrado por “veinte miembros”, de los cuales: (i) los ocho “Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio de su profesión”, propuestos fifty/fifty por Congreso y Senado, han de ser “elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros”; mientras que paralelamente se establece que (ii) los “doce (…) Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales”, lo serán “en los términos que establezca la Ley Orgánica”… el simple lector comprende que el “espíritu de la Constitución” no apostaba por la igualación de requisitos para la designación de unos y otros, lo cual se habría manifiesto en letra con una sola frase: “veinte vocales elegidos por mayoría de 3/5 (…).”

En aras de desentrañar mejor ese espíritu, baste constatar que el texto originario en el Proyecto constitucional, entonces artículo 114, se aprobó unánimemente por la Comisión de Asuntos Constitucionales en la sesión de 8/6/1978. Y bajo la numeración 122, el artículo se mantuvo tal cual en nuestra Carta Magna.

II.- Evidentemente, la imposición del quorum- más exigente que las mayorías simple y absoluta- de 3/5 de votos favorables (210 en Congreso y 159 en Senado) para que los ocho juristas no integrantes de la Judicatura pasen a ser vocales del CGPJ, es una norma restrictiva y, como tal –odiosa sunt restringenda- norma no extensible a otros supuestos (en nuestro caso el del acceso del contingente judicial al Órgano).

En definitiva, o el “espíritu” adormilaba o el constituyente eludió entrometerse en el mecanismo de incorporación de este contingente: si no se aventuró a imponerle parlamentario sello de salida, menos aún a introducir quorum arriba o abajo.

Pero lo que ni constituyentes ni legisladores ignoraron es que ese contingente puede – suele- incurrir en corporativismo: la entrada del cupo judicial en el CGPJ por auto-designación, aún precedida de probables y hasta auténticas elecciones internas, siempre adolecería de la carencia del veredicto de la ciudadanía representada en las Cortes Generales.

Por esto, al elaborarse la prevista Ley Orgánica, el Grupo Socialista (GS) secundó en marzo de 1985 la Enmienda del Diputado del Grupo Mixto Juan María Bandrés (quien en la defensa oral aludió al hecho –a tener en cuenta- de una judicatura entonces de “mayoría conservadora procedente del franquismo”); dicha Enmienda atribuyó al Parlamento (Congreso y Senado) la aprobación de los vocales procedentes de la tan repetida Judicatura. Y en una postura tendente al consenso, el GS aplicó también al contingente judicial el quorum de 3/5 que la Constitución había exigido al de los juristas de libre ejercicio.

Con ello atendió al principio constitucional de que “la Justicia emana del pueblo” (art. 117) y, más de fondo, al verdadero propósito de Montesquieu cuando sitúa la separación de poderes en “el movimiento necesario de las cosas (que) las forzará a moverse de común acuerdo”.

En efecto, las relaciones Gobierno/Cortes Generales/CGPJ nunca se han dañado por la Ley Orgánica de 1985, avalada por el Tribunal Constitucional en 1986.

Los dos parones en la renovación del Órgano – 2006/08 y actual- derivan de causas exógenas a su funcionamiento. Ambos causados por la negativa del Grupo Popular (GP) –en la oposición en ambos períodos- a negociar designaciones y consecuente puesta en marcha del nuevo Consejo. Actitud que tiene un nombre, boicot.

El PP lo explicita con un peregrino argumento: abomina de la presencia de un determinado partido en el Gobierno en ejercicio, argumento comparable a que en Covid justificásemos saltarnos el perímetro porque los pájaros se lo saltan. Y en un contra-proyecto, añaden otra exigencia, que el candidato a Presidente del CGPJ no haya tenido cargo alguno de designación gubernamental en los anteriores 10 años; requisito aceptable, pero contradicho por su apoyo al Presidente Lesmes quién, cuando accedió al cargo no habían pasado 8 desde que dejó el cargo de Director General en el Ministerio de Justicia regido por Acebes.

Así las cosas, al “de aquí a la eternidad” del Lesmes&Co. han intentado poner fin los partidos del Gobierno mediante la fórmula consistente en que, caso de no llegarse en primera fase a la aprobación por 3/5 de votos para designar los miembros del contingente judicial, tengamos black Friday: rebajemos el umbral de votos al de mayoría absoluta (176 votos en Congreso, 135 en Senado).

III.- Fórmula que, por lo expuesto, no cabe considerar contraria a la Constitución ni a su evocado “espíritu”, pero no por ello ha de aplaudirse. Al contrario, me sumo a la opinión de los oponentes a que prospere tal cual, y me baso en varias razones.

La primera, instrumental, porque al tratarse de una Proposición de Ley, se eluden –a diferencia de los Proyectos de Ley- los dictámenes del Consejo de Estado y el propio CGPJ. Ciertamente, para salir del atasco cabe que los Grupos proponentes insten tales dictámenes, lo que a su vez podría acarrearles el traspié de un rechazo por parte de los requeridos, no dispuestos a sumisiones extemporáneas.

La segunda, y de fondo, porque el requisito de los 3/5 es encomiable en sí, cuanto más alto su nivel de exigencia más garantista es, más próximo al consenso y por tanto, más justo. La rebaja pretendida, aún subalterna, lo deterioraría gravemente.

Y se da una tercera y principal razón que, curiosamente, nadie ha argüido en la discusión sobre el tema. Ella es la de la absoluta inutilidad de la Proposición, incluso aun cuando lograse su objetivo de la rebaja del quorum para el contingente “judicatura”. Si esto ocurriese, los “Doce” del contingente judicial podrían ser designados mediante mayoría absoluta de apoyo en cada Cámara, pero la situación de bloqueo se mantendría en cuanto a la designación de los “Ocho” del “juristas de reconocida competencia”.

Para éstos, no ya el “espíritu”, la literalidad de la Constitución exige el 3/5 de apoyo parlamentario. Eso no hay quien lo toque. Surrealista la hipótesis de un Consejo compuesto de parte “aprobados” y parte “desechados”, seguimos en impasse. Es más, es previsible que la entrada en vigor de la Proposición Legislativa alentaría a las fuerzas políticas contrarias a la misma a concentrar sus esfuerzos en cada renovación, impidiendo la designación de los “Ocho”, ese Octavo de caballería a quien sobraría azuzar porque ni siquiera nació.

IV.- Por todo ello, los españoles hemos de congratularnos con la noticia última (22 octubre) de que el Gobierno ha paralizado la Proposición de Ley en aras de negociar con la Oposición. Y expresar nuestro deseo de que mañana y pasado mañana, esas negociaciones discurran sin descanso: sumar días a los más de setecientos de bloqueo no van a desbaratar nuestra buena práctica judicial. Una fórmula sería -en este punto conforme al proyecto PP, vigente en nuestro entorno europeo- el método de renovaciones parciales del Consejo, concretamente por tercios.

Y para el supuesto indeseable de fracaso, no quedaría sino reclamar de los actuales miembros del CGPJ en funciones, que diesen una lección de vergüenza ajena y propia anunciando su dimisión en bloque.


Última actualización el Sábado, 31 de Octubre de 2020 12:24
 
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Escrito por Enrique Guerra   
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