Soy Leyenda: PP PDF Imprimir E-mail
Escrito por Pilar Ruiz   
Jueves, 22 de Noviembre de 2012 09:02

SOY LEYENDA: PP

En este brumoso, triste y gris 20N se cumple un año desde que el PP accediera al poder, en buena parte avalado por la autoleyenda que se habían labrado de magníficos creadores y gestores de riqueza. Un año ha bastado para que la leyenda, junto con el Sr. Rato y Bankia, saltara por los aires.

Amparados en la ficticia cuenta de resultados de los gobiernos de Aznar, hicieron creer a la ciudadanía –y creo que ellos también se lo creían- que cuando gobernaran, por el simple hecho de ser quienes eran, todo iba a ser de color de rosa: la derecha que gobernaba mayoritariamente en Europa, los grandes capitales… todos se lo pondrían facilito porque, al fin y al cabo, eran de los suyos.

A 365 días de gobierno del PP, el balance es lamentable: ningún Ejecutivo, incluido el último de Rodríguez Zapatero, tiene una valoración tan negativa. Valoración ganada a pulso. Veamos algunas de las causas: pérdida de derechos sociales; enorme deterioro de la Educación y la Sanidad Pública; hundimiento de la industria cultural –y somos la segunda lengua nativa más hablada del planeta-; desánimo y crispación creciente de la sociedad –y  menos ayuda a que, con el pretexto de “las obras”, para evitar problemas, el Gobierno haya decidido eliminar la “jornada de puertas abiertas” que tradicionalmente se celebraba en el Congreso cada año-. Todo ello sumado a la extrema gravedad del número de parados –hoy, gracias a sus medidas económicas, hay casi un millón más-, y al drama de los desahucios  por las hipotecas impagadas.

Y como colofón la elecciones catalanas. ¡Qué magnífico ejemplo de buen hacer político! Todos los españoles nos sentimos muy orgullosos de que, una vez más, el inexistente debate político se vea sustituido por los escándalos de corrupción.

Frente a todo este balance de pérdidas ¿hay algo positivo que destacar en este infernal año? Díganme si encuentran algo. Sí, lo ha habido para algunos. Los que crearon la crisis, la Banca, ha conseguido que la deuda privada se haya hecho pública, que una de las causas de la ruina española –el tamaño desmesurado de las Administraciones Públicas- siga sin acometerse su reforma. Y la reforma de las AAPP no es poner a funcionarios en la calle, sino que los puestos de trabajo, sobre todo los más remunerados, no sean duplicados por una serie de “asesores” nombrados a dedo por los cargos políticos, con el único objeto de colocar a sus tropas, familiares y/o amigos.

Ya no vale que a los españoles se nos diga eso de “la herencia recibida”, pues Ustedes, señoras y señores del PP formaban parte de esa herencia  y a ella contribuyeron en gran medida con sus nefastos gobiernos autonómicos y su falta de rigor en su trabajo de oposición. No nos vuelvan a decir nunca más lo malos que son los chicos del PSOE. De una maldita vez empiecen a demostrar –si es que saben- lo buenos que son ustedes.

Última actualización el Jueves, 22 de Noviembre de 2012 09:03
 
Estado laico PDF Imprimir E-mail
Escrito por Laureano Gómez   
Martes, 20 de Noviembre de 2012 10:40

(El contenido que sigue se basa en la idea de que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo privado y por tanto deben ser ajenas al Estado y a la actividad política).

 

1.- Constitución española y Estado laico

 

La constitución española establece en su Art. 16.3 que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” y añade a continuación “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas”.

Mas adelante, en el Art. 27.3 dice que “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones”.

 

Oímos hasta la saciedad que España es un Estado laico o aconfesional, es decir que existe una separación entre el Estado y cualquier confesión religiosa, o dicho de otra forma, que las creencias religiosas están al margen de las instituciones del Estado. Pero esto no es cierto de ninguna de las maneras.

 

La Constitución española menciona expresamente, como hemos visto en el Art. 6.3, a la Iglesia Católica (IC), con quien se establecerán relaciones de cooperación. Estas relaciones ya estaban establecidas antes de la aprobación de la Constitución, en tiempos de la dictadura franquista. Se trata de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, aún vigentes aunque renovados en noviembre de 1979. Estos acuerdos son más bien el establecimiento de una serie de privilegios para la IC entre los que se encuentran:

           

            1.- La ayuda al sostenimiento económico de la IC por parte del Estado español (acuerdos económicos, Art. II)

2.- La exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana y de los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio y sobre Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales (acuerdos económicos, Art. IV)

3.- El Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa (acuerdos enseñanza, preliminares)

4.- La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana (acuerdos enseñanza, Art. I)

 

En estos acuerdos “La IC declara su propósito de lograr por si misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores, por otros campos y formas de colaboración económica entre la IC y el Estado” (Art. II.5).

 

Por otra parte, la ley de Mecenazgo de 2002, que regula el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, considera como tal a la IC y a todas las entidades y centros dependientes de ella, cuando ciertamente sabemos que estas no siempre están exentas de lucro.

 

La consecuencia de estos acuerdos es que la IC, es una estimación ante la falta de transparencia de estas cuentas, obtiene un beneficio del Estado Español del orden de 11.000 millones de € anuales (asignación IRPF, exenciones tributarias, centros de ideario católico, asistencia sanitaria y obra social, mantenimiento del patrimonio y otros conceptos).

 

Por si fuera poco la modificación de la ley Hipotecaria, llevada a cabo durante el primer gobierno de Aznar, concede a la IC la potestad publica de inmatricular a su nombre bienes (eclesiásticos o no, urbanos, rústicos o solares). De esta forma se esta adueñando de bienes que eran considerados por los ciudadanos como municipales (el ejemplo mas sangrante es la apropiación, por este derecho, de la Mezquita de Córdoba).

 

El poderío económico de la IC, le sirve para una ejercer una extraordinaria influencia en los poderes del Estado y condicionar el sistema educativo para sus intereses evangelizadores dirigidos a los niños y niñas, desde la más corta edad, cuando sus mentes están dispuestas a recibir todo tipo de influencias del exterior.

 

Hemos podido comprobar como la IC se ha opuesto de manera muy beligerante ante cualquier proyecto de ley que pudiera mermar sus privilegios y muy especialmente la batalla contra la asignatura Educación para la Ciudadanía.

 

2.- Realidad social

 

            Difícilmente se puede sostener que el Estado Español es aconfesional, cuando una confesión religiosa posee tan alto grado de privilegios por parte del Estado. Seria un error hacer extensivo estos privilegios al resto de confesiones, como pretenden estas últimas.

 

            Para mayor abundancia, la realidad esta marcada de actos públicos en los que la presencia de la jerarquía eclesiástica o de los símbolos religiosos católicos están presentes, con independencia de la pertenencia a un partido político u otro (comenzando con la toma de posesión o jura del presidente del gobierno, ministros y resto de cargos públicos ante un crucifijo y los textos bíblicos). De manera análoga, multitud de actos religiosas son presididos por las autoridades políticas (desde alcaldes y concejales hasta la presidencia del gobierno).

 

            Sin embargo esta interacción entre lo publico y lo eclesiástico no esta en consonancia con la orientación de los españoles y españolas en materia religiosa. Según datos del CIS correspondientes al año 2010, en torno al 21% de la población española se declara como no creyente o atea, porcentaje muy superior al 9,8% registrado veinte años atrás. Es significativo que aquel porcentaje sube al 30% entre los jóvenes de 15 a 29 años.

 

            Siguiendo con datos de la citada encuesta, el 80% piensan que la IC no debe influir en las decisiones del gobierno ni interferir en los procesos electorales. El 52% piensa que la IC posee demasiado poder en la sociedad española.

 

La practica religiosa es otro de los aspectos destacados, habiendo disminuido los bautizos y comuniones, así como los matrimonios católicos (actualmente por debajo del numero de bodas civiles).

Por consiguiente podemos concluir en que la IC ostenta un poder en el Estado que no le otorga la sociedad española, no existiendo razones para no cambiar este estado de cosas e ir decididamente hacia un Estado laico.

 

 

3.- Que hacer

 

            a) Es preciso recoger, en una supuesta modificación de la Constitución, el carácter aconfesional del Estado y no hacer mención alguna a ninguna confesión religiosa, ni en particular ni de forma general.

 

b) Derogar definitivamente los Acuerdos con la Santa Sede (el Concordato). Debe hacerse efectiva el compromiso de la IC de autofinanciarse establecido en los propios acuerdos.

 

c) Derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y sustituirla por otra de Libertad de Conciencia que proteja todo tipo de creencias y convicciones, sean de naturaleza religiosa o de cualquier otra naturaleza.

 

d) Es necesario suprimir la simbología religiosa de los actos oficiales y de los espacios de titularidad publica. Los actos confesionales no deberán tener carácter oficial, ni los oficiales carácter confesional.

 

e) Eliminar el derecho de la IC a inmatricular bienes, recogido en la Ley Hipotecaria.

 

4.- Sociedad democrática.

 

            Si en un Estado democrático se respeta la pluralidad ideológica, se debe respetar igualmente la pluralidad religiosa, agnóstica y atea. Un Estado no laico no puede considerarse un Estado democrático.

           

El laicismo va asociado a la libertad, es indisoluble de ella, de forma que cuanto más laico es un país mas libres son sus ciudadanos.

 

            Mientras el poder civil y el poder religioso permanezcan juntos en el escenario político, nuestra sociedad no será más democrática ni seremos mas libres.

 

 
Diez preguntas para el ministro Wert PDF Imprimir E-mail
Escrito por colectivo Lorenzo Luzuriaga   
Sábado, 10 de Noviembre de 2012 16:13

Titulo: Diez preguntas para el ministro Wert

Fecha: Noviembre de 2012

Autor: Colectivo Lorenzo Luzuriaga

DOCUMENTO sobre la L.O.M.C.E.

 El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado el anteproyecto de una nueva ley de educación, la número 11 de las promulgadas desde 1980(1). Sin embargo, no es una nueva ley lo que la sociedad española está demandando sino políticas que mejoren la educación, políticas que se pacten con la comunidad escolar, con las fuerzas sociales y con los partidos políticos para dar sostenibilidad y permanencia a las reformas. No obstante, si se estimara que algunas políticas de mejora exigirían modificar por ley determinados aspectos, y no se quiere que se comience a pensar ya en la duodécima ley, sería necesario un gran acuerdo, como en el que en su día propuso el ministro Gabilondo, que permitiera mantener la arquitectura del sistema educativo durante un amplio periodo de tiempo (las reformas educativas sólo son fecundas si los gobiernos sucesivos las mantienen y las refuerzan). En todo caso, parece que, siendo tantas las leyes promulgadas durante la democracia, la propuesta de otra norma de ese rango debería ir precedida de un riguroso diagnóstico de la situación de nuestro sistema educativo –lo que no se ha producido- y de una consulta expresa a los representantes de la comunidad educativa. Hasta el momento no se cuenta ni con un diagnóstico serio ni con el consenso de la comunidad escolar -por mucho que se afirme en el preámbulo (2) de manera un tanto cínica-, y, mucho nos tememos, que se efectúe también sin acuerdo parlamentario.

Si a todo ello se le añade el momento en el que se presenta la ley, quizá el peor de los posibles, con una España en crisis económica y social, y con un Gobierno que sustenta toda su actuación política en los recortes presupuestarios, especialmente en educación, no parece que estemos ante la coyuntura más adecuada para la tramitación de la nueva ley ni para suscitar acuerdos, algo sumamente necesario si se quiere una implantación serena, fructífera y responsable y, como dice el preámbulo, sostenible en el tiempo.

Por otra parte, la propuesta de una nueva ley debería ir dirigida a mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos, la formación y condiciones de trabajo del profesorado y a asegurar a los padres la mejor educación para sus hijos independientemente del centro en que los escolaricen. Tampoco parece que sean estos los fines que persigue la norma, dados los obstáculos y barreras que se van a aplicar a los estudiantes, el claro empeoramiento de la situación de los profesores y la intranquilidad que le va a suponer a los padres las grandes

diferencias que pueden establecerse entre los centros. En suma, la nueva ley parece proponer un modelo educativo basado en la selección, la segregación y la desigualdad, que son justamente las características que los estudios internacionales nunca han señalado como rasgos esenciales del sistema educativo español.

Aunque es propósito del Colectivo Lorenzo Luzuriaga realizar un documento más extenso cuando el anteproyecto sea un proyecto debatido en el Congreso de los Diputados, como muestra de una grave preocupación por la orientación del mismo, y aun reconociendo la inoportunidad de la norma, dirigimos, no obstante, al Gobierno y, en su nombre, al ministro Wert, las siguientes preguntas:

1 ¿Cómo se puede afirmar que esta reforma educativa no es ideológica (3) cuando se constata que es un proyecto agresivamente ideológico?

De la lectura del preámbulo de la ley y de su articulado surgen múltiples motivos para la preocupación que está ya aflorando en el alumnado, personal docente, padres y madres de alumnos, agentes sociales y fuerzas políticas, ya que parece que se propone más un modelo laboral que un modelo educativo. No hace falta nada más que leer las primeras palabras del texto (4) para darse cuenta de en qué terreno nos encontramos. Se concibe un sistema educativo basado más en la competitividad que en la competencia; en el mercado, más que en el conocimiento; en el empleo, y no tanto en el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos (como dice el artículo 27.2 de la Constitución). Se restringe, sin duda, la capacidad integradora de la escuela, generando una sociedad más desigual y, seguramente, más iletrada.

2 ¿Cómo confiar en un ministro que lleva un año subvirtiendo sistemáticamente el lenguaje, afirmando lo contrario de lo que las palabras significan y tratando de convencer a la sociedad de la bondad de su propuesta claramente ideológica?

No ha pasado inadvertido a la opinión pública el lenguaje orwelliano del ministro Wert, la manipulación semántica de conceptos, ideas y valores básicos que, de acuerdo con el pensamiento neoconservador, están siendo tergiversados: los recortes son reformas; la segregación por sexos es educación diferenciada; los colegios concertados son centros de iniciativa social; el aumento de las ratios mejora la socialización o, mejor, el número de alumnos por clase no aumenta se flexibiliza; la subida de las tasas universitarias y la disminución de las becas fomentan la excelencia; la educación de ciudadanos es adoctrinamiento; endurecer el régimen de becas promueve el esfuerzo; empeorar las condiciones de trabajo del profesorado mejora la enseñanza; la educación es un gasto, no una inversión; el esfuerzo inversor de la última década no ha mejorado la educación, sino que es un dispendio; los problemas de la educación no son de inversión sino de eficiencia, etc., etc.

3 ¿De qué calidad se habla cuando se dice que esta ley se promulga para mejorar la calidad de la educación?

Aunque la calidad no es un término unívoco, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y desde luego en la Constitución de 1978, la calidad se entiende en función del cumplimiento de los fines asignados a la educación, es decir, habrá calidad cuando se logre el pleno desarrollo de la personalidad del educando, lo que en expresión usual se identifica con la formación integral. No es esta la calidad que impregna el proyecto Wert que, en su preámbulo, asigna a la educación el papel de promover “la competitividad de la economía”, preparando al alumnado para el mercado de trabajo. De los otros fines, relacionados con “el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, como dice la Constitución, no hay ni sombra en el proyecto: de la formación para la ciudadanía apenas queda nada en la ley ya que ha sido suprimida de varias etapas educativas y lo que subsiste está sumamente alejado de la formación cívica.

Por otra parte, los estudios internacionales a los que tan aficionado es el ministro Wert no sólo no apoyan sino que descalifican el proyecto, tal y como por ejemplo señala un reciente estudio de la OCDE, de febrero de 2012, donde se dice expresamente que la calidad se hace realidad cuando se despliega la potencialidad educativa de la persona y se logra la inclusión social. El informe de la OCDE a este respecto es taxativo: “Equidad en educación significa que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o los antecedentes familiares, no obstaculicen el logro del potencial educativo (justicia) y que todos los individuos alcancen al menos un nivel mínimo de competencias (inclusión) (5), señalando, por otra parte, en el resumen introductorio, que “la falta de equidad e inclusión puede llevar al fracaso escolar” (6).

Poco o nada hay de equidad en un proyecto obsesionado por la competitividad y por la productividad, propias de una visión economicista de la educación.

4 ¿Cómo se puede decir que el principal objetivo para mejorar la calidad es atender a los resultados de los alumnos (output) y no al nivel de la inversión (input), disociando ambos términos?

El ministro Wert que se está revelando como un aventajado alumno en el uso del lenguaje, presenta una verdad a medias: es cierto que más inversión puede no producir más calidad de educación, pero sólo cuando el país ha alcanzado ya un determinado nivel de inversión que nosotros no hemos logrado todavía, sobre todo si tomamos como referencia a los mejores sistemas educativos de Europa. Olvida el ministro que estos sistemas, con los que queremos compararnos, invierten, desde hace muchos lustros, entre un 6% y un 7% del PIB en educación.

Según las últimas estimaciones solventes, el gasto público se encuentra hoy, a consecuencia de los recortes, en un 4,3% del PIB frente al promedio de la OCDE (5,4%), desde luego muy lejos de países como Finlandia (6,1%) o Suecia (6,7%), por ejemplo, países que vienen realizando esa notable inversión de manera sostenida durante varias décadas y que alcanzan notables resultados en las evaluaciones internaciones. El ministro Wert, parece ignorar que en el último informe de la OCDE sobre indicadores de la educación, el de 2012, publicado por su departamento, se afirma que las inversiones en educación “son altamente rentables” y que “a medida que se incrementa el nivel educativo, mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión” (7).

5 ¿Cómo puede sustentarse un proyecto sobre un aspecto tan descalificado por los estudios internacionales como la repetición de curso?

Una de las cosas más sorprendentes de la lectura del proyecto es la obsesiva reiteración de la repetición de curso en los diversos niveles educativos. Hasta el momento no parece que el ministro Wert se haya preguntado sobre las causas que obligan a los alumnos a repetir curso (al parecer basta con que no respondan a las expectativas de las diferentes evaluaciones y pruebas), pero cabe preguntarse si la repetición se produce porque tenemos un currículo enciclopédico inadecuado, o porque el tiempo que se da para cursarlo no es suficiente para un número importante de alumnos, o porque pesen circunstancias personales y familiares desfavorables de origen socioeconómico o cultural. En todo caso, la repetición no es la solución. Sucesivos estudios nacionales e internacionales han señalado que la alta tasa de repetición en España no conduce al éxito escolar. En realidad, a los alumnos no se les recupera, sino que se les castiga y estigmatiza. Finalmente, a pesar del entusiasmo del ministro por los estudios internaciones, olvida uno muy reciente de la OCDE, ya citado, en el que, para prevenir el fracaso escolar, recomienda, entre otras medidas, “Eliminar la repetición de curso: La repetición de curso es costosa y no mejora los resultados educativos.”8 Y entre las alternativas que propone se citan las de “prevenir las lagunas de aprendizaje durante el año lectivo; permitir un pase automático o limitar la repetición a materias o módulos reprobados proporcionando un apoyo especial; y favorecer un cambio cultural contra la repetición"(9).Pero, claro, las medidas de refuerzo y de apoyo al profesorado exigen recursos: es más fácil hacer cargar la repetición sobre el alumnado.

 6 ¿Cómo se puede pretender que por adelantar la elección de itinerarios en la E.S.O. se va a reducir la tasa de abandono escolar?

En este punto clave de la reforma se pone de manifiesto algo que es connatural a la misma: la selección y consiguiente segregación del alumnado, así como la falta de igualdad de oportunidades. Adelantar a 3º de ESO la elección de itinerarios significa que una parte considerable de estudiantes sólo conseguirá un simple Certificado de Estudios, o, en el mejor de los casos, una Formación Profesional Básica, ya que los Programas de mejora del aprendizaje que se propone no permiten, como en el caso de los actuales Programas de diversificación curricular –que esta ley suprime-, el acceso directo al Título actual de Graduado en Educación Secundaria. Lo cierto es que la segregación temprana del alumnado nos retrotrae al sistema educativo anterior a la Ley General de Educación de 1970; por otra parte, el acceso a la Formación Profesional que se propone corre el riesgo de convertirse en una fórmula para emplear aprendices sin salario. En todo caso, los ciudadanos españoles deberían saber que muchos de sus hijos van a tener desde muy temprano grandes dificultades para proseguir sus estudios en el sistema educativo. Estos alumnos, por tanto, no abandonan, sencillamente se les expulsa del sistema y, en consecuencia, van a aumentar las tasas de fracaso y de abandono.

7 ¿Cómo se va a poner en práctica el sistema de formación dual en la Formación Profesional si el Estado y las comunidades autónomas están llevando a cabo grandes recortes en educación y las empresas no han manifestado nunca la intención de financiar activamente esta modalidad de enseñanza?

El texto normativo confiesa que se pretende canalizar una proporción mayor de estudiantes hacia la Formación Profesional y facilitar las vías de acceso a los grados de formación profesional. Todo el mundo coincide en que la Formación Profesional sigue siendo la asignatura pendiente del sistema educativo y productivo español, pero de ahí a convertir el sistema educativo en un auténtico sistema dual hay un gran trecho (financiero) que no parece que en estos momentos se pueda conseguir. Hay que tener en cuenta que la financiación del sistema dual alemán que se propone implantar corre a cargo de las empresas fundamentalmente, lo que resulta de muy difícil aplicación en España donde un porcentaje amplísimo del tejido empresarial lo constituyen las pequeñas y medianas empresas, sin que las grandes empresas hayan manifestado, que se sepa, su deseo y su voluntad de colaborar financieramente en esta implantación. Resulta muy poco realista pensar que las PYMES vayan a financiar la formación dual; la dificultad a priori de esta posibilidad parece garantizada, máxime si se tiene en cuenta que este asunto no es de exclusiva competencia del ministro Wert sino que es compartida con el Ministerio de Empleo.

 8 ¿Cómo se puede sostener que se va a incrementar la autonomía de los centros docentes confiando las decisiones al director en detrimento del Consejo Escolar de centro?

 El debilitamiento de los órganos de representación en todos los ámbitos –social, educativo, sindical, etc.- se ha convertido en una de las señas de identidad del Partido Popular. En el campo de la educación se pretende, además, violentar la Constitución española con tal de conseguir el fin que se proponen, que no es otro que convertir los centros públicos en empresas de gestión educativa incentivando al máximo los poderes del director. Este planteamiento, junto con la concepción privatizadora que tiene de la educación el partido en el Gobierno, supone un claro atentado a la comunidad escolar y al funcionamiento democrático de las instituciones. La participación es la base de la comunidad educativa y, gracias a ella, se construye la acción educativa, autónoma y responsable de cada centro educativo. Es un contrasentido pretender incrementar la autonomía de los centros negando la capacidad de decisión, gestión y control de los órganos de participación, todavía mayor cuando se pretende confiar toda la acción de gobierno de un centro a una sola persona. En relación con este punto cabe considerar también la inconstitucionalidad que supone que los profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos no puedan intervenir en “el control y gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos” (artículo 27.7). La comunidad educativa debería reflexionar muy seriamente sobre este planteamiento que va a afectar a todas las actuaciones de los centros. El colectivo Lorenzo Luzuriaga ya fijó su posición en este tema en un Documento (10) en el que se concluía que la autonomía curricular, pedagógica y organizativa es un buen instrumento para mejorar la calidad de la educación, siempre que asegure la participación de la comunidad educativa en el proyecto, se dote a los centros de los recursos necesarios para poder ejercerla y se capacite a los equipos directivos, al profesorado y a la Inspección educativa en las capacidades y habilidades que exigen la autonomía escolar.

 9 ¿Cómo se puede pretender intensificar el uso de las TIC para personalizar la educación, adaptándola a las necesidades y al ritmo de cada alumno?

 Es cierto que todos los estudios internacionales indican que los alumnos deberían utilizar las TIC para el aprendizaje dentro y fuera del aula, por lo que un aumento de la utilización de las TIC en el sistema educativo es cada vez más necesario, pero esto requiere que se realice un aumento de inversión para garantizar unas infraestructuras suficientes de redes, equipos y software adecuados. Teniendo en cuenta que han sido las Administraciones educativas gobernadas por el Partido Popular las que han dinamitado de modo permanente el Programa Escuela 2.0 propiciado por el Gobierno anterior y que el Gobierno actual ha decidido suprimirlo sin ofrecer una alternativa real a cambio, la ciudadanía se debería plantear si el mismo Gobierno que ha frenado que cada niño disponga de un ordenador personal con acceso a Internet y un aula digital ad hoc va ahora a convertirse en el paladín de la intensificación de las TIC.

 Los estudios internacionales también indican que el uso eficaz del ordenador no sólo depende del equipamiento disponible (aunque la ratio alumno-ordenador sigue siendo uno de los principales indicadores) sino también del uso que se haga de ellos. El aprendizaje eficaz utilizando las TIC no supone el cambio del profesor por el ordenador, sino una modificación del rol del profesor que se convierte en tutor y orientador del aprendizaje, donde el conocimiento y la preparación de materiales adecuados toma un papel primordial, para lo que el profesorado requiere tiempo y formación específica, necesitándose unos recursos que no se contemplan en el anteproyecto.

 10 ¿Cómo es posible evaluar el proceso educativo exclusivamente con pruebas externas al final de cada etapa? ¿Cómo se propone al final de la escolaridad obligatoria una reválida cuya superación es necesaria para conseguir el título de graduado y para poder proseguir los estudios del sistema educativo?

 El colectivo Lorenzo Luzuriaga no discute la necesidad de alguna prueba que ayude a favorecer la homogeneidad del sistema educativo, pero de ahí a que desde 3º de ESO, cuando el alumno tiene 14 años, se le abran o se le cierren las puertas al acceso de cualquier estudio universitario, porque la nueva ley prohíbe la actual permeabilidad del sistema, hay una considerable diferencia que no es justo traspasar. Con la sobreabundancia de pruebas que contempla el anteproyecto sólo un porcentaje muy reducido de alumnos –y, desde luego, no precisamente pertenecientes a las clases más desfavorecidas- va a poder acceder a la Universidad. En todo caso, esta sucesión de pruebas externas va a provocar una clara desprofesionalización del profesorado, ya que su función quedará reducida a preparar a sus alumnos para las pruebas externas, con lo que se desvirtúa también la evaluación continua y se pervierte todo el proceso de aprendizaje.

Finalmente, por las graves consecuencias que produce, debería revisarse tanto la existencia de una revalida al final de la escolaridad obligatoria como el mismo título de graduado en ESO. Superar una reválida para obtener un título, sin el cual no es posible legalmente continuar en el sistema educativo, supone excluir toda posibilidad de continuar estudios postobligatorios a un importante contingente de alumnos, conduciendo a una alta tasa de fracaso escolar. Esta situación no se produce en la mayoría de los Estados miembros de la OCDE porque el requisito de un título no existe o no tiene efectos excluyentes para posteriores estudios. Las Administraciones educativas, en lugar de una reválida y un título, deberían proporcionar al final de esta etapa obligatoria un certificado de las competencias adquiridas en diez años de escolaridad, de manera similar a como hace Inglaterra con el General Certificate of Secondary Education. Dicho certificado facultaría para proseguir determinados estudios en la educación postobligatoria, abriendo la posibilidad de que aquellos alumnos que desearan realizar estudios no respaldados por el certificado correspondiente pudieran, de forma voluntaria, participar en un procedimiento reglado de evaluación de esas competencias a fin de acreditar el nivel adecuado para proseguir dichos estudios.

 


(1) LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE; LOCU; LRU, LOU, LOMLOU

(2) “Esta ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con toda la comunidad educativa”

(3) El anteproyecto subraya que “es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debatesideológicos que han dificultado el avance en los últimos años”.

(4) “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía”.

(5) Equidad y calidad de la educación: Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas. Resumen en español.

OCDE, 2012, p. 2.

(6) Ibídem, p. 1

(7) Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2012. Informe español, Madrid, Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, 2012., p. 25.

(8) Equidad y calidad de la educación: Apoyo a estudiantes y escuelas en desventajas. Resumen en español.

OCDE, 2012, p. p. 2

(9) Ibídem, p. 3

(10) “Autonomía y evaluación de los centros docentes”, Colectivo Lorenzo Luzuriaga, febrero, 2012


Última actualización el Sábado, 10 de Noviembre de 2012 16:15
 
La connivencia de la prensa con el poder político PDF Imprimir E-mail
Escrito por Manuel Arias   
Martes, 09 de Octubre de 2012 09:48


                      Os invitamos al debate sobre


LA CONNIVENCIA DE LA PRENSA CON EL PODER POLÍTICO


                                                     CON 


                                                      Manuel Arias

                   Periodista. Redactor Jefe de Diario Progresista

 

 

 

 

      Fecha: 19 de  Octubre  a las 20,30 horas 

      Lugar: Restaurante  “Puerta de Toledo” (C/Toledo, 120)

      Reserva  cena  (23 €):  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   


Última actualización el Lunes, 22 de Octubre de 2012 08:05
 
La reforma educativa del PP PDF Imprimir E-mail
Escrito por Aurora Ruiz   
Lunes, 01 de Octubre de 2012 08:06

      Fecha: Septiembre de 2012

Autora: Aurora Ruiz

 

El Consejo de ministros aprobó el pasado 21 de septiembre el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Una Ley que contiene un conjunto de objetivos y propuestas que analizados globalmente ponen de manifiesto la ideología subyacente y  la pretensión,  al amparo de la crisis, de  implantar un modelo educativo alternativo de ideología neoconservadora y neoliberal, que conlleva  apartar al Estado como máximo responsable de la educación y traspasar esa responsabilidad a grupos y entidades mediante la privatización del servicio público y la degradación de la escuela pública;  no olvidemos que una de  las  primeras actuaciones del ministro Wert fue  la suspensión de  la oferta de empleo público, lo cual  refleja claramente  la intención de este Gobierno de debilitar este sector. 

En primer lugar hay que destacar la pobreza de este anteproyecto, de no más de 27 páginasy algunos de sus principales fallos, inadmisibles en proyectos de tanta trascendencia para un país o nación. Para abordar cualquier reforma educativa, que en principio se supone con la sana intención de mejorar la calidad de la enseñanza, se debe cumplir un protocolo de actuación con los pasos básicos a seguir: 1º) realización previa de un diagnóstico de la situación de la que se parte, 2º) exposición y argumentación de los cambios que se pretenden, y 3º) acudir al consenso social.

Sorprendentemente ninguno de estos pasos básicos se han llevado a cabo, aun cuando en sesión parlamentaria de 20 de junio en contestación al diputado socialista Mario Bedera, el ministro Wert afirmó que  vamos a traer a esta cámara un proyecto de ley de mejora de la calidad de educación no sin antes discutirla con toda la comunidad educativa y con toda la sociedad.   

Como punto de partida en el anteproyecto de ley se exponen las fortalezas y debilidades del sistema con una simpleza y superficialidad impropias de un Ministerio de Educación, que ni siquiera ha tenido en consideración los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Evaluación, ni por la OCDE, que laudatoriamente dice de nuestro sistema educativo que en poco tiempo ha recorrido un largo camino convertido, además, en instrumento eficaz de nivelación social.

Es cierto que son muy altas las tasas del tan traído y llevado “fracaso escolar”,  pero se oculta que  la media en España ha disminuido cinco puntos en los últimos años, y que hay diferencias muy importantes entre las tasas del fracaso escolar entre unas comunidades y otras,  circunstancia que debería ser objeto de análisis para tomar las medidas necesarias. Pero en las propuestas que se hacen para su reducción no se tienen en cuenta las recomendaciones que la OCDE  hace para prevenir el fracaso y el abandono escolar, entre otras evitar la separación temprana y la segregación de los estudiantes.  Por el contrario, esta Ley aboga por una selección temprana de los estudiantes en 3º de la ESO, y por una segregación de los alumnos según sus capacidades y sexo.

En el  primer apartado se enumeran  las propuestas y objetivos  prioritarios  de la futura Ley que, sin complejos, deja muy claro el modelo educativo que se persigue con  la misma. Un modelo educativo que apuesta prioritariamente por el crecimiento económico y la competitividad, por una calidad educativa entendida por los resultados  de los estudiantes y nunca por la inversión y los recursos empleados. Un modelo educativo que propone en educación obligatoria como fin prioritario obtener las capacidades y conocimientos básicos para el empleo, lo que implica obviar el mandato constitucional  que establece como fin de la educación el pleno desarrollo de la personalidad del alumno yen estrecha relación con este fin, el mismo texto constitucional sitúa el de educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, lo que se puede leer como “educación para la ciudadanía”, que por cierto acaban de suprimir en la educación primaria.

Seguidamente, el artículo 2 de la LODE asigna a continuación de las anteriores dos fines más al sistema educativo  la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos,   la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.   

De los tres fines indicados: desarrollo de la personalidad, educación para la ciudadanía y educación para el trabajo,   esta reforma plantea como fin casi en exclusiva la educación para el trabajo. El priorizar como misión primordial de la escuela la preparación para el mercado de trabajo frente al resto de sus fines y el predominio de los valores de competitividad frente a los de cooperación y solidaridad, conduce a un modelo educativo mercantil que se basa en exclusiva en  potenciar el  talento de los estudiantes ofreciéndoles según estén dotados diferentes trayectorias formativas, sin consideración alguna a su procedencia social y económica. Además conduce a un papel residual  a  la  Escuela Pública, que tiene su sentido más profundo en la universalidad de los valores de solidaridad,  equidad  e integración social, y que centra su acción educativa en el rigor científico, la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad en el trabajo.

 

Un sistema educativo debe promover de manera equilibrada la instrucción y la formación, la solidaridad y la competencia personal. A medio plazo, la educación sólo para la competitividad supone   la destrucción de los valores de cohesión social y solidaridad, que son el fundamento de las sociedades democráticas.

 

 Priorizar la educación para la competitividad, como fomenta el discurso neoconservador, está ganando terreno entre la ciudadanía que, cada vez más, exige a la escuela  una enseñanza competitiva frente a los valores de una educación basada, como se ha apuntado, en el rigor científico, la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad en el trabajo.

 

Es  necesario transmitir a la  ciudadanía que sólo desde esta última concepción se forma a personas más capaces para asumir las tareas que conlleva una sociedad cada vez más plural y global, sin inculcarles sentimientos insolidarios ni un espíritu tan competitivo que puede causarles graves frustraciones a lo largo de la vida..


 El documento aprobado  tiene, entre otros,  tres planteamientos muy preocupantes: El primero  es dar como fin primordial de la educación obligatoria la formación para incorporarse al mercado de trabajo, pero ¿qué trabajo a los 16 años?  El segundo   sustituir el valor de la competencia, entendida como la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades,  por el de la competitividad.  Y, el tercero,   introducir de forma prematura la selectividad de los alumnos.  

 

La idea de  libertad  va  unida inexorablemente a la de la igualdad,  que es el principio más distintivo y perdurable de la socialdemocracia. La libertad no puede reducirse, como dice la derecha,  a la libertad del mercado para la enseñanza y  a la libre elección de centros –que por cierto sólo puede ejercer una minoría privilegiada-. Cuando desde el PP se  defiende la libertad de enseñanza, el derecho a la elección de centro docente y la escuela concertada, veladamente está   defendiendo la subsidiaridad del Estado en la provisión de educación,  y  condenando  a la escuela pública a una existencia marginal y residual.

A fin de convencer a la ciudadanía de la bondad de su nuevo modelo educativo, este Gobierno manipula descaradamente el lenguaje, de manera que nos encontramos que de ahora en adelante la segregación de los niños y de las niñas es  “educación diferenciada”;  que los colegios concertados son “centros de iniciativa  social”,  que el incremento de la ratio “mejora la socialización”, que  la subida de las tasas y la disminución de  las becas “fomentan la excelencia”, que endurecer los requisitos para obtener una beca se hace para “promover el esfuerzo”, que tratar en el aula sobre la solución pacífica de los conflictos “es adoctrinamiento”, que los recortes no afectan a la calidad de educación y se hacen para “racionalizar el gasto público”,  que “las inversiones hechas en educación no han servido para que el alumnado progrese en conocimientos y resultados”, que “los problemas de la educación española no son de recursos sino en de la falta de eficiencia en el trabajo”,   que “la eficiencia educativa  no es conseguir lo mejor para los más posibles sino  que es   atender a más alumnos utilizando cuantos  menos recursos mejor”, etc.

Amparados en su mayoría absoluta no tienen reparo alguno en exponer que   la educación infantil de 0 a 3 es una etapa con un valor educativo menor y que sólo responde a un carácter asistencial y de conciliación  y  que el plan escuela 2.0 se suprime porque llenar de ordenadores las aulas no ha demostrado ser académicamente rentable y hay estudios que confirman que hay mejores resultados entre los alumnos que no trabajan con ordenador en clase que los que si lo hacen.

Con frases tan elocuentes como es un error que todos vayan despacio para que algunos no se queden atrás, el ministro Wert  deja clara su opción de segregar a los alumnos más necesitados  de apoyos con el fin de que algunos puedan avanzar a  mejor  ritmo. La fragmentación social va a unas velocidades tales que en pocos años terminarán, si no logramos frenarlos, con la universalización de los servicios que con  tanto esfuerzo logramos conquistar.

El Real Decreto-ley de 20 de abril de “Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”  ha sido la avanzadilla de la reforma educativa que el gobierno de Mariano Rajoy se propone hacer con esta Ley .Un aumento en las ratios de alumnos de un 20%, el incremento de las horas lectivas del profesorado, el retraso de 10 días en cubrir las bajas por enfermedad, la posibilidad  de que los centros que imparten bachillerato lo hagan ofertando una sola modalidad en vez de un mínimo de dos, etc. ya ha supuesto un ataque directo a la calidad y a la equidad de nuestro actual sistema educativo.

 

Aurora Ruiz

 

 

 

 


Última actualización el Lunes, 01 de Octubre de 2012 08:09
 
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