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Ponencias y resúmenes
Escrito por Josep Borrell   
Viernes, 11 de Octubre de 2002 00:00


Titulo: Confrontación de poderes

Fecha: 11 de Octubre de 2002

Autor: Josep Borrell 


Puede entenderse el Poder como la capacidad de hacer cosas. Cuando se enfrentan diferentes Poderes con capacidad de influir en determinados hechos, uno de ellos puede ser más fuerte que el otro y consigue aquello que pretende en detrimento de los intereses del otro Poder.

El Estado cuando ejerce el Poder lo hace o debe hacerlo en beneficio de la mayoría de la población, y también en beneficio de las minorías más desprotegidas, aquellas que no gozan de la capacidad de influencia. El Poder del Estado es el Poder público, y tradicionalmente se ejerce de manera total en el monopolio de la capacidad defensiva (ejército), de la seguridad ciudadana (policía), de la justicia, de la elaboración de leyes, de la sanidad, de la educación, de los mecanismos de la economía (emisión de papel moneda, control de los flujos monetarios, recaudación de impuestos, etc.) y de aquellos sectores considerados estratégicos en la economía nacional (energía, comunicaciones), reservándose además la participación en otros sectores en competencia con la industria privada (en España el viejo INI). 

El Poder privado se ejercita en beneficio de quien lo ostenta, ya sea un grupo, un colectivo, una familia e incluso una persona. El Poder privado está motivado por el interés particular; los beneficios que pueda dar a la sociedad lo es de forma colateral, no siendo nunca su objetivo principal.

Por el contrario el Poder público, el Poder que ostenta el Estado lo es en representación de la colectividad, se ejerce o debe ejercitarse en beneficio de la mayoría de la población o de las minorías más desprotegidas, aquellos que menos gozan de los beneficios del Poder privado, o quienes incluso son víctimas del ejercicio del Poder.

Asistimos en las últimas décadas al desarrollo de una corriente política, la neoliberal, que preconiza la cesión de Poder por parte del estado hacia los colectivos privados, hacia las empresas, hacia el mercado, en la idea de que éste actúa como regulador de los movimientos económicos. Es así que los propios gobiernos han ejercido como facilitadores de estas tendencias, legislando en su favor, esto es, cediendo parte del Poder que le era propio.

Los primeros movimientos en esta línea han supuesto, en Europa, la desregulación de los movimientos de capital, la privatización de empresas de carácter nacional, monopolios, en los sectores considerados en su momento estratégicos: el sector de las comunicaciones, los transportes, la energía, el agua, etc. Al mismo tiempo la liberalización de los mercados de capitales y la internacionalización de los mismos han hecho que éstos escapen al control de los Estados, provocando indudables, pedidas de Poder público. Con ello nos encontramos en una situación de adelgazamiento del estado en detrimento del mercado, de los intereses de las multinacionales, de los monopolios de facto en el ámbito privado.

Aún le queda al estado suficiente Poder, pero condicionado a los grupos de intereses privados. Poderes que van desde el ámbito de la cultura, a la sanidad, a la educación, a la seguridad, a la justicia. Cada vez asistimos a un mayor reparto de Poder entre estos sectores que tradicionalmente han formado parte del patrimonio de los Estados europeos continentales y básicamente de la izquierda europea. Aumenta el número de colegios y Universidades, de empresas de seguridad, de clínicas, en el ámbito privado facilitadas por una gestión que las avala.

El Poder que tiene el Estado de influir en los ciudadanos es prácticamente nulo; son de nuevo los intereses privados quienes modelan las conciencias, los valores, quienes validan la información. Cuando quienes disponen del Poder público, porque asó lo han decidido los ciudadanos, lo ejercen en beneficio del propio Poder privado, estamos asistiendo a una prostitución de la democracia representativa, se ha producido una extraña confluencia de intereses entre quienes son poseedores del Poder privado y quienes ostentan la representación ciudadana y están llamados a ejercer honestamente el Poder público. En este orden de osas, los representantes políticos en los sectores económicos y empresas de titularidad pública deben dar cuentas de su gestión al órgano representativo de su partido que los promovió, deben establecerse mecanismos de control que eviten la participación en dichos organismos en beneficio propio.

¿Cómo puede el Estado recuperar las cuotas de Poder perdido? Es preciso en primer lugar dignificar la política, hacer a ésta merecedora del interés de los ciudadanos, ganar su confianza. Es ésta una tarea principal para un discurso diferenciador entre os partidos políticos de derechas y de izquierdas, es preciso levantar la cabeza y establecer la diferencia. Es preciso desenmascarar las políticas de supuesto contenido social, el juego de cifras, las dobles lecturas. Y naturalmente, es preciso volver a recuperar el control de la economía.

Casos como Gescartera  u operaciones como las llevadas a cabo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid  son ejemplos de extrañas confluencias de intereses entre el sector privado y representantes del Poder público. El reciente caso de CPV  presentado en la Comunidad de Madrid, por el que unas 1.200 familias se han quedado se han quedado sin la casa negociada, hecho que no es nuevo y se repite en otras comunidades, es un claro ejemplo de la dejación de funciones del Poder público en manos del privado, no queriendo participar en la gestión del suelo, no impidiendo la reventa de suelo, encareciendo el mismo y perjudicando al destinatario final.

Es preciso por ello revisar la actual legislación en materia urbanística, en las que las CCAA poseen amplias competencias, revisar los planes de ordenación urbana, seguir la ejecución de los planes parciales, disminuir los plazos de ejecución y cuantas medidas sean necesarias en evitación de movimientos especulativos y a favor de quienes necesitan una vivienda. Promover igualmente la disposición de suelo para viviendas de protección oficial estableciendo elementos reguladores que la favorezcan.


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1 El Caso Gescartera fue un escándalo financiero ocurrido en España en 2001, en el que desaparecieron unos 20.000 millones de pesetas (más de 120 millones de euros) y que registró más de 2000 afectados, incluyendo mutualidades públicas, fundaciones, ONG, congregaciones religiosas, y empresas públicas.

2 El perfil de Madrid ha cambiado. Cuatro torres de 250 metros y 50 plantas cada una se alzan al norte dejando pequeña a la torre Picasso… 

  En 1960, el Ayuntamiento de Madrid expropió una parcela de 141.961 metros cuadrados para que el Real Madrid tuviera un campo de entrenamiento. El club lo compró por 11.000.970 pesetas. El suelo siguió calificado como deportivo en los planes urbanísticos de 1963, 1985 y 1997. En 1987, Mendoza intentó, sin éxito, una recalificación. En 1997, Lorenzo Sanz volvió a la carga para edificar los terrenos y sólo obtuvo migajas. Tras negarle el permiso, el Ayuntamiento y la comunidad autónoma, ambas del PP, le compraron 30.000 metros por 4.500 millones de pesetas (27 millones de euros) para aliviar las cuentas del club. Aun así, la deuda del Madrid seguía galopando. Cuando en 2000 Florentino Pérez accedió al cargo gracias al fichaje de Figo, la cifró en 46.200 millones de pesetas (277 millones de euros).

Con Pérez al frente todo cambió. Las puertas del Ayuntamiento se abrieron para el Madrid, pese a que el alcalde era el mismo que le había negado la operación a Sanz, José María Álvarez del Manzano. El club consiguió convertir en edificables los terrenos. En el barrio la edificabilidad es de 0,3 metros de pisos por cada metro cuadrado de suelo, pero el Ayuntamiento accedió a que el Madrid edificase 1,7 metros por metro cuadrado. 

Sólo el PSOE se opuso al acuerdo al considerarlo un pelotazo para el Madrid sin justificación y que la ciudad perdía con el acuerdo. 

En sus cuentas, el Real Madrid reconoce "un beneficio extraordinario de 501.886.000 euros" por la operación. (El País, El fútbol español a pelotazo, 2006)

  La sociedad Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) se constituyó en diciembre de 1997 con un fondo inicial de 700.000 de las antiguas pesetas (4.207 euros). En octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a 1.200 afectados sin casa en los PAU de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas. La Asociación de Afectados por la presunta estafa denunció a la Promotora, no sin dejar de criticar al Gobierno regional y a la Agencia Tributaria no les comunicaran antes "las irregularidades detectadas por estos organismos en el año 2000 en la promotora". Finalmente en 2008 la Audiencia Provincial condenó a un total de 41 años y medio de cárcel a todos los implicados en el caso de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV). La estafa ascendió a 37 millones de euros.