Corrían los años setenta del pasado siglo. España era un estado dictatorial, totalitario, el miedo llevaba instalado en la sociedad española desde la guerra civil. No existían libertades ni derechos, la represión campaba a sus anchas. Sin embargo, muchos españoles y españolas llevábamos tiempo luchando por conseguir una sociedad libre e igualitaria. La muerte del dictador, en noviembre de 1975, fue el desencadenante para que la lucha se intensificara y se planteara la ruptura con el viejo sistema o, al menos, una transición hacia un estado democrático. Sin entrar a valorar si la decisión adoptada, la transición, fue lo más acertado, lo cierto es que comenzaron a imponerse las libertades individuales y colectivas de expresión y los derechos democráticos de reunión, de manifestación y de huelga. Se regularon las relaciones laborales y se garantizaron una serie de derechos a los trabajadores mediante el Estatuto de los Trabajadores y la negociación colectiva. En lo social se hicieron extensivos los derechos a la educación, a la sanidad y a la cultura. La Constitución de diciembre de 1978 reconoce estos derechos y libertades y establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, consagrándose el derecho al trabajo y a la vivienda, aunque estos últimos derechos eran más virtuales que reales.

La conquista de estas libertades y derechos sociales no se consiguió de manera gratuita, sino que fue el fruto de numerosas acciones llevadas a cabo por los diferentes colectivos sociales, sindicales y partidos políticos clandestinos, que derivaron en innumerables protestas ciudadanas en el ámbito de la universidad, del trabajo, de la cultura y de la intelectualidad. Muchos pasaron por las cárceles franquistas por luchar a favor de las libertades individuales y colectivas.

Transcurrido 35 años desde la aprobación de la Constitución Española nos encontramos en un proceso involutivo por el que los derechos conseguidos están siendo dilapidados de forma brutal por el poder político dominante en connivencia con el económico. Han pasado muchas cosas en el escenario internacional durante estas últimas décadas, siendo la más fundamental el sometimiento de la acción política a los intereses de la oligarquía económica y financiera global.

El Partido Popular, instalado en el poder de manera absoluta, esta aprovechando el nuevo status internacional para imponer un nuevo modelo económico-social fundamentado en su ideología neoliberal, esto es, el adelgazamiento del Estado mediante la privatización de los servicios públicos, cuando no la eliminación de muchos de ellos, el establecimiento de una sociedad desigual en la que los accesos a la sanidad, la educación o la cultura estén sujetos a los recursos y posibilidades económicas de cada uno y por ultimo una sociedad amordazada en beneficio de una supuesta seguridad ciudadana de la que presuponen, interesadamente, que estamos necesitados en detrimento de la libertad.   

Las sucesivas reformas llevadas a cabo por el partido gobernante en los dos años de legislatura han ido orientadas al establecimiento de este modelo al que hacíamos referencia con intención de que sean consolidados, si nadie lo impide, en el curso de la misma. La reforma en curso del Código Penal y la nueva ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que bien podría llamarse de Orden Publico por su parecido con las leyes del franquismo, pretenden inmovilizar, neutralizar, amordazar y atemorizar a la opinión publica.  

Visto que la movilidad ciudadana no ha sido lo suficientemente contundente para doblegar al gobierno en ninguno de sus proyectos legislativos y que ni el Partido Socialista ni el resto de partidos en la oposición logran arrebatar su ventaja en las encuestas al Partido Popular, nos abocamos a un Estado, que estando ya al servicio de los intereses de la oligarquía económica local e internacional, se convertirá en un estado totalitario.

Solo unas elecciones en las que los partidos de la llamada izquierda tradicional, contrarios al neoliberalismo, con un discurso renovado, con aspiraciones de representar a la inmensa mayoría de la población, oprimida económicamente, socialmente e intelectualmente, puede cambiar nuestro futuro. Pero quedan aun dos años de legislatura que querrán aprovechar para el adoctrinamiento de la población.