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Ponencias y resúmenes
Escrito por Administrator   
Viernes, 24 de Abril de 2009 22:56


La crisis de la justicia

Puerta de Toledo. 24 de abril 2009


La reforma de la justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna ni interés alguno, ni resistencia alguna que prevalezca sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro; ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas y, además, con el mayor consenso posible.”


Palabras del Presidente R. Zapatero en el debate de investidura.8 de abril 2008



I. La justicia en el Estado Social: ¿poder del Estado o servicio público?


El artículo 1. 1 de la Constitución proclama que la justicia es un valor superior de su ordenamiento y el artículo 24.1 consagra la tutela judicial efectiva.


En la administración de justicia concurren los elementos propios de todo servicio público, pues la prestación al ciudadano es de interés público; debe ser una prestación continuada del servicio, uniforme, en el sentido de la igualdad y, universal y sometida a un régimen jurídico especial y autónomo incardinado en el Derecho Público.


El servicio público de la justicia se inserta y actúa como un poder del Estado y, al igual que los demás, es hoy necesario para su legitimidad, que su estructura, actuaciones y controles sean simultáneamente democráticos y eficaces.



II. Percepción ciudadana de la administración de justicia

Existe una marcada percepción negativa de la justicia por el ciudadano, según se infiere de todas aquellas encuestas o barómetros que se realizan de forma habitual por el Consejo General del Poder Judicial, o se derivan de los Informes del Defensor del Pueblo , que recoge las quejas formuladas por los ciudadanos e incluye recomendaciones relativas al funcionamiento de juzgados y tribunales.

En España sólo el 45% se identifica plenamente con la Administración de Justicia, el 27% se mantiene expectante, el 10% receloso, desentendiéndose finalmente el 18% aunque veremos a continuación que la referencia citada no se cohonesta claramente con las respuestas a los indicadores concretos, que son mucho más negativos.

La valoración ciudadana sobre la imparcialidad de los jueces está fuertemente dividida, ya que el 48% defiende la misma, oponiéndose un 46%, existiendo un 6% de indecisos, lo que constituye una mala noticia para el crédito de la Administración de Justicia, ya que su imparcialidad constituye un elemento clave para asegurar su legitimación social,


siendo revelador que el 78% opine que la gente rica es tratada mejor que los demás, el 58% piensa que la gente humilde es tratada peor y el 69% considera que la clase media es tratada igual que los demás, aunque la respuesta a la pregunta “la gente como usted recibe en los Tribunales un trato igual o peor que el resto de la gente” revela que 7 de cada 10 personas entiende que existe un trato igualitario. Debe destacarse, por otra parte, que un 47% frente a un 48% admite la posibilidad de corrupción en la Administración de Justicia, lo que se valora por sí solo y constituye un factor de deslegitimación grave.

Los ciudadanos en general opinan, que la justicia es ininteligible, defendiéndose por el 82% que el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender por el ciudadano medio, entendiéndose por el 42% frente al 37% que su contacto con la justicia les provoca intimidación o incomodidad y que los jueces están “fuera de onda sobre la sociedad circundante”, exigiéndose por el 72% de los ciudadanos que se reclamen responsabilidades a los jueces cuando haya lugar a ello, siendo el criterio del 71% frente al 23% que es precisamente la opacidad de la justicia y su falta de transparencia quien promueve la falta de colaboración ciudadana con la misma


Últimos datos: Noveno Barómetro de Opinión sobre "La imagen de la Justicia en la sociedad española", realizado por la empresa Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del mes de septiembre 2005


Siete de cada diez españoles opinan que la Justicia es la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.


Esta cifra es 7 puntos superior a la obtenida en el anterior Barómetro -el 62 por ciento-, elaborado en 2003, y ratifica una tendencia al alza en el aprecio de la ciudadanía hacia la Justicia.


Es "una institución que inspira un grado sustancial de respeto y confianza", dice la encuesta, "por encima de sus posibles defectos e imperfecciones".


De acuerdo con el Barómetro, elaborado bajo la dirección del sociólogo José Juan Toharia, "por primera vez la toma del pulso de la opinión referida a la Justicia apunta cambios apreciables en dirección positiva".


Esta tendencia al alza también se puede apreciar en el grado de confianza que los ciudadanos sienten hacia los tribunales de justicia, que aparecen más valorados que dos años atrás, a los que otorgan una nota de un 4,5, en una escala del 0 al 10. Esto supone siete décimas más que en 2003 -un 3,8-.


Por otra parte, las instituciones que inspiran mayores niveles de confianza son el Rey, con un 6,5, la Seguridad Social, con un 5,8, el Defensor del Pueblo, con un 5,5, el Parlamento, con un 5,1, y el Gobierno central, con un 4,7. En los últimos lugares se hallan los partidos políticos y los políticos, con una nota de un 3,3.


Por lo que respecta a la percepción que los ciudadanos tienen del funcionamiento de la Administración de Justicia en su conjunto, también se puede comprobar la existencia de un cambio de tendencia en positivo. En este Barómetro el 24 por ciento de los encuestados opina que la Justicia funciona muy bien o bien, frente al 18 por ciento en 2003; un 28 por ciento creen que regular, frente a un 31 por ciento hace dos años; y un 44 por ciento mal o muy mal, frente a un 47 por ciento 730 días atrás.


Cuando se pregunta a los encuestados que han contestado que la Justicia funciona mal o muy mal el porqué de su opinión, el 42 por ciento responde que "porque es lenta", el 19 por ciento porque "no es igual para todos" y el 15 por ciento es por "lo que se ve y se oye".


Sólo el 36 por ciento de los españoles mayores de 18 años "han tenido alguna vez contacto con el mundo de la Justicia" (denunciantes, denunciados, testigos, víctimas, peritos, etc).


Los usuarios de la justicia matizan dicha opinión negativa, ya que en el año 2003 el 27% opinaba que la justicia funcionaba bien o muy bien; el 27%, regular y el 41%, mal o muy mal, produciéndose una ligera mejora sobre la encuesta precedente, entendiéndose por el 19% de los usuarios que había mejorado, mientras que el 64% opinaba que seguía igual y el 12% que había empeorado.


Sorprende, en cualquier caso, que los ciudadanos en general no responsabilicen de algún modo a los jueces del deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, siendo llamativo que solo el 2% de los usuarios de la justicia opinen que los jueces son responsables de las demoras, destacando también la falta de autocrítica judicial en la encuesta de 2003, donde solo el 7% considera que la actuación de los propios jueces influye mucho o bastante sobre la lentitud de la justicia, mientras que el 17% opinaba que influía regular y el 77% defendía que poco o nada, mientras que en la encuesta, realizada entre jueces en el año 2006, no aparece dicha respuesta jamás.


La valoración relativamente positiva de los usuarios del servicio público de la Administración de Justicia no debe provocar confusión, ya que supera mínimamente a los usuarios que lo valoran negativamente, acreditando, por tanto, que dicho servicio está lejos del nivel de excelencia reclamado por los ciudadanos, lo que erosiona su credibilidad y se agrega a la valoración negativa de la ciudadanía en general, perjudicando al papel institucional de la Administración de Justicia


En todo caso, el conocimiento de la población en general sobre la Administración de Justicia no se corresponde adecuadamente con la realidad, contribuyendo de manera injustificada a la deslegitimación de un poder del Estado que presta un servicio público esencial para el funcionamiento de la democracia social y avanzada que predica nuestra Constitución.


III. Los jueces a juicio de los jueces


A) Los jueces afirman en un 71% que cuando llegan a su primer destino están mejor preparados que anteriormente.

Los jueces sostienen rotundamente (8,5 sobre 10) su total independencia sobre los poderes políticos.

mientras que sólo el 50% de los ciudadanos apoyan dicho criterio de independencia, el 31% dice estar poco de acuerdo y el 12% no está nada de acuerdo.

Los jueces, por el contrario, opinan en un 5, 9 sobre 10 que la justicia funciona con rapidez razonable, mientras que 5,6 sobre 10 defiende que la ejecución de sentencias es eficaz.

Falta de autocrítica judicial en la encuesta de 2003, donde solo el 7% considera que la actuación de los propios jueces influye mucho o bastante sobre la lentitud de la justicia, mientras que el 17% opinaba que influía regular y el 77% defendía que poco o nada.


Los jueces defienden, por su parte, que sus condiciones de trabajo son negativas (32, 7%), neutras (33, 6%) y positivas (33, 6%), lo que supone que un 33% de la carrera judicial entiende que trabaja en condiciones físicas deficientes,

Satisfacción profesional y cumplimiento de expectativas. Solamente siete de cada diez jueces se consideran satisfechos con su trabajo, considerándose por el 41% frente al 23% que las expectativas previas a su incorporación a la carrera se han cumplido, estando más insatisfechas las mujeres que los hombres: 37, 8% frente a un 42%.

Retribuciones. Un 17% de los jueces se muestran satisfechos con sus retribuciones, frente a un 41% que se declara poco o muy poco satisfecho.

Cargas de trabajo. Existe, por el contrario, una amplia mayoría que afirma que soporta una carga excesiva de trabajo – 71%, frente a un 27%, que considera adecuada su carga de trabajo y un 1%, que la considera poca –



B) La justicia debe intentar responder a lo que la ciudadanía espera de ella y no sólo a lo que sus actores piensan que deba ser. Las soluciones procesales, orgánicas y presupuestarias no son suficientes, sin perjuicio de ser necesarias, ya que además de éstas, el servicio público de la justicia debe ser transparente, accesible y eficaz; y rápido (“una justicia lenta no es justicia”) y no debe actuar de forma endogámica, sin ninguna relación con la sociedad civil y el resto de las instituciones públicas.


Como cualquier otro poder del Estado, el Poder Judicial en su conjunto, los órganos que lo forman (Juzgados y Tribunales) y sus órganos de gobierno (CGPJ), están sometidos a los principios de transparencia y publicidad.


La Justicia española es, casi con seguridad, el servicio público que se está adaptando con mayor lentitud a las necesidades y demandas de una sociedad democrática (frente a FFArmadas, Policía, GCivil, Admón…), que exige cada día mayores cotas de eficacia, calidad y transparencia, sus infraestructuras, procedimientos y plantillas requieren de un importante esfuerzo de modernización, reforma y ampliación, para sentar las bases de lo que deberá ser el servicio público de Justicia para el siglo XXI.

El objetivo modernizador de la magnitud del que se propone, cuenta con los apoyos necesarios para su despliegue, aunque también provoca resistencias y conflictos por parte de aquellos que consideran que los cambios proyectados van a ir en detrimento del buen funcionamiento de la Justicia o, en el peor de los casos, con menoscabo de una posición que termina siendo cercana a una situación de privilegio.

Para dar respuesta a las demandas ciudadanas de modernización de la Justicia, es inevitable rectificar muchas de las inercias y modos de actuar que se han ido consolidando a lo largo del tiempo y que hoy día ya no encuentran fácil justificación.



IV. Causas de la situación de la Administración de Justicia.


  • Incremento demanda de justicia. Ciudadanos creen justicia funciona mal, pero pleitean. Datos 9 MM/2008.

  • Falta de medios materiales y personales

    • Planta Judicial. Juzgados y Tribunales.

    • Tecnologías. Hay, pero insuficientes, no conectadas CCAA y utilizadas de forma menor, no en red.

    • Organización de la Oficina judicial. Decimonónica. Papel del Secretario.

    • Presupuestos. Evolución. Incrm 50% en 4 años. Más de 1% PIB.

    • Leyes Procesales. Algunas aún del S. XIX (LECr)

- Personal judicial. Cultura, modelo de juez, formas de selección, oposición, 3º y 4º turnos. Corporativismo.




V. El papel de la justicia en la sociedad actual


¿Por qué ha aumentado tan drásticamente la demanda de justicia?.


El crecimiento de la demanda social de justicia, duplicada en los últimos veinte años, [de 2000, 6,289 M, a 2008, 8,550 M) puede vincularse al aumento de población, aumento de la actividad económica y al aumento en la conciencia ciudadana de la sujeción de los poderes públicos al Derecho, incremento paralelo a la consolidación del régimen democrático.


El profesor Juan José Toharia señala cuatro procesos de cambio especialmente relevantes para explicar el nuevo papel institucional que la Justicia ha adquirido en la sociedad actual.


  1. La extensión del sistema legal a todos los ámbitos de la vida social. Esta juridificación de la vida social ha hecho que los ciudadanos utilicen cada vez más los instrumentos legales puestos a su disposición.


  1. La búsqueda de una justicia total. En las democracias contemporáneas se ha ido imponiendo la idea de que tras todo daño debe haber una culpa y por lo tanto una obligación de resarcir. En los últimos veinte años se ha duplicado lo que podría denominarse la demanda social de justicia expresada en el número de peticiones (demandas, querellas, escritos de iniciación de todo tipo) dirigidas a la Administración de Justicia. Ese incremento exige una respuesta del poder público. En España no hemos llegado aún a los niveles de litigiosidad existente en los Estados Unidos, pero por citar un ejemplo muy próximo que demuestra que esa cultura se ha instalado ya en el continente europeo véase la sentencia dictada en noviembre de 2000 por el Tribunal de casación francés en el caso Peruche que establece el derecho de un joven de 17 años a ser indemnizado por haber nacido minusválido, esto es porque su madre no realizó un aborto terapéutico. Esa búsqueda de una justicia total en la que el azar o lo accidental cada vez son más difícilmente aceptados, ha dado lugar a una cultura de la reclamación que, aunque incipiente todavía en España, está en fase de consolidación. En la medida en que los Tribunales de Justicia se configuran como los garantes de esa nueva cultura de la reclamación, adquieren también una especial relevancia.


  1. La judicialización de la vida pública. Alexis de Tocqueville, escribió en 1834 que “casi no hay cuestión política en los Estados Unidos que no se resuelva, pronto o tarde, en cuestión judicial”.La evolución del sistema político norteamericano no vino sino a confirmar esto, y a veces se ha calificado el sistema como el ‘gobierno de los jueces’.


En España, el enorme impacto político y mediático de ciertas resoluciones judiciales y en los años 90 el auge de la figura de los llamados ‘jueces estrella’,’jueces políticos’ o politizados por definición, los ‘jueces justicieros’ (en terminología de Miguel Ángel Aguilar, el ‘juez campeador’).


La mención de este tipo de juez evoca la idea de la judicialización de la política y de una politización de la justicia y, con ello, la amenaza de una cierta quiebra del Estado de Derecho, la ruptura del equilibrio institucional y entre los poderes del Estado, evidenciando una de las manifestaciones de la creciente asfixia de lo político por lo jurídico. Fenómenos similares, para lo bueno y para lo malo se han producido en otros países ,como Italia ‘Mani Pulite’ y Francia (la révolte du petit judge).


El ‘juez estrella’ es en parte el resultado de procesos de crisis de al democracia y epifenómeno inevitable de lo que Alain Minc ha llamado ‘nueva democracia de la opinión pública’,en la que la disolución de los viejos mitos, en particular el del interés del Estado como encarnación del interés general, y la ‘borrachera democrática’ subsiguiente, hacen aparecer al Derecho y al juez cómo únicas instancias fiables y definitivas de la resolución de conflictos, ya sean sociales, institucionales, políticos o morales, por más que esta perspectiva resulte paradójica si se tiene en cuenta ,a su vez, el formidable déficit de legitimidad que la justicia tiene entre la opinión pública como consecuencia de sus arcaísmos y deficiencias.


Hoy, en suma, se desconfía del estado constitucional como estructura y se proclama la necesidad de un mayor protagonismo de la sociedad civil, con lo que se produce una transferencia de poder del Estado a la sociedad y una mayor capacidad de influencia de los poderes privados; pero se reclama paralela y paradójicamente un fortalecimiento del Estado y del Derecho Constitucional como sistema de garantías , y por lo tanto, se realimenta el recurso a la Magistratura, cuya importancia política aumenta considerablemente.





  1. La convicción generalizada de que el desarrollo económico de un país requiere como condición necesaria un sistema judicial eficiente. Estudios recientes realizados por el profesor Toharia han puesto de manifiesto cómo para el 82% de los empresarios españoles una de las inversiones prioritarias que debería hacer el Estado para mejorar la competitividad de al economía es sencillamente aumentar los recursos de todo tipo destinados a la Administración de Justicia.


Para Toharia la justicia no puede configurarse como un servicio público tradicional sino que es preciso reconocerle unas especificidades que salvaguarden su independencia del Gobierno y de la Administración.



VI. La crisis de la justicia y el conflicto que desembocó en la convocatoria de huelga del 18 de febrero.

A raíz de las discrepancias manifestadas por el Gobierno con la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por el Consejo General del Poder Judicial un grupo de jueces, movilizados en torno al autodenominado “Movimiento 8 de Octubre”, comenzaron a organizarse y a plantear una serie de acciones que culminarían en una jornada de huelga, el 18 de febrero de 2009. Ante la situación creada por los jueces del “Movimiento 8 de Octubre”, las Asociaciones judiciales constituidas legalmente y por tanto únicos interlocutores del Ministerio, dieron a conocer el pasado 12 de enero, un documento reivindicativo de la carrera judicial. En ese documento, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, exigían respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial como fundamento del Estado Democrático de Derecho.



Los Acuerdos adoptados por las cuatro Asociaciones judiciales:

1.- Aprobar la tabla común en la que se plantean un total de ocho reivindicaciones.

2.- Someterla al conocimiento de todas las Juntas de Jueces y Magistrados, convocadas para el día 21 de febrero, para que sean asumidas y apoyadas.

3.- Trasladarla al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en materia de justicia a fin de que fijen un calendario de negociación y derivados compromisos públicos.

4.- Necesidad de adoptar medidas de presión para la consecución de estos objetivos para la cual se acuerda convocar a toda la Carrera Judicial a un acto reivindicativo y de protesta en todas las sedes judiciales el día 18 de febrero para exteriorizar el sentimiento generalizado y unánime, que vendrá precedido de una convocatoria de rueda de prensa conjunta en Madrid de todos los representantes asociativos para dar toda la información pública necesaria. Así como anunciar la convocatoria de huelga para el día 26 de junio de 2009 si no hay antes respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones, lo que así se trasladará a las respectivas ejecutivas para ratificación antes del próximo día 6 de febrero y caso de no conseguirse cada asociación actuará con plena libertad de decisión y actuación.

Se celebra la huelga del 18 d Febrero. 30-40% participación.


Las propuestas del Ministerio en la reunión con las Asociaciones judiciales con relación a cada uno de sus ocho puntos reivindicativos, son las siguientes:


1.- Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de enero de 2009, un crédito extraordinario de 20 millones de euros, a añadir a los 72,29 millones ya aprobados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009. Ministro Caamaño lo ha aumentado a 200 millones €.


2.- Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Adm de Justicia.

Las últimas ofertas de empleo público (2008: convocatoria de 5.493 plazas de oferta pública de empleo para personal al servicio de la Administración de Justicia y de 450 de secretarios judiciales) demuestran el interés del Ministerio en que el mayor número de plazas sean cubiertas por funcionarios titulares.

No obstante, uno de los objetivos de la Oficina Judicial es la creación de cuerpos de funcionarios especializados de apoyo, que precisamente tengan como cometido suplir determinadas vacantes de carácter no estructural que se produzcan (bajas, sobrecarga de trabajo ,…).

3.- Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial. En sustitución del actual sistema de módulos, que por su simplicidad aporta solamente datos estadísticos cuantitativos y resulta insatisfactorio.

4.- Revisión en profundidad de la actual planta judicial. Se complementaría con la radical reforma de la oficina judicial, que no supone necesariamente incrementar el número de órganos judiciales, sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados.

5.- Sustituciones: El Ministerio de Justicia entiende razonable esta reivindicación, que asume como propuesta constructiva de las asociaciones judiciales, y se ha comprometido a realizar un estudio para poder arbitrar un adecuado sistema de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.


6.- Medidas necesarias para asegurar una efectiva conciliación entre la vida laboral y familiar. Problemas del juez de entrada, que a los dos años es trasladado.



7.- Que en cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal, se proceda a su adecuación quinquenal; especialmente, en lo referente al pago de los servicios de guardia. Las cuatro Asociaciones judiciales manifestaron su acuerdo de no plantear un incremento salarial para 2009 en consideración a la situación económica existente,


8.-Efectiva y urgente instauración de la nueva oficina judicial. Estaba en LO /2003, y en APGobierno.


9. Agenda de señalamientos. Problema central de los jueces. Las reformas el G iban en la línea de que los juicios los señalen los secretarios y no los jueces. Gran resistencia.


(Cambio de Ministro y ‘contador a 0’ piensa si conviene decir algo del impulso del nuevo Ministro a la pacificación del conflicto con los jueces y la huelga anunciada para el 26 de junio)




VII. Reformas en marcha del Gobierno


1.- Incremento de presupuestos

El presupuesto del MJusticia para el ejercicio 2009 asciende a 1.619,10 millones de € con un significativo incremento del 9,87% respecto al ejercicio anterior Global 3%)

Esta importante consignación presupuestaria se dirige a la consecución del objetivo principal: de Modernización de la Administración de Justicia. a través de las siguientes líneas estratégicas:


2.- Ampliación de la planta: 2005-2008 1.100 (624 + 465)

2001-2004: PP, 512 (291 + 221 en 4 años)

2009: 225 (150 + 75)

2008-2012: 1.100.


3. Las reformas procesales para la implantación de la nueva oficina judicial


El proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial se encuentra en plazo de enmiendas al articulado. Temas clave que aborda:

  • Reforma 15 leyes procesales. Todas.

  • La delimitación de la función jurisdiccional, los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Art. 117.3 CE).

  • Protagonismo de la figura del secretario judicial, Va llevar muchas más cuestiones: admisión, ejecución, …con recurso ante el Juez.

  • La agenda de señalamientos,

  • El sistema de recursos,

  • La fe pública judicial y los medios técnicos para suplir la presencia en sala de los secretarios judiciales,

  • La nueva organización de la Oficina Judicial: UPAD y SSCC.


son los temas centrales del debate, además de otros que van emergiendo del debate del proyecto en las sesiones previas a la fase estrictamente legislativa, tales como la posibilidad de abordar la simplificación del sistema de recursos en vía civil, sin merma de garantías y, en particular, suprimir el recurso de reposición ante el secretario, manteniendo el de revisión ante el juez, que concita la práctica unanimidad de los grupos políticos y de los comparecientes.


El Proyecto ha hecho emerger la pugna entre el juez y el secretario, al asignar un mayor protagonismo al Secretario Judicial dentro del proceso y de la configuración de la nueva oficina judicial, y al resistirse el juez que defiende una posición de preeminencia y protagonismo absoluto y omnímodo en el proceso


Reuniones con Asociaciones de jueces [y de Secretarios] Interés, enfrentamiento profundo.


Antecedentes PLey. Ha de recordarse que este proyecto de reformas procesales fue presentado en la legislatura pasada, incluía la reforma del recurso de casación y la doble instancia penal, y no pudo llegar a aprobarse por falta de apoyos parlamentarios. Las dificultades para avanzar en la tramitación obligaron a segregar del proyecto de ley la parte referida a Consejos de justicia; además, la aprobación de los dos proyectos de modificación de la LOPJ fueron ligados a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al desarrollo estatutario, y en especial al Estatuto de Cataluña, así como a la tramitación conjunta con el proyecto de ley de Consejos de Justicia y justicia de proximidad. Al finalizar la legislatura estaba bloqueada, por falta de acuerdo con el Grupo Popular, en la fase de Informe de la Ponencia.


De hecho, el entonces portavoz del PP, el Sr. Astarloa en una sesión de la Comisión Constitucional para emitir Dictamen de la L.O. del Tribunal Constitucional, expresamente se refirió a la ruptura de conversaciones con nuestro Grupo para esta ley y otras del área de Justicia, a consecuencia de lo que denominó ‘efecto Bermejo’,imputando la responsabilidad de esa ruptura al recién nombrado Ministro de Justicia.


Ahora estamos, según todos los indicios, ante un nuevo escenario, esta vez de consenso, una nueva oportunidad, que permite vislumbrar la aprobación de esta y quizás otros proyectos de ley; pero es fundamental aprobar este proyecto, con las modificaciones que sea preciso pactar, con el fin de aglutinar el máximo de los apoyos posibles y remover los obstáculos que impiden llegar a implantar este modelo de oficina judicial por el que se ha venido apostando desde la legislatura pasada y que arranca de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003.


  1. Informatización. Notificaciones telemáticas.

  2. Registro Civil único.



VIII. Conclusiones


Las líneas maestras que caracterizan la existencia de una buena justicia son la independencia, la imparcialidad, la competencia, la asequibilidad, la eficiencia, la eficacia, la duración razonable, la calidad, la previsibilidad, la igualdad y la responsabilidad.


Debe garantizarse, en cualquier caso, que el coste público de la Administración de Justicia se cohoneste razonablemente con los resultados del servicio público, debe conocerse necesariamente por las Cortes Generales, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos en general si la Justicia española supera efectivamente el nivel exigible en cada uno de tales rasgos.


El conocimiento efectivo en tiempo real y por medios informáticos de dichos extremos permitirá a los responsables públicos el ejercicio de la política legislativa del Estado en materia de justicia, la modernización de la organización judicial, la planificación y gestión de los recursos humanos y medios materiales al servicio de la Administración de Justicia y el desarrollo de la función de inspección sobre juzgados y tribunales, así como el control sobre el funcionamiento de todos los operadores en el proceso y la calidad de sus intervenciones, contribuyendo, por otra parte, a la gestación de una opinión pública informada que pueda influir razonablemente en el control efectivo de la Administración de Justicia, sus responsables y los intervinientes en ella.


En resumen, lentitud, disfunciones en el funcionamiento e inutilidad en las quejas que se formulan son los defectos perennes de la Administración de Justicia por los que se queja la ciudadanía.


Para abordar las soluciones hay quienes abogan por el aumento de las inversiones, multiplicar el número de juzgados, jueces, fiscales, secretarios y funcionarios, mejorar la motivación y la formación de todos los cuerpos que intervienen en la Administración de Justicia, mejorar las infraestructuras de la Administración de Justicia, así como sus medios materiales con especial énfasis en la informatización integral de la misma.


Pero la solución a los problemas de la Administración de Justicia no pasa por el crecimiento descontrolado de inversiones en la misma, ni en la competitividad entre Administraciones en una carrera desenfrenada por invertir más que las demás, sino en la utilización racional y ordenada de los medios materiales y personales existentes, de modo que pueda alcanzarse a corto medio plazo su optimización, lo que obligará, en primer término, a promocionar una política global de transparencia, que permita conocer a las Administraciones responsables, a los profesionales y a los ciudadanos en general los problemas existentes e impulsar soluciones racionales, que exigirán indudablemente mejorar sustancialmente los sistemas de control y responsabilidad de todos los intervinientes en el proceso.