Política de Vivienda PDF  | Imprimir |
Ponencias y resúmenes
Escrito por Beatriz Corredor   
Viernes, 27 de Febrero de 2009 23:01

Buenas noches.

Queridos compañeros y compañeras, ante todo quiero agradecer profundamente vuestra invitación para compartir esta noche con todos vosotros. Para mi es especialmente agradable participar en este foro de debate y escuchar atentamente a un grupo de socialistas que contribuye con ideas, propuestas y valores a la responsabilidad de gobernar que actualmente tiene nuestro partido. Encuentros como este mantienen vivo un proceso abierto de reflexión y participación gracias al cual los socialistas seguimos a la vanguardia de las ideas en este país.


A mi llegada al Ministerio, Maria Antonia Trujillo y Carmen Chacon habían hecho muchas cosas y muy importantes: un Plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda, el Plan de Vivienda 2005-2008 o la Renta Básica de Emancipación. El Gobierno había aprobado el Código Técnico de la Edificación. Algo que suena a cosa técnicay árida, pero que va a tener grandes consecuencias.

Por ejemplo, va a conseguir que se construyan edificios más saludables y más seguros. Y, en especial, va a suponer un cambio fundamental en materia medioambiental, puedo deciros que en virtud de este Código, que ya está en vigor, es obligatorio que todas las viviendas que se construyan tengan placas solares térmicas. Eso supondrá que en los próximos años se instalen más de dos millones y medio de metros cuadrados de paneles, lo que, entre otras cosas evitará que cada año se emitan a la atmósfera alrededor de medio millón de toneladas de CO2.

Significará también, por poner otro ejemplo, que los edificios deberán ser accesibles para todos. Y que una persona en una silla de ruedas, o un invidente, o un mayor, lo tendrán tan fácil para entrar en un edificio como los demás. Esa es la verdadera igualdad que proclamamos y que defendemos. Un documento de nombre farragoso – Código Técnico de la Edificación – esconde en realidad un derecho esencial de ciudadanía.

De este Ministerio, y de la política socialista, ha surgido otra norma de enorme importancia para el futuro del urbanismo, del medio ambiente y de la vivienda en España. Me refiero a la Ley del Suelo que está en vigor desde julio del 2007 y cuyo Texto Refundido aprobamos en junio de 2008.

La anterior Ley del Suelo la hizo el Partido Popular y, como dijo nuestro Secretario General y Presidente del Gobierno en Vistalegre, su filosofía podría resumirse en un principio: “todo suelo es urbanizable mientras que no se demuestre lo contrario… y si se demuestra, también”. Se trataba, decían, de liberalizar el suelo (usando esa palabra que tanto les gusta y tan mal emplean). Cuanto más suelo haya, decían, más barato será., y más baratas serán las viviendas que se podrán construir en él.



Por supuesto, la Ley del PP de 1998 no hacía ninguna referencia a criterios de desarrollo sostenible, a medidas de transparencia y participación ciudadana ni a la disponibilidad de suelo para vivienda protegida. No había que hacer nada: sólo liberalizar y el mercado se encargaría de poner las cosas en su sitio. El resultado fue que entre 1998, el año de entrada en vigor de la Ley del PP, y 2005, en apenas siete años, el precio del suelo urbano subió en España un 500%, mientras el precio de la vivienda lo hacía un 150%.

Pero no importaba, para ellos no había ningún problema, pues como dijo un ministro de Aznar, las viviendas se vendían porque los españoles podían pagarlas. Sin embargo, había millones de personas – sobre todo las más jóvenes - que no pensaban lo mismo; millones de personas para las que la vivienda constituía y constituye uno de los principales problemas.

Una de las cosas que no iba bien en España era la vivienda y por eso, el Gobierno socialista, además de crear el Ministerio de Vivienda, entre otras medidas, se propuso aprobar una nueva Ley del Suelo y lo logró con un amplio consenso.

Quiero recordar que la Ley fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos políticos, por todos menos por el PP, claro. ¿Sabéis que argumento dieron para oponerse? “Invasión competencial”. Es decir, mientras que todos los partidos nacionalistas –que, os lo puedo asegurar, miran estas cosas con lupa- apoyaban la Ley, el PP la rechazaba por “invasión competencial” Yo creo que lo que le preocupa al PP no es que la Ley invada competencias, sino que pueda invadir otras cosas: que invada los privilegios de unos pocos, que acabe con sus intereses especulativos.

La solución al problema de la vivienda no es fácil, y no siempre se encuentran las soluciones que la sociedad demanda. Pero hay algunas que están probadas, que se sabe que funcionan. Por ejemplo, la implicación de las Administraciones Públicas en la construcción de vivienda protegida y en la promoción del alquiler.

Y cuando digo de las Administraciones Públicas me refiero a todas. Como sabéis el modelo de Estado español es descentralizado. Las Comunidades Autónomas asumen ahora tareas que en el pasado le correspondían al Gobierno central. Es algo que afecta a casi todos los ámbitos de la acción pública y, por supuesto, al de la vivienda.

Es cierto que Comunidades autónomas y ayuntamientos tienen la mayor parte de las competencias en esta materia, y por el bien de nuestra democracia es bueno que así sea. Pero ello no impide que el Gobierno central actúe, y que lo haga como debe hacerlo un gobierno en un Estado descentralizado: liderando cambios, impulsando mejoras o marcando tendencias.

Ese impulso se hace, con iniciativas, con capacidad para proponer alternativas pero también con dinero. Muestra de esto último es que el 80% de las VPO que se construyen en España son financiadas por el Estado.



Amigas, amigos,

Quizá la sociedad española se haya acostumbrado a cosas inaceptables; hemos asumido casi con normalidad hipotecas a 40 y 50 años o que para pagar un bien fundamental como es la vivienda tengamos que dedicar más de las tres cuartas partes de nuestros ingresos. Y eso es algo a lo que no podemos resignarnos, aceptar sumisos una situación injusta. Los socialistas no lo hemos hecho nunca y nunca lo vamos a hacer.

La política de vivienda, en esta legislatura difícil donde las haya, no nace sólo de los desvelos del Gobierno y de la ministra de Vivienda, sino también de los de un magnifico equipo de trabajo con el que hemos ideado una política de vivienda que refleja fielmente los valores de nuestro partido en materia de justicia social y que, a mi juicio, desempeña un papel clave en el proyecto político socialista, especialmente en el contexto económico y social en el que nos hallamos inmersos.

Conforme a estos valores, y en las actuales circunstancias, nuestro Gobierno se marcado unos objetivos prioritarios:

  • La Protección de las familias perjudicadas por la coyuntura y el desempleo;

  • La Reactivación y fortalecimiento de nuestra economía y

  • La Modernización de nuestro patrón de crecimiento para conseguir una economía más equilibrada y robusta,



Se trata, en definitiva, de los objetivos prioritarios señalados por el Plan Español de Estímulo a la Economía y el Empleo, el conocido como PlanE, que lo son también del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y del resto de instrumentos del Ministerio de Vivienda a los que voy a dedicar una buena parte de esta exposición. Permitidme, sin embargo, que en primer lugar me refiera, aunque sea brevemente, al actual contexto económico internacional.

I.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO:



Los graves acontecimientos que siguieron al derrumbe de Wall Street en septiembre de 2008, y que estuvieron a punto de causar el colapso del sistema financiero internacional, aún no han sido superados. Las consecuencias que la incertidumbre y la inestabilidad financiera han provocado sobre la economía real las están sufriendo de forma especialmente crítica las familias y las PYMES .

En apenas unos meses hemos visto caer a toda la banca de inversión americana; hemos presenciado la nacionalización de importantes entidades financieras a ambos lados del Atlántico; y hemos asistido a la puesta en marcha de planes de salvamento multimillonarios para apuntalar el sistema financiero internacional y tratar de reactivar la economía.

Sin embargo, a pesar de una intervención pública sin precedentes, la actividad económica se ha frenado bruscamente: Países como Alemania, Italia, Suecia o Japón entraron en recesión hace ya tres meses, y a la misma situación se enfrentan ya los EEUU ( hoy mismo hemos sabido que su PIB se contrajo un 6,2 en el cuarto trimestre), el resto de la zona euro y la UE de los 27. España ha aguantado un trimestre más que los países de su entorno pero, el 12 de febrero, el INE confirmó que también nuestra economía entró en recesión1.

Y la recesión ha traído como consecuencia un aumento global del desempleo, que ya desde 2007 venía aumentando en las principales economías desarrolladas: en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto desde 1993 al subir hasta el 7,6% en enero, y hay casi 600.000 parados más en enero de los cuales 110.000 pertenecen al sector de la construcción. En el Reino Unido la tasa de desempleo ha alcanzado su cota más alta desde abril de 1999 (6,1) mientras que en Japón el 25,5 % de la población activa no trabaja, aun cuando la estadística oficial presenta sólo un 5,4% de paro.

La destrucción de empleo afecta de forma más acusada a los países más dependientes de la construcción residencial, como los propios EEUU o Irlanda, donde ha pasado del 4,3 % en 2005 al 9,2 % en enero de 2009. Este es también el caso de España. En nuestro país, en el último año, el desempleo se ha incrementado en más de 1.000.000 trabajadores, con lo que la tasa de paro roza el 14% de la población activa. Del total de nuevos parados, el 23% procede del sector de la construcción, según la última EPA.

Esta crisis, más allá de dibujar un panorama desalentador, ha puesto de manifiesto varias debilidades y carencias:

Por un lado, las de un sistema financiero internacional opaco, débilmente regulado y en el que no se han valorado adecuadamente los riesgos.

Por otro, las de algunos modelos de crecimiento insostenibles como el del ladrillo, el basado casi exclusivamente en la construcción residencial extensiva, que ha primado en España.

Una vez identificadas nuestras debilidades podemos aprovechar mejor nuestras fortalezas.

Nuestro país tiene la inmejorable ocasión de adoptar un nuevo modelo económico más sostenible y más productivo, en el que tengan un protagonismo creciente las nuevas tecnologías, el sector de las energías renovables y otras industrias innovadoras, también en el sector de la construcción.

Como sabéis, ha sido el sector de la construcción residencial el que más se ha resentido, tanto en la actividad económica como en el empleo, y ha puesto de manifiesto las debilidades de nuestro patrón de crecimiento.

Y así, aunque la construcción ha tenido en los últimos años un papel determinante en la creación de empleo y en la generación de actividad y de tejido empresarial auxiliar, lo cierto es que en España aún es un sector descompensado, sobredimensionado, anacrónico y que en buena medida ha ido a contracorriente de los países más avanzados de Europa.

Daré algunos datos que ayudarán a comprender mejor esta afirmación:



a) En primer lugar, por su peso en la economía: entre los años 2000 y 2007 el peso de la construcción en el PIB aumentó casi 4 puntos porcentuales, pasando del 7,5 al 11%, más del doble de la media europea (EU15)2, y desde el punto de vista del empleo, se pasó del 10,9% al 12,5% de la población activa en este mismo periodo. La consecuencia en las actuales circunstancias es que en el sector residencial es donde más ha aumentado el desempleo en nuestro país, doblándose su número desde 2007 y alcanzando el 23% del total de los nuevos parados.


b) En segundo lugar, por el excesivo ritmo de edificación: en España se han estado construyendo más viviendas que en Francia y Alemania juntas3, a pesar de que la población de estos Estados multiplica por más de tres la española. La inversión en construcción residencial en España casi duplica la media europea: llegando en 2007 60% de la inversión total.


c) En tercer lugar, por el uso del suelo: en España el territorio urbanizado creció en la década de los noventa el 26%, frente el 14% de media europea, es decir, a un ritmo seis veces mayor que el de la población. En total, se han urbanizado en ese periodo 167.000 hectáreas, una superficie mayor que Londres y toda su área metropolitana. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, entre 2000 y 2007 la superficie autorizada a construir en las licencias municipales de obras ha sido de 69,3 km2, equivalente al 8,5% de la superficie total de la comunidad. En el conjunto de España dicha magnitud supuso el 0,13%. Tal diferencia subraya la intensa invasión por la construcción residencial del territorio madrileño y la trascendencia que en esta autonomía tiene la política territorial.



Por tanto, la principal característica de nuestra construcción residencial ha sido el excesivo peso en el PIB, exceso de oferta, y consumo de suelo extensivo.

Estos desequilibrios estructurales han acentuado la vulnerabilidad del sector residencial, haciéndolo más sensible al desfavorable contexto internacional. En la edificación conviven varios factores que pueden explicar la gravedad de su situación:

  • por un lado, la drástica restricción del crédito por parte de las EEFF, para particulares y promotores que dificulta el normal desarrollo de las actividades económicas más habituales. Así se refleja en la estadística publicada ayer por el INE, que refleja una caída del número de hipotecas constituidas durante 2008, de casi el 31%, mientras que el capital prestado ha descendido también en más del 37%. Además, el importe medio de hipotecas constituidas sobre viviendas fue un 8,3% inferior (importe medio 131.000 euros, 278.000 en la Comunidad de Madrid que es la comunidad con mayor importe medio hipotecado).

  • por otro, el desproporcionado incremento de precios de los últimos años un 150% entre 1998 y 2005 a pesar del enorme aumento de la oferta, casi el doble que en otros países europeos como Alemania, generando graves problemas de acceso a la vivienda a importantes sectores de la población española, y un fuerte nivel de endeudamiento en muchas familias. En este sentido quiero destacar que el esfuerzo de acceso a la vivienda resulta superior en la Comunidad de Madrid a la media de España (unos 2.900 euros por metro cuadrado fue el precio medio de venta, según tasaciones, en la CM en el tercer trimestre de 2008). La relación precio de venta de la vivienda (90 m2) /salario medio anual fue de 10,8 veces en el 2º trimestre de 2008, frente las 8,9 de media española.

  • Finalmente un exceso de oferta que hoy es difícil de absorber disparada por un modelo extensivo de construcción. Pese a la contracción del ritmo de construcción en los últimos 12 meses, hay ahora un significativo parque de viviendas sin vender, que algunas fuentes sitúan por encima de las 650.000. Este exceso de oferta está contribuyendo a un notable ajuste en los precios, que en el cuarto trimestre de 2008 han sufrido una reducción interanual media del 2,8 por ciento, que llega al 3,2 % en el caso de la vivienda libre, según los datos del Ministerio. Un ajuste a la baja del mercado de la vivienda que se inició con antelación en Madrid, y que descansa algo más en el descenso de los precios que en el resto del territorio nacional.


Este stock es también, no obstante, el mayor obstáculo para la recuperación del sector. Creemos que la moderación de los precios, unida a la rápida caída del EURIBOR, que está ya en valores cercanos al 2,1, y ha caído 2,2 puntos en un año, ayudará a reactivar las transacciones inmobiliarias, siempre que vaya acompañada de la imprescindible reactivación de la financiación a los compradores de viviendas por parte de las entidades financieras. En este sentido los bancos tienen que asumir la responsabilidad social que les corresponde, y ayudar a los ciudadanos y al país a salir de esta situación tan adversa porque los trabajadores, las familias y las PYMES ya lo están haciendo.

Para finalizar con este breve análisis del sector quiero destacar que la situación en España se ha visto agravada porque el sector inmobiliario tiene fuertes desequilibrios en dos ámbitos que nos distancian aún más de los mejores modelos europeos.

Me refiero al mercado de alquiler y a la rehabilitación:

  • Así, mientras que en España sólo el 11% de las familias viven en alquiler, en los principales países europeos el porcentaje es mucho mayor: en Alemania, el 57%; en los Países Bajos, el 47%; en Francia, el 38%; o en el Reino Unido, el 30%.

  • Y además, en los países europeos más avanzados la inversión destinada a la rehabilitación supone la parte más importante del total de la construcción. Por ejemplo, en Alemania el 62% de la inversión del sector se dedica a la rehabilitación, mientras que la nueva construcción apenas representa el 37%. En España, la inversión total en rehabilitación y renovación urbanas apenas llegan al 20% del total del sector frente al 41% de media en la UE.



II.- REEQUILIBRIO DEL SECTOR



Este es el contexto en el que ha nacido el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.



Con él, y con otros instrumentos a los que también me referiré posteriormente, el Gobierno socialista quiere reorientar la política de vivienda hacia un necesario reequilibrio de nuestro mercado, en varios ámbitos:

  • entre la oferta y la demanda,

  • entre la vivienda protegida y la libre,

  • entre la vivienda de nueva construcción y la procedente de la rehabilitación, y por fin,

  • equilibrio entre la vivienda en propiedad y en alquiler.

  1. En primer lugar, equilibrio entre la oferta y la demanda: es decir, entre la construcción de nuevas viviendas y la creación de nuevos hogares. Se estima que al año se forman en España entre 350.000 y 400.000 nuevos hogares. Y mientras que en los últimos 12 meses, es decir, en un ejercicio considerado como catastrófico para este sector, se han iniciado 412.000 viviendas, entre 2006 y 2007 se iniciaron 1.300.000; es decir, que hemos estado edificando a un ritmo insostenible, muy alejado de las necesidades reales de los ciudadanos.

  2. En segundo lugar, equilibrio entre la vivienda protegida y la libre: Las protegidas suponen ya el 25% de todas las viviendas iniciadas, un porcentaje nunca conseguido hasta el momento en nuestro país. Asimismo, conviene resaltar el dato de que en el tercer trimestre de 2008 la VP aumentó casi un 46% respecto del mismo período de 2007, confirmando por tanto que es un valor refugio para el sector residencial en esta coyuntura. Además, este equilibrio es necesario para atender las dificultades que aún tienen muchos ciudadanos para el acceso a la vivienda, especialmente los jóvenes y las familias de rentas bajas e incluso medias, y que están fuera del mercado libre por lo inasequible de sus precios.

  3. En tercer lugar, equilibrio entre la vivienda de nueva construcción y la procedente de la rehabilitación, que ha sido muy reforzada en el nuevo Plan, ya que supone el 47% de las actuaciones previstas. La rehabilitación tiene en España un enorme potencial de crecimiento si es adecuadamente incentivada, porque hoy tenemos un parque edificado de 25 millones de viviendas; y de ellas, la mitad supera los 30 años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los 50 años.

  4. Y finalmente, equilibrio entre los mercados de alquiler y de compraventa; que es imprescindible para converger con nuestros socios europeos, donde el mercado del alquiler tiene un peso mucho mayor, como antes señalaba.



Sin embargo, quiero matizar que el alto porcentaje de propietarios que existe en nuestro país no nos parece por sí misma una mala noticia: garantiza el ahorro y da tranquilidad patrimonial a las familias. Pero esto no es incompatible con la existencia de un mercado amplio de alquiler, donde puedan acceder a una vivienda aquellos ciudadanos para los que ésta sea la mejor opción. Un mercado amplio de alquiler favorece la movilidad laboral, la emancipación de los jóvenes y la toma de decisiones personales que en ausencia de un hogar resultan imposibles o muy gravosas. Garantiza, en suma, la libertad de elección de cada familia o de cada persona en su forma de acceder a un hogar.

Con este reforzado equilibrio, queremos que el mercado inmobiliario español y nuestro sector residencial vayan aproximándose al mejor modelo europeo, más estable y sostenible, comprometido con la recuperación de los edificios existentes y de sus entornos urbanos, y con menor peso relativo en el PIB.

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

A este reequilibrio del sector contribuirá con medidas concretas el PEVR 2009-2012 cuyos objetivos esenciales son, en síntesis:

    • proteger a más ciudadanos facilitando que los que no tienen vivienda puedan acceder a ella, y que los que ya disfrutan de una puedan mejorar su habitabilidad, su accesibilidad y su eficiencia energética,

    • reforzar la inversión pública en las actuaciones que tienen mayor impacto en el empleo, como la vivienda protegida y la rehabilitación, y

    • apostar por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la competitividad del tejido empresarial.



Queremos, en definitiva, garantizar a todas las familias y ciudadanos la libertad de elegir la forma de acceso a la vivienda que mejor se adapte a sus circunstancias, preferencias, necesidades o capacidad económica, tanto si se deciden por la compra como por el alquiler o por el alquiler con opción a compra.


El Plan entró en vigor el pasado día 25 de diciembre, y prevé llegar a casi un millón de hogares en los próximos cuatros años, concretamente 996.000, lo que supone un 38% más que el anterior. Y para ello, cuenta con un presupuesto total de 10.188 millones de euros, en torno a un 49% más que el anterior, a los que hay que sumar 34.000 millones de euros que se movilizarán en préstamos convenidos.

En estos momentos estamos ultimando los convenios que en breve firmaremos con las entidades financieras como con todas las CCAA y Ceuta y Melilla para la puesta en marcha del Plan. El alto grado de consenso logrado en torno a este nuevo Plan de Vivienda, en cuya redacción han participado activamente tanto las propias CCAA como los Ayuntamientos y todos los agentes sociales y económicos, es la mejor garantía en este proceso.

Quiero subrayar la extraordinaria contribución de las comunidades autónomas en las que gobernamos y su alto grado de compromiso con las necesidades de los ciudadanos gracias al cual, los residentes en estas comunidades pueden aprovechar de forma óptima todas las potencialidades de la política de vivienda como política de Estado.

Queridos compañeros, los objetivos e instrumentos del Plan de Vivienda han sido diseñados para responder a las prioridades de un Gobierno socialista y a las necesidades de la sociedad en el actual contexto económico excepcional. Por eso,

  1. En primer lugar, el Plan se configura como un poderoso instrumento de protección social. Este es un Plan para todos, que atiende de forma prioritaria a las personas que están en peor situación para afrontar la grave crisis que atravesamos. Pero habrá más gente protegida:

    • hemos ampliado los colectivos con protección preferente, atendiendo a las nuevas realidades sociales, como las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas dependientes, los separados y divorciados al corriente en el pago de pensiones obligatorias, los afectados por situaciones catastróficas, las personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación de la infravivienda.

    • seguimos dedicando especial atención a los jóvenes, a los mayores de 65 años, los discapacitados y las familias numerosas y monoparentales.

    • y además, vamos a llegar a más familias de rentas medias, que habían quedado excluidas del mercado libre por el desproporcionado aumento de los precios de la vivienda en los últimos años, pero que tampoco podían acceder a la protegida por exceder su nivel de renta de los límites determinados para ello.


b) El Plan también es, en segundo lugar, una herramienta para la reactivación económica y del empleo: es imprescindible potenciar las actuaciones que más impacto tienen en el empleo; por ello, además de reforzar la inversión pública, reconvertir la actividad constructora hacia la VP y la rehabilitación de los edificios existentes puede ser la alternativa necesaria para relanzar el sector residencial en esta coyuntura económica.

c) Y es un Plan que contribuirá a la modernización de la economía en general y del sector inmobiliario en particular. Apostamos por evolucionar desde el modelo de construcción extensiva, basado casi exclusivamente en la obra nueva, hacia otro intensivo que no consume suelo porque actúa sobre el parque ya edificado y que fomenta un urbanismo sostenible y un entorno urbano más amable y humano.



Necesitamos avanzar hacia un proceso constructivo que incida en la innovación tecnológica, en la mejora de la calidad de los materiales, en la competitividad de las industrias auxiliares y en la mejor formación del capital humano. Y estamos en una posición excelente para apostar de forma definitiva por la eficiencia energética de los edificios, nuevos y preexistentes, y por el uso de las energías renovables.

Creo que de esta forma, la construcción residencial podría contribuir al cambio de modelo productivo que necesita nuestro país, e incorporarse al patrón de crecimiento que descansa sobre las nuevas tecnologías y el ahorro de recursos

En esta línea, hemos previsto en el PV 470.000 actuaciones de rehabilitación (3,5 veces más que el anterior), de las que 400.000 tienen como primer objetivo la rehabilitación energética de viviendas, edificios y entornos urbanos, así como la mejora de su accesibilidad, seguridad y salubridad.

En cuanto al contenido del Plan, voy a detenerme simplemente en tres líneas estratégicas: la apuesta decidida por el alquiler; el impulso a la rehabilitación; y las medidas coyunturales.

a)En primer lugar, incentivo del alquiler: Es imprescindible impulsar un mayor equilibrio entre alquiler y propiedad, que nos permita converger con los países europeos donde, como veíamos antes, el mercado del alquiler tiene un peso mucho mayor.

Y para lograrlo:

    • Vamos a ampliar y mejorar el exiguo parque de viviendas protegidas en alquiler, que en nuestro país apenas supera las 140.000. y por eso vamos a ayudar a promover 100.000 nuevas viviendas protegidas para arrendamiento, a las que podrán sumarse otras 70.000 procedentes de la rehabilitación de viviendas ya existentes.

    • Además, vamos a apoyar la promoción de alojamientos temporales para colectivos específicos, que necesitan especial protección por su situación de vulnerabilidad o que tiene necesidades específicas como la comunidad universitaria o el personal científico e investigador adscrito a los parques científico-tecnológicos.

    • Junto a las ayudas para la promoción de viviendas y alojamientos en alquiler, también incrementamos para los próximos años las destinadas a los inquilinos. Los jóvenes menores de 30 años, siguen disponiendo de la renta básica de emancipación, que a 31 de diciembre ya cobraban más de 63.000 (a 31 enero 75.000)

    • Hemos reforzado también el alquiler con opción a compra, puesto que creemos que puede ser especialmente oportuna en la coyuntura actual del sector inmobiliario residencial: Por un lado, permite que el promotor pueda afrontar sus cargas financieras con mayor holgura, y por otro, evita que el inquilino tenga que desembolsar la cantidad correspondiente a la entrada, favoreciendo el ahorro.


Sin embargo, el alquiler protegido no agota la actuación del Gobierno para reforzar y ampliar el mercado de alquiler de nuestro país. Queremos, además, que en el mercado libre de arrendamiento haya una oferta amplia de viviendas de calidad y con rentas competitivas.

En este sentido, hemos remitido ya al Congreso la modificación de Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la seguridad de los propietarios, de forma que puedan recuperar la vivienda antes de 5 años si la necesitan para sí, para sus padres o para sus hijos, si así se pacta en el contrato; y de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin perjuicio de los derechos del arrendatario.

También, con la nueva deducción fiscal ya en vigor por las rentas pagadas y recibidas por alquileres se equipara fiscalmente a quienes compran y a quienes arriendan.

b) El segundo eje estratégico al que quiero referirme es el de la rehabilitación.

Y debo empezar repitiendo que el Gobierno es plenamente consciente de que la cara más dramática de la crisis económica es el desempleo, y precisamente porque ésta es nuestra mayor preocupación, buena parte de las medidas urgentes que hemos tomado para afrontar la crisis se refieren a actuaciones de rehabilitación, en el más amplio sentido de la palabra.

Y es así porque es muy intensiva en mano de obra, ya que no puede emplearse en ella la maquinaria pesada que se utiliza en la obra nueva, y que además puede impulsar el desarrollo de otras industrias y servicios auxiliares al sector de la construcción, como los fabricantes de materiales o las empresas instaladoras. Quizá conviene recordar que el 73% de los puestos de trabajo que este sector genera, procede de estas empresas subcontratistas y de los empleados de las industriales auxiliares.



Además de beneficios sobre el empleo (solamente con la rehabilitación aislada de viviendas se pueden generar 75.000 empleos anuales durante los próximos cuatro años) la rehabilitación tiene otros efectos sociales positivos tales como la cohesión social y la habitabilidad de las ciudades, impide la segregación espacial de la población, la marginalidad y la exclusión.

Y por supuesto, también proporciona beneficios medioambientales. Por eso, el Plan de Vivienda destina el 47% de sus actuaciones a impulsar la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la accesibilidad de los edificios residenciales y de las viviendas que forman parte de ellos, incidiendo además en la recuperación física, social y económica de su entorno urbano.

La inversión del Ministerio de Vivienda en las políticas de rehabilitación incluidas en el Plan será de 2.000 millones de euros, a los que se suma financiación adicional a través del ICO. Esta inversión movilizará en el conjunto de la economía más de 4.000 millones de euros.

A esta inversión hay que añadir los 110 millones de euros gestionados por el Ministerio de Vivienda del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y que están destinados a la rehabilitación.

Se trata de un fondo destinado a actuaciones de rehabilitación en viviendas y espacios urbanos de inmediata ejecución en todo el territorio nacional.

Estas actuaciones podrán estar destinadas a mejorar la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente en los edificios así como su seguridad y accesibilidad. También se financiarán las dirigidas a mejorarán la situación de barrios degradados, conjuntos históricos, centros urbanos y municipios rurales.

Con esta inversión, que ya ha sido preasignada a cada una de las comunidades autónomas, se prevé rehabilitar cerca de 40.000 viviendas y generar alrededor de 30.000 empleos

Quiero subrayar que la Comunidad de Madrid recibirá 12,2 millones de euros (la 4ª más beneficiada tras Andalucía, Cataluña y la C, Valenciana)

Para concluir con este apartado, quisiera destacar que estamos trabajando en un nuevo marco normativo de la rehabilitación y renovación urbana, que determine los criterios básicos para la regeneración integral de la ciudad desde sus diversas facetas, económica, social o urbanística, y que simplifique y coordine la dispersa normativa existente, y todo ello, naturalmente, con el más escrupuloso respeto a la distribución competencial que diseña nuestra Constitución.

Y antes de terminar, me parece imprescindible hacer una breve mención  a otra herramienta con que contamos para afrontar la política de vivienda, fuera del propio Plan de Vivienda, y que es, naturalmente, la movilización de suelo tanto público como privado con el fin de que la parálisis actual del sector no afecte a la construcción de vivienda protegida en el medio y largo plazo.

Así, por lo que respecta al suelo de la Administración general del Estado, hemos creado la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo, en la que se determinarán cuáles de los terrenos que poseen los otros ministerios son adecuados para la edificación de viviendas protegidas. De esta forma, podremos intensificar el proceso que se inició en la anterior legislatura y que dio como fruto la movilización de 23 millones de metros cuadrados. (faltan actuaciones concretas de Sepes)

Y por lo que respecta al ámbito privado, la Oferta Pública de Compra de Suelo realizada en los últimos meses por la Entidad pública SEPES, ha generado una amplia respuesta, con más de 33 ofertas recibidas desde toda España, por un importe total de 541 millones de euros, que supera por tanto el presupuesto previsto de 300 millones de euros. El desarrollo de estas actuaciones permitirá, una vez urbanizados los suelos, la construcción de 18.600 viviendas con algún tipo de protección, por parte de promotores públicos y privados, lo que supondrá una inversión adicional de unos 2.440 millones de euros y la creación de un gran número de empleos directos e indirectos.



IV. RECAPITULACIÓN



A lo largo de esta intervención he querido compartir con vosotros las líneas básicas de la acción política del Ministerio de Vivienda para los próximos años y, especialmente, para afrontar la difícil coyuntura en la estamos inmersos, encuadrando nuestra actuación sectorial en el marco general de la acción del Gobierno; y no sólo desde la perspectiva doméstica, sino también desde una visión más amplia que toma como referencia la actuación coordinada de la Unión Europea y de los EEUU.

El Gobierno lleva meses trabajando intensamente, diseñando y poniendo en práctica numerosas medidas de toda índole para superar la crisis. En este sentido ha puesto en marcha el PlanE, (que incluye medidas como el Fondo Estatal de Inversión Local, que con una dotación de 8.000 millones de euros generará 400.000 nuevos puestos de trabajo o la moratoria temporal parcial de las cuotas hipotecarias para los desempleados) con el que confiamos poner las bases para recuperar el crecimiento y la creación de empleo, reforzando, al mismo tiempo, la protección social.

Sin embargo, esta crisis debe ser algo más que un paréntesis. Y aunque tenemos la obligación de paliar sus dramáticas consecuencias sociales, debemos aprovechar la oportunidad que ofrece para fundar una nueva economía global. Una nueva economía que supere el paradigma fallido de la desregulación absoluta de los mercados del capital y del trabajo; una economía, en suma, más próxima a los ciudadanos, más participativa, social y solidaria, edificada sobre bases más justas, más igualitarias y más democráticas.

Es momento que la política reivindique su papel como la como motor del cambio social, es momento de que los poderes públicos intervengan activamente para corregir las debilidades del liberalismo económico más conservador,

Muchas gracias compañeros.

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